Nación

Sector privado continental condena captura del liderazgo del Cosep

Empresarios demandan la liberación inmediata de Michael Healy, Alvaro Vargas, José Adán Aguerri, y todos los presos políticos

Organizaciones nacionales y regionales del sector privado, desde Guatemala hasta Chile, se unieron a la condena continental por la detención del presidente y del vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, ocurridas la mañana de este jueves 21 de octubre.

La detención de ambos empresarios, productores y líderes gremiales, se suma a la captura de casi 150 reos políticos, la mayor parte de ellos en el contexto de la Rebelión de Abril, aunque la cercanía de un proceso electoral que Daniel Ortega estaba seguro de perder, le obligó a detener a todos sus adversarios políticos, junto a banqueros, periodistas, líderes sociales, campesinos y universitarios entre otros, a partir de mayo pasado.

Las acciones de la dictadura obligaron al Cosep, a variar su política según la cual, “Cada palabra comunica, y cada silencio también”, hecha pública el 17 de agosto pasado, al emitir sendos comunicados para informar y denunciar de la captura de ambos líderes.

Esta vez, la entidad gremial fue directa al afirmar que “estas acciones represivas del Gobierno, evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y sus principales dirigentes, lo cual no contribuye a la paz y la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos y tenemos, conforme a los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Nicaragua”.

Aparte del Cosep, la otra cámara que se pronunció fue la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, (Upanic) “a raíz de la detención arbitraria de nuestros dirigentes”, en referencia a Vargas (su presidente actual), y Healy, su expresidente.

“Por años, ambos se han destacado por su trabajo constante en pro del desarrollo y la sostenibilidad del sector agropecuario, siendo uno de los pilares que mantiene y dinamiza la economía de nuestro país, representando el 14% del PIB, el 60% de las exportaciones totales, y generando el 31% del empleo, además de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria”, recordó.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), también guardó silencio: ni su sitio web, ni su perfil en Facebook, ni sus cuentas de Twitter e Instagram, hicieron referencia alguna a las detenciones de Healy y Vargas.

Suéltenlos a todos

Si bien las organizaciones coincidieron en “condenar” y “denunciar” las capturas, y en “pedir” o “exigir” la liberación de Vargas y Healy, varias de ellas fueron más allá, al pedir que también se libere al resto de presos políticos; se garanticen los derechos consagrados en nuestra Constitución política, y que cese la represión.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hizo un llamado “a la comunidad internacional, para que una su voz en rechazo de las acciones adelantadas por el gobierno de Daniel Ortega en contra de los líderes empresariales de Nicaragua, y exija el restablecimiento de sus derechos humanos vulnerados”.

Asimismo, ratificó que “el ejercicio pleno de la democracia requiere el respeto irrestricto de todas las libertades, y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos”.

La gremial colombiana “lamenta profundamente el deterioro escalonado y sistemático de las libertades de asociación, ejercicio empresarial, expresión y movilización, de las personas que dirigen las organizaciones más representativas de los empresarios en Nicaragua, al igual que de líderes políticos y sociales”.

Policía detiene a Michael Healy
Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Cosep. Foto: Confidencial

Organizaciones de Chile, Honduras y El Salvador, entre otras, pidieron la liberación de todos los reos políticos, comenzando por José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, y de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, (Fedepricap), así como del Comité Consultivo de la Integración Centroamericana (CCIE).

Una de ellas fue la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), que expresó su “condena y rechazo ante la arbitraria detención” de Healy, actual presidente de Fedepricap, así como de Vargas, por considerar que “ambas detenciones, sumadas a la del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, son actos ilegítimos y atentatorios contra los derechos humanos y la dignidad de estos líderes empresariales”.

Todos ellos, en su calidad de representantes del sector privado, “desempeñan su rol con valentía y rectitud en defensa de los derechos y las libertades civiles y económicas”, dijo la entidad chilena.

No solo es Nicaragua: es la región

La salvadoreña Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), consideró que la captura de Vargas y Healy “se suma a la detención arbitraria de más de 135 días de José Adán Aguerri, ex presidente del Cosep, y otros presos políticos, de quienes también exigimos su liberación”.

Al comparar la situación que vive el sector privado salvadoreño con la del nicaragüense, ANEP “se une al rechazo de la comunidad internacional en contra de los abusos de poder y la persecución política en el hermano país, y condena toda pretensión de acallar voces críticas al gobierno -como empieza a experimentarse en El Salvador- lo que va contra los principios democráticos y constitucionales que aún nos rigen”.

“Los ataques a la libertad empresarial centroamericana amenazan al sector privado de toda la región, y con ello a la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos”, añadieron.

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), expuso situaciones similares, al exigir la liberación inmediata de los dos líderes encarcelados este miércoles, “así como la de José Adán Aguerri y los demás presos políticos a los que el gobierno de Nicaragua les ha negado su libertad sin fundamento”.

“Estos hechos van en contra del desarrollo del país, y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país, traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica”, valoró Fecaica.

Desde Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), condenó enérgicamente las detenciones ilegales de este miércoles, y la de José Adán Aguerri, a la vez que exigía “la liberación inmediata de estos líderes, y el respeto irrestricto de sus vidas, dignidad, y derechos humanos”.

Para Fedepricap, que ahora tiene presos a su presidente actual (Healy), así como a uno de los precedentes (Aguerri), “estas acciones causan una seria crisis en Nicaragua, que merece paz social, democracia, libertad y desarrollo. La seguridad, las garantías constitucionales y los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, deben ser respetados por el Gobierno”.

Son presos políticos: ¡suéltenlos!

El guatemalteco Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), condenó “este proceder que atenta contra los derechos del directivo y de su conductor Wilber Alvarado quién también fue capturado… pese a que Healy cuenta con medidas cautelares de la CIDH desde el 3 de agosto de 2018”.

Al otro lado de la frontera sur, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dio un paso más allá, al ponerle plazo para proceder a la liberación de Healy, Vargas, “y los otros presos políticos que han externado posiciones contrarias a las del actual gobierno en Nicaragua: antes del domingo 7 de noviembre”, fecha prevista para las votaciones en nuestro país.

“Para la Uccaep, lo que ocurra en Nicaragua y otros países de la región nos afecta a todos los habitantes del istmo, debido a la estrecha hermandad que nos une”.

Por ello, expresan que “privar la libertad de los empresarios y otros adversarios políticos, es un indicador que los procesos de diálogo y participación ciudadana están cerrados, por lo que se insta a las autoridades de ese país y a la sociedad, a que se abran las vías democráticas”.

También desde el cono sur, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), se solidarizó con el empresariado de Nicaragua ante las acciones del Gobierno contra Healy y Vargas, “quienes se encuentran privados de su libertad por motivos políticos”.

“Señalamos que el verdadero derecho del pueblo nicaragüense a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz es la libertad de expresión, contrario a las acciones arbitrarias que ejecuta el sistema de justicia controlado por Ortega en menoscabo de la democracia”, afirmaron.

En Quito, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (Fedin), dijo que rechazaba “las acciones ejecutadas en forma arbitraria por el Gobierno de Nicaragua, con el fin de coartar los derechos de empresarios y de la ciudadanía en general, lo que representa una amenaza contra la democracia, los derechos y garantías ciudadanas y empresariales de los nicaragüenses”.

Por su parte, la Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecagro), se solidarizó “con Michael, Álvaro y sus familias, ante este atropello a sus derechos individuales, que ponen en riesgo su vida, su libertad, y sus propiedades”.


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