23 de mayo 2020
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Tras meses de advertencia sobre cómo las próximas sanciones de Estados Unidos se dirigirían a “personas clave dentro del Ejército de Nicaragua” estas finalmente llegaron el 22 de mayo contra el mismo jefe del Ejército, general Julio César Avilés, junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Ambos funcionarios son representantes de “dos instituciones sensibles para cualquier Gobierno del mundo”, valora la socióloga e investigadora, Elvira Cuadra, por lo que estas son un nuevo mensaje “fuerte, directo y claro” para el régimen.
“Por un lado están sancionando a un funcionario que maneja todas las finanzas públicas y representa a Nicaragua ante organismos financieros internacionales; y a la vez sancionan al encargado de la soberanía y seguridad, completando las sanciones a todas las fuerzas represivas. Es un duro golpe de mesa”, añade.
El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones para Avilés y Acosta “por apoyar al corrupto régimen” de Ortega.
“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin al dar a conocer los dos nuevos sancionados, que forman ahora parte de la veintena de funcionarios y cinco empresas orteguistas sancionadas por Estados Unidos, entre ellos la esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y dos hijos de la pareja dictatorial: Rafael y Laureano Ortega Murillo.
Estas nuevas sanciones dan una idea sobre el mal rumbo que lleva el país, sobre todo con la “pésima respuesta” ante la pandemia de coronavirus, porque “ya nadie les cree sus promesas de cambio”, según la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez.
“Lo que le está diciendo Estados Unidos es que se acabaron las promesas en las que promete cambios, en las que habla de reformas electorales futuras, o excarcelación de presos políticos. Ya nadie les cree. Le están diciendo que actúa ya con la pandemia de covid-19 y restablece las libertades en Nicaragua o seguirán las sanciones”, explica.
Téllez destacó que la sanción contra Avilés demuestra que “tampoco le sirvieron sus campañas de lavada de cara queriendo desvincularse de la represión y de los asesinatos en el campo, ni su participación en operaciones contra cárteles de drogas” porque “ahora está metido en la lista de criminales del mundo”.
“Están liquidados en sus cargos”
Para Elvira Cuadra, el mensaje de estas “esperadas” nuevas sanciones, en particular la del jefe del Ejército que era exigida por gran parte de la población nicaragüense por “su falta de acción” ante la represión del régimen, es una “forma de presión” para la institución castrense.
“El Consejo Militar tendrá que valorar si deciden mantener el apoyo a Avilés y a Ortega, porque si lo hacen puede suceder igual que con la Policía Nacional que primero sancionaron a su director, después a mandos intermedios y como no hubo rectificación en su actuación, al final Estados Unidos sancionó a toda la institución”, afirmó.
Según Cuadra, están en juego la credibilidad de la institución, pero también la del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua, que maneja “un capital considerable”.
En la actualidad, el IPSM está dirigido por el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, quien rinde cuentas ante la Junta Directiva, que está encabezada por el jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, e integrada por militares y civiles, entre ellos el jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez; el inspector general, mayor general Marvin Corrales; el jefe de Personal y Cuadros, Bayardo Pulido; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván; y el director ejecutivo del INSS, Roberto López.
Aunque Avilés “no es la firma libradora”, forma parte junto a Acosta del IPSM y “es un mensaje bastante claro para los intereses económicos” militares, por lo que deberán ser apartados de sus cargos.
Téllez coincide en que estas sanciones promueven que ambos funcionarios deben ser cambiados o renunciar “porque están liquidados en sus cargos”.
“No pueden firmar nada con nadie, uno por andar buscando fondos a nivel internacional para el régimen para reprimir a la población, y otro porque no cumplió su función constitucional de desarticular fuerzas paramilitares y más bien las armó y puso el servicio de espionaje a servir al régimen”, insiste.
Las sanciones de Estados Unidos implican una “muerte financiera y civil”, porque estas personas quedan excluidas del sistema financiero mundial que castiga a las entidades que negocien o tengan relación ya sea de manera directa o indirecta con alguna persona en la lista de la OFAC.
“Estados Unidos apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense”, agrega el Departamento del Tesoro en su comunicado.
“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”, precisa la comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos.
Las sanciones también implican que “cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos también está bloqueada”.
“Nicaragua en la mira pese a pandemia”
El general en retiro, Hugo Torres, calificó de “gravísimo” el hecho que el Gobierno de Estados Unidos decidiera sancionar a dos funcionarios de alto nivel.
“No se anduvieron por las ramas, de una vez decidieron irse por la cabeza de la institución militar, lo que es sensible porque es quien está al mando del resguardo de la soberanía y seguridad del país. Pero ellos deben de tener la suficiente información y evidencias sobre las violaciones de derechos humanos para emitir esta sanción”, explica.
“Estas sanciones son un mensaje serio a Daniel Ortega, para que no crea que aunque el mundo esté atento al coronavirus, Estados Unidos sigue pendiente de lo que ocurre en Nicaragua”, precisa.
Hace quince días, la Unión Europea (UE) sancionó por su parte a seis altos funcionarios del régimen orteguista, entre ellos el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, otro de los funcionarios a cargo del brazo represor de la dictadura. Además, antes Canadá sancionó a nueve de esa veintena.
Torres estima que a lo interno del Ejército debe haber “mucho debate” y valorar “porque todavía están a tiempo de no dejar que se arrastre a la institución a las violaciones y crímenes de la dictadura”.
“En aras del decoro, de la altura que debe tener un cargo tan sensible el general (Julio César Avilés) debería renunciar para no asociar sus acusaciones particulares, contra la institución”, afirma.
Sobre la sanción para Acosta
Por otra parte, el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que el actual ministro de Hacienda, Iván Acosta, “ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.
