10 de mayo 2019
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A pesar de estar recluida y ser maltratada durante casi nueve meses en la cárcel de mujeres La Esperanza, Nelly Roque Ordóñez, presa política excarcelada, continúa protestando contra la dictadura orteguista y exigiendo la liberación total y plena de los reos de conciencia que siguen en prisión.
“Mis hermanas y hermanos siguen encerrados y no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo estuve todo este tiempo y sé que un día más en ese lugar no lo aguantan. Lo que me toca a mí es seguir haciendo presión aquí afuera, salir y exigir libertad, no solo para ellos, sino para todos los nicaragüenses, para mi hija, que es víctima de este régimen”, argumenta Roque Ordóñez, quien fue capturada ilegalmente por paramilitares el 26 de junio de 2018, en Matagalpa, y excarcelada el 15 de marzo de 2019, después de ser condenada a 38 años y medio de cárcel, por los supuestos delitos de terrorismo y crimen organizado.
En un piquete días después
Antes de ser secuestrada, Nelly formó parte del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa. El día después de ser excarcelada, la visitaron otros autoconvocados para invitarla a participar en un piquete exprés.
“Fui al piquete que se realizó al día siguiente. Las personas se animaron bastante cuando me vieron. Yo sigo protestando, participando en piquetes exprés y otras actividades que son cívicas y que no dañan a nadie. Ver nuevas caras, de muchachos que no conocía, me animó mucho y me sentí orgullosa de ver esa iniciativa que tienen de seguir protestando y salir a las calles. Fueron sentimientos encontrados, porque sé que en la cárcel, cuando se dan cuenta que hay marchas o estas actividades, hay mucha alegría. Todo esto nos da un poco de energía para seguir en la lucha y resistiendo”, comparte.
El pasado 19 de abril, Nelly también participó en las festividades religiosas de su ciudad y aprovechó para concientizar a otros ciudadanos sobre la urgencia de la liberación de los presos políticos. En el atrio de la iglesia, un grupo tiró globos azul y blanco y gritó algunas consignas de libertad. Luego, durante la procesión, nuevamente arrojaron chimbombas y papelillos con los colores patrios.
Las acciones no pasaron inadvertidas para agentes de la Policía Nacional y paramilitares, que persiguieron a Roque Ordóñez hasta un supermercado, con la intención de recapturarla y llevarla a la estación policial de Matagalpa.
Los policías y paramilitares no lo lograron. Varios ciudadanos la protegieron y consiguieron que los armados se retiraran del lugar. Sin embargo, a raíz de ese hecho, el asedio y la persecución en su contra se han incrementado. En las redes sociales también han circulado amenazas de muerte por “no aprender la lección”.
“El asedio es todos los días. A veces solo paso encerrada en mi casa, me siento más vulnerable. Los paramilitares siempre pasan frente a la casa, la Policía, le toman fotos. Si alguien viene a visitarme en un vehículo, le toman fotos al carro”, cuenta Roque Ordóñez, quien a pesar de todo asegura que no ha pensado en dejar de protestar y que no tiene miedo de regresar a La Esperanza.
“Sigo en resistencia. Sé que los presos políticos quieren que sigamos resistiendo y luchando”, afirma.
“No hablés en contra del Gobierno”
Yaritza Mairena también fue excarcelada el 15 de marzo, y al día siguiente de su salida participó en una marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, en Managua, que terminó con la detención de unos 160 manifestantes, liberados diez horas después. Mairena dice que asistió porque tenía muchas ganas de exigir la libertad de los demás presos políticos.
“Me sentía alegre, feliz de que la gente continuara yendo a las calles. Yo salí con ánimos de luchar, por eso fui a marchar el 16 de marzo, porque sentí que debía estar con la gente, tenía la responsabilidad de estar comprometida con libertad y democracia en Nicaragua”, comenta.
El nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag junto a la presas políticas Irlanda Jerez, Lucia Pineda Ubau, Irlanda Jerez, María Adilia Peralta Cerrato, Amaya Eva Coppens Zamora y Nelly Marilly Roque Ordoñez. Foto: Tomada de Internet
Días después, y tras brindar varias entrevistas a medios de comunicación independientes, el juez encargado de dictar las medidas cautelares por las que debía regirse de ahora en adelante, le dio un consejo. “Le dijo que no estuviera en marchas o manifestaciones, que no hablara en contra del Gobierno, porque si le orientaban hacer un cambio de medida, él lo iba a hacer”, explica Karla Sequeira, abogada defensora de Yaritza.
La joven continuó en protestas y se integró al Consejo Político de la Unidad Nacional. En la siguiente audiencia, el juez le notificó que su régimen de convivencia familiar había cambiado a arresto domiciliar.
“Es más restringido, tengo que ir a firmar cada mes, tengo retención migratoria, no puedo moverme por todo el territorio, solo en Managua. Mi abogada me dijo que no podía salir de mi casa”, relató Mairena, quien considera que esta medida cautelar es una advertencia de la dictadura por su continua resistencia y presencia en piquetes y acciones de protesta. De manera tal que aún fuera de prisión, permanece como rehén de la dictadura.
