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Relator de la ONU llama a Ortega a respetar el derecho a la reunión pacífica en el contexto electoral

Relator de Naciones Unidas y presidenta de la CIDH advierten sobre el impacto negativo que tendrá la restricción de los derechos políticos

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, llamó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a “garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica” en la antesala de la convocatoria a elecciones generales y a dos años y medio de la prohibición de toda clase de manifestación opositora.

Voule expresó, en una entrevista con el Instituto Raza e Igualdad, que las restricciones impuestas por el régimen, desde septiembre de 2018, “están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo”.

A juicio del relator “es fundamental” mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues “estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas”. Esto “es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021”, advirtió.

Asimismo, Voule manifestó su intención de visitar Nicaragua una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por la covid-19, para conocer “de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan”.

También, el relato señaló que continuará apelando al Gobierno para que suspenda la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, ya que ambas leyes impactan de forma negativa en el derecho a la libertad de asociación, y  provocaron el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ellas.

“Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno”, precisó el Voule. “Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos.  Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica”, agregó.

Derechos políticos deben ser respetados

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, apuntó que este año electoral en Nicaragua será “previsiblemente difícil” luego de las leyes dictadas entre fines del año pasado y comienzos de este. “Estaremos muy pendientes del día a día y muy preparados para denunciar públicamente las violaciones de derechos y tomar medidas de protección cuando corresponda”, subrayó en entrevista con el Instituto Raza e Igualdad.

Urrejola recordó que la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el año pasado una resolución en la que demanda reformas electorales necesarias para la realización de elecciones “libres y justas” en Nicaragua. La CIDH, por su parte, señaló a inicios de 2018 “la falta de independencia y neutralidad del Consejo Supremo Electoral como uno de los factores que inciden en la situación en Nicaragua”, dijo.

“La CIDH no ha sido ajena a estos asuntos y estará muy atenta a los desenvolvimientos de este año de elecciones, porque existen también estándares de derechos humanos que deben ser respetados en materia de derechos políticos. Esa sigue siendo una materia en que el Estado de Nicaragua debe realizar modificaciones institucionales para asegurar elecciones libres y justas”, explicó Urrejola.

La presidenta de la CIDH también indicó que continuará promoviendo los derechos humanos en el país, “la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”, agregó.

Denuncian persecución

Mientras tanto, las defensoras de derechos humanos Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan); denunciaron que el régimen de Ortega, sin presentar pruebas, ha acusado a las ONG de conspiración contra el Estado y formalizado barreras administrativas y burocráticas en contra de ellas.

Sierra valoró que la legislación vigente en Nicaragua tiene como objetivo “crear un ambiente extremadamente restrictivo para la labor de defensa de los derechos humanos, reduciendo significativamente sus actividades, y acentuando el estado de terror ya existente en el país”.  En diciembre del año 2018, el Cenidh sufrió la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica, y el despojo de sus bienes.

Por su parte, Cunningham señaló que, si bien la cancelación de las personerías jurídicas ha sido la expresión más visible de violación a la libertad de asociación, “también se han denunciado otras disposiciones y acciones negligentes que han reducido los márgenes de operación de estas organizaciones”.

“(Las organizaciones) se han visto imposibilitadas de acceder a la documentación  necesaria como consecuencia del retraso infundado por parte de las autoridades estatales de emitir las constancias correspondientes (…) Posteriormente imponen multas que generan un mayor gasto de dinero para las asociaciones”, denunció la defensora.

 



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