19 de febrero 2019
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El juez Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, programó el juicio para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau para el próximo 18 de marzo a las 09.00 horas (15.00 GMT).
Además, solicitó al departamento de evidencias de la Policía Nacional que lleve al juicio cinco discos compactos que contienen material audiovisual donde supuestamente los periodistas incitan al odio a través del Canal 100 % Noticias.
Julio Montenegro, abogado de ambos comunicadores, insistió en que la acusación contra ambos periodistas "carece de fundamentos" y argumentó que "no se puede acusar a una persona por ejercer el libre ejercicio de informar".
Miguel Mora, director y propietario del canal de televisión 100 % Noticias, y su jefa de prensa, Lucía Pineda, están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento del canal, y enfrentan cargos por "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".
El mismo día del allanamiento al canal 100 % Noticias el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.
La ocupación de la sede de 100 % Noticias tuvo lugar el mismo día en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un ente tutelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
Por ese caso, el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, también emitió una orden de captura en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista político Jaime Arellano, quienes transmitían programas en 100 % Noticias y se marcharon al exilio.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
