18 de noviembre 2018
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Parecer sandinista o intentar ser apolítico ya no es suficiente para el régimen orteguista, que en los últimos meses ha ahondado en la partidarización de la justicia nicaragüense. Jueces, defensores públicos y fiscales han sido despedidos u obligados a renunciar, para que sus cargos sean ocupados por empleados de inclaudicable lealtad rojinegra.
Carmen Merlo se define como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero de nada le sirvió para conservar su puesto como juez de Distrito Penal de Juicios de Bluefields. Ella fue destituida el pasado 23 de octubre, tras 17 años como funcionaria del sistema judicial. La excusa: la queja de una ciudadana en su contra. Sin embargo, la profesional cree que el verdadero motivo está en su familia.
Merlo es la abuela de Brandon Cristofer Lovo Teyler, de 18 años, quien fue condenado a 23 años de cárcel por el asesinato del periodista Ángel Gahona, quien murió el pasado 21 de abril de un disparo en la cabeza, mientras le daba cobertura a las protestas cívicas en Bluefields. El joven fue sentenciado junto a Glen Slate, de 21 años, pero a este se le impuso una pena de 12 años porque presuntamente él solo era el dueño del arma hechiza con la que se cometió el crimen.
“Mi caso está en revisión y estoy a la espera de una respuesta definitiva. La persona que supuestamente se quejó de mí, dice que ‘no lo hizo’. Tal vez todo está relacionado con el caso de mi nieto y de mi hija”, comentó Merlo. Connie Teyler, mamá de Brandon e hija de la juez, se encuentra en el exilo tras recibir amenazas porque reclamaba la inocencia de Lovo.
En Bluefields, también fue despedido a mediados de octubre el juez de Distrito Penal de Audiencias, Martín Henríquez Sotelo, que desempeñó ese cargo por más de una década. Una semana después, fue despedida su esposa Aniel Yaritza Rodríguez Coulson, quien laboraba en el Juzgado de la Familia de la misma ciudad, según medios locales. CONFIDENCIAL intentó entrevistar al exjuez, pero este se negó por “recomendación” de su familia.
Fiscales obligados a acusar
El caso de estos jueces se repite en otros juzgados del país y en otras dependencias del sistema judicial nicaragüense, como la Defensoría Pública y la Fiscalía, que pese a ser un ente independiente no está exento de las presiones del régimen.
La “orteguización” del Ministerio Público se inició con el nombramiento en 2014 de la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa, de tendencia sandinista, según un exfiscal, que solicitó no mencionar su nombre para evitar represalias. Sin embargo, en los últimos seis meses se ha profundizado la partidarización, ya que existe una orden tácita de incriminar a los ciudadanos detenidos en el contexto de las manifestaciones contra el régimen.
Al menos 315 ciudadanos han sido o son procesados por la justicia orteguista, que los acusa de terrorismo y otros delitos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) representa a 155, de los que 34 han sido condenados, 13 ya están en Apelaciones y el resto está a la espera de la notificación de sentencia.
La CPDH calcula en más de 600 los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza 552 personas presas, entre ellos 507 hombres, 40 mujeres y 3 mujeres transexuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) reducen la cifra a 400. Mientras el Gobierno solo reconoce a 273 detenidos, que califica de “delincuentes”.
Desde el inicio de la crisis, en abril pasado, más de una veintena de fiscales han renunciado por estar en contra del endurecimiento de la línea orteguista, aunque aducen motivos personales, según el exfiscal. “Otros se mantienen en los puestos, pero tienen que aguantar demociones o estar bajo la vigilancia de los compañeros sandinistas”, añadió.
Desde que asumió Guido, en abril de 2014, casi un centenar de funcionarios de la Fiscalía han renunciado porque no quieren ser parte de la “persecución” contra opositores al régimen. Guido, comisionada general en retiro, es una de las asiduas participantes de las actividades populares del FSLN.
Inútil Consejo de Carrera Judicial
Para Alejandro Aguilar Altamirano, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Americana (UAM), el despido fulminante de jueces demuestra que hay “un funcionamiento altamente centralizado, jerarquizado y politizado del sistema de justicia”.
Las sanciones, ascensos, traslados y despidos de jueces está centralizado en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo constituyen cuatro magistrados, que no forman ninguna sala, sino que trabajan por la administración del sistema.
