20 de mayo 2022
AA
Un año después del segundo asalto policial a las oficinas de CONFIDENCIAL el 20 de mayo de 2021, que marcó el inicio de la escalada represiva con la que Daniel Ortega eliminó la competencia electoral al ejecutar detenciones arbitrarias y procesos judiciales espurios, contra más de 40 líderes políticos y cívicos, el periodismo nicaragüense es una referencia consolidada de la resistencia de la prensa independiente ante el poder en América Latina, afirman expertos consultados.
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), valoró que el trabajo de la prensa independiente evidencia su compromiso honesto con la situación que atraviesa la sociedad nicaragüense, inmersa en una tormentosa crisis desde 2018 cuando el régimen reprimió con brutalidad las protestas de opositores que demandaron su dimisión, causando más de 350 muertos.
“CONFIDENCIAL es un bastión de la resiliencia, un ejemplo de la terquedad al no caer en el silencio”, dijo Vaca vía telefónica desde Perú.
En diciembre de 2018, en el marco de la represión estatal contra los ciudadanos iniciada en abril de ese año, el régimen ocupó por la fuerza la redacción del medio y forzó a su primer exilio a su director Carlos Fernando Chamorro Barrios para evitar una detención ilegal, hasta que en febrero de 2021 confiscó ilegalmente la redacción y la entregó al Ministerio de Salud para inaugurar una “casa materna” para la supuesta atención de mujeres embarazadas.
“El esfuerzo de persistir en el periodismo, de aportar información de calidad, en tiempos donde los espacios para la participación cívica están deliberadamente cerrados es para mí una labor heroica, que no solo le habla al presente de Nicaragua, sino que también al futuro al que no se puede renunciar: la reconstrucción del Estado de derecho, con frenos y contrapesos donde haya garantías plenas a una deliberación democrática abierta, diversa e incluyente”, indicó Vaca.
El relator de la OEA dijo que la relación de las autoridades nicaragüenses con el periodismo es de “deliberado atropello” y explicó que para hacerlo el poder se ha valido de su influencia institucional, la modificación de normas si es necesario y la fuerza.
Luis Botello, vicepresidente adjunto de Impacto Global y Estrategia del International Center For Journalists (ICFJ) aseguró que la persecución a la prensa nicaragüense es una de las peores en la región, comparable con la realizada en Cuba. Destacó que el país ha experimentado un deterioro considerable del sistema democrático a partir de 2018.
Botello calificó como crucial la labor realizada por los periodistas, entre ellos el trabajo del equipo de CONFIDENCIAL. “Sin el trabajo de la prensa independiente tal vez hubiéramos tenido más presos políticos, se hubieran dado muchas más muertes en el país, sin ese trabajo mucho de los crímenes y abusos de derechos humanos no hubieran sido documentados y no hubiera la esperanza de ver algún día justicia y el fin de la impunidad”, agregó Botello.
La dignidad del productor Leonel Gutiérrez
En mayo de 2021, cuando la Policía realizó el segundo allanamiento, el régimen de Ortega detuvo arbitrariamente durante siete horas al productor Leonel Gutiérrez, de 62 años, quien “simbolizó la dignidad del periodismo nacional” cuando fue interrogado por los detectives sobre las fuentes que consultamos.
Chamorro Barrios denunció el nuevo abuso policial en el programa CONFIDENCIAL RADIO, exigió la libertad del productor y dijo que el régimen con sus actuaciones de fuerza no lograría “confiscar la verdad ni el periodismo”.
Gutiérrez resistió las presiones y siguió realizando su trabajo profesional. En agosto de 2021, sorpresivamente falleció tras complicaciones por un cáncer.
Con la toma de las nuevas oficinas de CONFIDENCIAL inició también la “judicialización” del periodismo independiente, a partir de la fabricación de un caso por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que promovió la libertad de expresión y la capacitación de periodistas desde su fundación en 1998.
El segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de Esta Semana y CONFIDENCIAL, ejecutado por la Policía orteguista, marcó la pauta de una nueva escalada represiva y de criminalización contra el periodismo independiente en #Nicaragua. https://t.co/o0fipAxtu7
— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) May 23, 2021
El proceso judicial de índole político contra la FVBCh significó la cita de al menos 60 comunicadores al Ministerio Público, quienes fueron sometidos a una campaña de estigmatización de la dictadura que los acusó de ser prensa pagada por la CIA, e incluso en algunos casos los fiscales amenazaron directamente a varios reporteros con que podrían aplicarles la ley de ciberdelitos para castigar “las noticias falsas”.
La ley de ciberdelito fue aprobada en 2020, junto a otras normas represivas como una de control al financiamiento de los organismos no gubernamentales, y también la ley de soberanía para perseguir a los que consideran “traidores de la patria”. En 2021, ese “marco jurídico” sirvió para las posteriores detenciones a opositores y ciudadanos en general durante el año de la reelección ilegítima de Ortega, con las cuales el régimen infundió miedo entre los ciudadanos.
Guillermo Medrano, investigador de Voces del Sur, afirmó que se demostró la instrumentalización de las instituciones estatales para cumplir con el capricho del “binomio presidencial” en referencia a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Medrano agregó que en ese proceso se observó un acoplamiento perverso de la Fiscalía, Migración, Policía Nacional, así como el mismo sistema judicial, con el fin de intentar silenciar a los hombres y mujeres de prensa.
“Para mí se trata de una etapa (esta de represión) fallida que ha tratado de implementar el gobierno con la finalidad de silenciar a la prensa independiente y digo fallida, porque a pesar de lo que han hecho, no han podido callarla. Ortega es el mismo represor de siempre”, sostuvo Medrano refiriéndose al pasado represivo del gobernante en los años ochenta.
El juicio fabricado contra la FVBCh significó la inhibición como precandidata de Cristiana Chamorro Barrios, quien antes de su detención lideraba las encuestas sobre las opiniones favorables de los precandidatos de la oposición. El 21 de marzo de 2022, la expresidenta de la Fundación fue condenada sin pruebas a ocho años de prisión, nueve años a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, siete años a su conductor Pedro Vásquez, mientras le impusieron trece años de cárcel a los financieros Marcos Fletes y Walter Gómez.
“Para mí es un afinamiento de las diferentes actividades represivas de los ochenta, donde hubo censura previa, cierres totales y parciales de medios como La Prensa en aquellos años, ataques verbales en público, desacreditaron a los medios, hubo asedios a periodistas. Hoy lo hacen los paramilitares, antes lo hacían las turbas”, afirmó Medrano.
PCIN: 1520 ataques a la libertad de prensa
El informe de 2021 del colectivo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó otros hitos importantes como la detención del gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, luego de la ocupación a manu militari de las instalaciones del diario, el más antiguo de Nicaragua con sus 96 años de historia.
En el documento denunciaron también la salida al exilio de al menos 45 periodistas entre junio y diciembre de ese mismo año, mientras recordaron que se encuentran encarcelados: Miguel Mora (propietario de 100%Noticias), el cronista deportivo Miguel Mendoza y el comentarista político Jaime Arellano.
PCIN recordó en el caso de la FVBCh la persecución ejercida contra Carlos Fernando Chamorro Barrios, a la corresponsal internacional María Lilly Delgado y también a otros exfuncionarios del organismo como Lourdes Arróliga, Ana Elisa Martínez y Medrano; todos con una trayectoria destacada en la promoción de las libertades públicas.
“Durante el 2021 se cometieron graves restricciones a la libertad de prensa. El Observatorio de PCIN registró 205 denuncias, las cuales se tradujeron en 1520 ataques a la libertad de prensa. Del total de denuncias 29 ocurrieron en noviembre en el contexto de las votaciones generales nicaragüenses. La finalidad de estas agresiones fue obstruir el ejercicio periodístico para impedir la cobertura a estos dos hechos importantes”, sostiene PCIN.
