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Reo político de Ometepe fallecerá en prisión “si no lo atienden”

Justo Emilio Rodríguez, de 69 años, no puede caminar ni quiere comer, y custodios no lo asisten, según familiares y defensores de derechos humanos

Defensores de derechos humanos en Nicaragua aseguraron que la vida del preso político Justo Emilio Rodríguez, de 69 años, corre peligro en una cárcel del país debido a que no recibe atención médica pese a padecer de enfermedades crónicas.

“El preso político Justo Emilio Rodríguez se encuentra grave. No puede ni caminar por sí solo, y puede fallecer en cualquier momento”, informó la defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez, quien dijo haber recibido la información de otros opositores en prisión.

El abogado defensor de Rodríguez, Eber Acevedo, confirmó que el reo se encuentra delicado de salud, sin recibir ninguna atención médica en la cárcel “La Modelo”, ubicada a 25 kilómetros al norte de Managua.

Según Acevedo, Rodríguez, además de sufrir hipertensión crónica y problemas en el corazón, tiene afectaciones psicológicas. “Hemos pedido una valoración psicológica (porque) se comporta como un niño. Prácticamente no está dentro de sus cabales”, explicó.

Inmóvil en celda

La hermana del convicto, Emérita Rodríguez, confirmó que, a través de otros reos, supo que su familiar sufre inmovilidad y otro padecimiento que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional o Cárcel Modelo se niegan a informar.

“Quisiera saber lo que tiene mi hermano, no quisieron dar información, quisiera verlo, saber qué tiene para traerle medicamento. La información es que está grave, que no se levanta, que no quiere comer, que es poco el tiempo que le hace falta para morir”, detalló la mujer.

Tanto la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), coincidieron en exigir a las autoridades que brinden atención médica a Rodríguez y lo saquen de prisión, así como en responsabilizar al Gobierno del presidente Daniel Ortega por lo que ocurra con el reo.

Rodríguez fue capturado el 19 de abril pasado, junto con otras seis personas, en una operación policial que los defensores de derechos humanos califican de ilegal, porque los reos no tenían acusaciones en su contra ni estaban cometiendo delitos.

El grupo, originario de la Isla de Ometepe, en el Gran Lago de Nicaragua, es acusado por la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo, lesiones graves, daños agravados, robo, y obstrucción de funciones, que para los defensores humanitarios se trata de una represalia por haber mostrado rechazo hacia el Gobierno de Ortega.

Más de 100 presos políticos

De acuerdo con el grupo Monitoreo Azul y Blanco, que registra los arrestos fuera de las normas legales, cerca de 100 personas se encuentran en las cárceles de Nicaragua en calidad de presos políticos.

Arrestos como los que denuncian los activistas de derechos humanos se hicieron frecuentes a partir de abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses se alzaron contra Ortega, en manifestaciones que fueron reducidas con ataques armados, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Suiza, así como la Unión Europea, han impuesto sanciones económicas a más de 20 funcionarios, familiares, allegados y empresas relacionadas con Ortega, por violaciones a los derechos humanos, que en algunos casos incluye impedimento del acceso a la salud.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han denunciado que en Nicaragua se practican torturas, ejecuciones selectivas, agresiones sexuales, entre otras violaciones a los derechos de las personas.


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