Vigilancia e intimidación
A su compañero Levis Artola Rugama, excarcelado el mismo 15 de marzo, y también acusado por los supuestos delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, obstaculización de servicios públicos y portación ilegal de armas, le ocurrió lo mismo.
“Fue por nuestra participación activa, fue una advertencia para que no sigamos denunciando y participando de estos espacios en la Unidad”, denuncia Mairena.
“Noventa días es demasiado”, reclama Levis Artola sobre el tiempo para liberar a los presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial.
Sin embargo, sostiene que continuará protestando y exigiendo la liberación de los demás reos de conciencia, aunque ha incrementado la vigilancia y asedio de la Policía y paramilitares, no solo a ella, sino a los demás excarcelados de la dictadura que tienen este mismo deseo.
“Tenemos un asedio constante que es dirigido a los excarcelados que estamos en resistencia. Ha habido persecución, a los chavalos los han perseguido en camionetas, los han amenazado directamente de muerte, han llegado a pintar sus casas, han circulado listas de prisioneros políticos que supuestamente están en manos de los paramilitares. El caso de los excarcelados de Masaya es de los más graves, pues los policías y paramilitares entran a las casas a revisar y les piden el teléfono. Todo esto crea temor y es parte de la tortura sicológica que dirigen porque estamos protestando”, reclama Mairena, quien también es vocera de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN).
La joven señala que la mayoría de los doscientos presos políticos excarcelados han denunciado acoso policial o de las estructuras del Gobierno. Otros han decidido mantener un perfil bajo, aunque la vigilancia igual permanece. “Siempre vigilan nuestras casas, sabés que están ahí, el Gobierno no descuida este aspecto”, precisa.
Regresar a la cárcel
Entre el 27 de febrero y el 16 de abril, al menos 240 presos políticos han sido excarcelados bajo régimen de convivencia familiar y arresto domiciliar. Los abogados de los reos de conciencia han manifestado que sus defendidos nunca debieron recibir un cambio de régimen carcelario, sino la libertad total, pues han sido acusados por delitos que no han cometido y sometidos a procesos con múltiples irregularidades.
Carlos Herrera | Confidencial
Karla Sequeira, abogada de presos políticos, destaca que el cambio de las medidas no es sinónimo de libertad. A juicio de la defensora, este cambio es antojadizo mantiene a los presos políticos como fichas de cambio.
“La diferencia entre el régimen de convivencia familiar y el arresto domiciliar, es que en el primero el ciudadano ejerce las mismas acciones (antes de su detención) de manera cotidiana. Y en el segundo caso, la persona en teoría no puede salir de su casa, a menos que tenga una cita con su abogado”, explicó la abogada.
Para los defensores, los presos políticos excarcelados no tienen ninguna garantía de que se les respeten sus derechos, pues el Gobierno ha mantenido el asedio y la persecución en la mayoría de los casos.
“La verdad es que, en cualquier momento, el Gobierno puede decidir que los excarcelados regresen a las celdas y puede suceder. El otro problema está en que los que ya ‘salieron’, las autoridades conocen sus casas, quiénes son sus familiares, con quién conviven, y esto pone en riesgo a las personas que tienen algún tipo relación con ellos”, señala.
Acoso policial
A pesar del riesgo latente de regresar a prisión, los excarcelados entrevistados por CONFIDENCIAL, afirman que no dejarán de exigir la salida de sus compañeros y de manifestarse pidiendo la renuncia del dictador.
Policía asedia plantón contra el Gobierno de Daniel Ortega, el 17 de abril de 2019, en Managua. // Foto: EFE
Patricia Sánchez, presa política excarcelada, condenada junto a su hermana a seis años de prisión por supuesta portación ilegal de armas, tenencia de explosivos y elaboración de bombas químicas y radioactivas, también reafirma su resistencia, pese a los riesgos que implica y el asedio continuo que ha sufrido de parte de la Policía Nacional.
Patricia y su hermana fueron excarceladas el 27 de febrero. Ella se reintegró a las protestas ciudadanas quince días después de haber recibido el régimen de convivencia familiar. Aunque lo hizo con un bajo perfil, los militantes sandinistas denunciaron a las autoridades policiales su participación en los piquetes y demás actividades pacíficas.
“Después de eso, se presentó la Policía a mi casa. Entraron hasta la sala alegando que ellos tenían que redactar un acta breve constando que nosotras estábamos en la casa. El policía, que había venido en ocasiones anteriores, me preguntó si habíamos salido, mi hermana le dijo que no, pero él respondió que tenía fotos de que habíamos salido. Yo me levanté y me fui al último cuarto de mi casa para evitar exaltarme. Luego se fueron, pero siempre pasan por la noche, se quedan apostados frente a la casa, a la orilla”, relata.