Aguilar criticó al Consejo de Carrera Judicial porque no se ha pronunciado sobre el caso de los jueces despedidos, sin mayores explicaciones. “Qué tipo de Consejo de Administración es ese, que simplemente desecha a su personal sin buscar como darle una oportunidad. Parece que ahí (la política) es córreme a fulanito y se va; trasládame a este de aquí para allá. Lo que está ocurriendo ahora es que un juez hace algo que no agrada y se va a la calle”, manifestó el jurista.
El Consejo Nacional de Administración es integrado por los magistrados Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ; Marvin Aguilar García, vicepresidente de la CSJ; Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón. Los tres primeros son de tendencia sandinista y el último es liberal.
“Es inaudito que algo que se llama Consejo de Administración no tenga ninguna representación de las otras instancias del Poder Judicial —Tribunales de Apelaciones, la Defensoría Pública y los jueces de distritos—. Es súper excluyente”, dijo Aguilar, quien agregó: “Lo único que estás haciendo es reforzando el poder de la CSJ y de los magistrados, pero no estás abriendo el juego a nuevas voces y visiones de los distintos estamentos del sistema”.
TAM criminaliza también las protestas
La partidarización del sistema judicial no se limita a despedir funcionarios neutrales por otros de línea sandinista. El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) es señalado por algunos abogados defensores de mantener la criminalización de las protestas cívicas contra el régimen, por lo que no esperan resoluciones favorables para sus clientes, pese a que existen las pruebas para revertir las sentencias.
El preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón fue condenado en octubre pasado a 22 años de prisión por asesinato y nueve meses más por portación ilegal de armas. Su juicio estuvo plagado de vicios e inconsistencias, según su abogado defensor Róger Alvarado, por lo que “legalmente” esperarían una anulación del proceso de parte del TAM.
“Esperaríamos en un Estado de derecho que el Tribunal de Apelaciones revoque la sentencia porque no se demostró el hecho. O que, por lo menos, anulen el juicio porque se violentó el debido proceso”, dijo el abogado.
Navarrete fue detenido por paramilitares y no por agentes de la Policía Nacional. Los testigos se contradijeron en el tipo de arma que supuestamente utilizó el procesado para disparar contra la víctima —un joven que andaba con las turbas sandinistas atacando los tranques en los barrios orientales de Managua—. La juez Rosario Peralta, titular del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, se negó a que el acusado fuera evaluado por un psiquiatra del Instituto de Medicina Legal. Estas circunstancias, según Alvarado, hacen “injusta” la sentencia.
“Todos se cuadran”
Para el exprocurador Alberto Novoa, las decisiones del TAM responden a una agenda política, lo que hace difícil que los recurrentes obtengan una respuesta satisfactoria o apegada a Derecho.
“El Tribunal está politizado totalmente. Cuando el pacto estaba vivo, a inicios del 2000, una sala estaba compuesta por dos magistrados liberales y uno sandinista, en la otra eran dos sandinistas y uno liberal, ahora todos se cuadran, aún los llamados liberales”, cuestionó Novoa.
“Muy poco se puede hacer ahí (TAM), ese campo de batalla está limitado por la propia ley y las actuales circunstancias. Únicamente lo que uno hace es señalar, se violó tal norma, ya sea de fondo o de procedimiento”, manifestó el exprocurador.
Tortuguismo en el Tribunal
Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH, indicó que los casos en el TAM enfrentan también un “tortuguismo”, ya sea que los magistrados retrasan sus resoluciones o bien se toman más tiempo para dar las audiencias.
Los abogados de Glen Slate y Brandon Lovo —condenados por el asesinato de Gahona— denunciaron en medios locales que tienen casi tres meses esperando que el TAM los llame a audiencia.
El artículo 383 del Código Procesal Penal ordena que “el tribunal (de apelaciones) competente convocará, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la recepción (del escrito de apelación), a audiencia oral para que las partes comparezcan y fundamenten su recurso y su contestación mediante la expresión de los argumentos que consideren oportunos”. Sin embargo, el TAM no cumple esos tiempos.
Alvarado indicó que el caso de su defendido está en tramitación. “La ley dice que tienen seis días para recibirme en una audiencia, pero eso no sucederá. Espero no se tomen meses, como lo hacen con otros casos”.