Acosta es el representante de Nicaragua ante el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y tendrá que ser sustituido en esos cargos.
Además, agregan que “Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.
Para el exministro de Hacienda Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica, estas sanciones constituyen “un contundente golpe” para la dictadura para quienes han actuado como instrumentos del aparato represor.
“Nos demuestra la determinación de Estados Unidos para poner la máxima presión para los cambios que requiere Nicaragua que empiezan por una profunda reforma política, elecciones limpias y la restitución de derechos de los ciudadanos”, explica.
Arana señala que es un mensaje claro de que “debe haber una salida política” a la crisis que vive Nicaragua y que “dejemos el letargo que solo ha profundizado la crisis”.
“Daniel Ortega ha jugado la carta de ganar tiempo, debemos seguir exigiendo su salida por su ilegitimidad, su incapacidad para gobernar y exigir la búsqueda de una transición hacia la democracia”, expresa.
La razón de las sanciones a Avilés
Sobre la sanción al general Avilés, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumenta que “está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapolíticas” durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018.
“Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, agrega el Gobierno de Estados Unidos.
Recientemente, a dos años de su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que el Estado de Nicaragua “incumple recomendación de desmantelar fuerzas parapoliciales o civiles armados que siguen atacando, vigilando y amenazando a personas opositoras”.
Avilés fue entronizado como jefe del Ejército de Nicaragua el pasado 21 de febrero, al ser prorrogado por segunda ocasión en su cargo por cinco años más. Desde su retorno al poder, en 2007, Ortega ha sido señalado de someter a la Policía y al Ejército a su poder político autoritario.
Desde hace diez años la sucesión militar está pausada. En especial cuando en 2013 Avilés quitó de la línea al mayor general Óscar Balladares, exjefe del Estado Mayor, y quien era el número dos del Ejército y sería en 2015 su sucesor natural en el cargo.
En medio de las denuncias de “ejecuciones selectivas” de opositores en el campo, el jefe del Ejército de Nicaragua desconoció, en julio del año pasado, la existencia de grupos de civiles armados, que han operado de forma conjunta con la Policía, al margen de la ley, desde abril de 2018 para reprimir de forma violenta la protesta cívica.
“Bajo ningún punto de vista aceptamos ese concepto de fuerzas paramilitares”, dijo el general Avilés en una conferencia de prensa ante medios oficialistas en la primera vez que hizo referencia a las críticas por la inacción de la institución castrense para desarmar a estos grupos, tal como le manda la Constitución Política.
Los grupos paramilitares surgieron después de las protestas de abril, durante los meses de junio y julio, cuando el régimen organizó la llamada “Operación Limpieza” para desmontar los tranques y barricadas rebeldes en todo el país. Los grupos paramilitares se coordinaron con las tropas de operaciones especiales de la policía, para masacrar barrios de distintas ciudades, particularmente en Masaya y Carazo.
Con estas declaraciones, Avilés se alineaba a la postura del régimen Ortega-Murillo que primero negó a los paramilitares que asesinan gritando la consigna de “el comandante se queda”, y luego los oficializó “como policías voluntarios”.
Avilés alegó en ese momento que el Ejército ha sido víctima de una “brutal campaña de desprestigio”, así como la dictadura afirma que fue víctima de “un intento golpe de Estado”, pese a las pruebas que le achacan la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Pendientes del mal manejo de la pandemia”
La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, informó este 22 de mayo que han concluido la preparación de un “informe” dirigido al pueblo de Nicaragua y al mundo sobre la estrategia que han tomado para combatir el covid-19.
“Un libro blanco completo que se va a presentar en los próximos días a nuestro pueblo y al mundo. Ahí no solo se caracterizan y se describen todos los esfuerzos que hacemos, sino que además va detallado nuestro modelo”, manifestó en su alocución a medios oficialistas.
Un artículo publicado por la firma internacional Deloitte detalla que los libros blancos son utilizados por los Gobiernos para hacer “constar las acciones y resultados obtenidos más destacados de un programa, proyecto o asunto relevante y trascendente”. Durante la Rebelión de Abril, el régimen también presentó un libro blanco detallando su versión de los hechos ocurridos en el 2018, pero básicamente se dedicaron a imponer su propia realidad y a ocultar la masacre contra manifestantes.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó esta misma semana su preocupación ante la situación del covid-19 en Nicaragua y denunció que la pandemia en el país “es más severa de la que el régimen realmente reconoce”.
“Estamos preocupados por numerosos informes creíbles de que los hospitales están llenándose y cuerpos están siendo enterrados a escondidas por las noches, es una situación más severa de la que el régimen realmente reconoce”, manifestó el alto diplomático del Gobierno de Donald Trump en conferencia de prensa.
El comandante sandinista, Daniel Ortega, aprovechó la Cumbre Virtual del Movimiento de Países No Alineados, el pasado cuatro de mayo, para insistir al Gobierno de Estados Unidos que levante las sanciones contra Nicaragua, Cuba y Venezuela, a la vez que lo acusó de “terrorista” porque “sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta”.
“Que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas. Eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar y estaríamos en mejores condiciones para entonces asumir los retos que tiene la humanidad”, dijo Ortega, desde su oficina y vivienda en El Carmen, en referencia a la criticada respuesta de su Gobierno a la pandemia de covid-19.
Para Téllez las sanciones también son un “campanazo de alerta” sobre la mala gestión del régimen ante la crisis sanitaria mundial y ese discurso de Ortega solo hará que “coseche más sanciones”.
“El debate ya no es solo la represión de los Ortega-Murillo contra los manifestantes, ahora están atentando contra la vida de la totalidad de todos los nicaragüenses, incluyendo sus seguidores”, detalla la exguerrillera sandinista.
