20 de septiembre 2020
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La persecución contra periodistas se ha recrudecido en el Caribe Sur. En su último informe sobre libertad de prensa, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro alertó que en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACCS), se han incrementado las violaciones contra la libertad de prensa.
Durante agosto pasado, en la RACCS se reportaron cinco casos de violación a la libertad de prensa, seguido de Managua con cuatro y Matagalpa con tres casos, según un desglose por departamentos y regiones de la Fundación.
La Fundación reportó un total de 20 casos de violaciones a la libertad de prensa en agosto, de las que once fueron agresiones o ataques a reporteros, seis casos de acceso a la información y tres procesos judiciales contra periodistas; uno de ellos contra Kalua Salazar, jefa de prensa de la emisora La Costeñísima, uno de los pocos medios independientes en el Caribe Sur.
En julio pasado, la Fundación registró 30 violaciones contra la libertad de prensa. En ese mes, Managua encabezó la lista de agresiones con once, seguido de la RACCS y León con tres.
Acoso en viviendas
El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua denunció en agosto pasado que "la policía y paramilitares que están constantemente asediando e intimidando no solo las oficinas de Radio La Costeñísima, sino las casas de habitación de sus periodistas y colaboradores de la radio".
La persecución contra los periodistas ha seguido este septiembre. La periodista Ileana Lacayo ha tenido que abandonar su vivienda en Bluefields, luego que desde el pasado 11 de este mes, una patrulla y varios agentes policiales se apostaran en las afueras de su casa.
"Estoy temporalmente en otro punto para ver si se baja el asedio policial", dijo Lacayo, quien en las redes sociales es atacada por fanáticos sandinistas que la acusan de "golpista". Ella se exilió en 2018, pero volvió a Nicaragua en 2019.
"Regresé y tenía un perfil bastante bajo, viviendo casi en el anonimato para no tener que enfrentar este hostigamiento y violencia. Sin embargo, apenas asomé la cara públicamente en una actividad del 8 de septiembre —Día Internacional del Periodista— empieza nuevamente una ola de hostigamiento de violencia contra mi persona", subrayó Lacayo.
Abigail Hernández, miembro de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), comentó que "son ciudades pequeñas en donde hay más control policial y esto obstaculiza cualquier mecanismo de seguridad que los y las periodistas puedan implementar. Están bajo vigilancia todo el tiempo en sus casas, en la calles y hasta en los mismos centros de trabajo".
Acciones judiciales contra periodistas
Esta nueva “ola represiva” tiene un especial énfasis en la modalidad de acciones judiciales contra medios de comunicación y periodistas independientes de Nicaragua, acusados por el delito de injurias y calumnias, aunque no los identificó. En los últimos tres años se han registrado siete acusaciones dirigidas contra comunicadores, de las que seis han llegado a procesos judiciales.
Datos de PCIN señalan que, además de la periodista Kalua Salazar, los comunicadores William Aragón, Elsa Espinoza y David Quintana han sido querellados por injurias y calumnias, en este 2020. En 2018, se dio un caso contra el periodista de León, Pedro Altamirano. En 2019, se abrió un proceso contra el periodista de Bluefields, Sergio León, director de La Costeñísima, quien falleció de covid-19 en junio pasado.
El caso más sonado ha sido el de Salazar, quien en dos ocasiones le fueron violentados sus derechos; la primera fue cuando se le abrió el proceso judicial, y en el segundo, cuando fue amenazada por la jueza de Bluefields de declararla en rebeldía, a pesar que la abogada defensora había solicitado el cambio de fecha de inicio del juicio.
Según el informe de la Fundación, Salazar, deberá “enfrentar el próximo 23 de septiembre un juicio por una querella de calumnia interpuesta por funcionarias de la Alcaldía Sandinista de El Rama, Caribe Sur de Nicaragua. Según la defensa de Salazar, la juez a cargo decidió seguir con el proceso, aunque la acusación no reunía los requisitos de ley”.
El proceso contra Salazar se da tras el reporte: “Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama”, publicado el pasado cuatro de agosto. La denuncia fue presentada por el abogado Denis José Báez Sevilla, quien representa a Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, que aducen ser las “víctimas” de calumnia.
La fundación alertó sobre “este nuevo método represivo que utiliza el Gobierno en su feroz intento por intimidar y silenciar la labor informativa de la prensa independiente”.
