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Régimen orteguista propone descabezar otras 25 oenegés

Organizaciones de mujeres, de desarrollo local y gobernanza, son las nuevas víctimas en arremetida del régimen contra organismos civiles

La cruzada del régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil continuará la próxima semana en la Asamblea Nacional, donde ya está —en el orden del día 17 de mayo— una iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidades Jurídicas de 25 asociaciones y fundaciones civiles sin fines de Lucro. Documento que, al ser aprobado, elevará a 169 la cantidad de oenegés anuladas por el régimen en lo que va de 2022.

Entre las 25 oenegés que serán ilegalizadas el próximo martes se encuentran la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, Asociación para el Desarrollo Integral Acompañado de Nicaragua y sus Comunidades, Asociación Vida Plena (ASOVIP), Asociación Ministerio Generación sin Código y Fundación Nueva Esperanza y Vida (FNEV).

También serán canceladas la Asociación Lazos de Amor y Esperanza (ASLAE), Asociación Instituto de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia, Asociación Instituto Nicaragüenses del Cemento y del Concreto (INCYC), Fundación Civil Nicaragüense para la Conservación y el Desarrollo (FUNCOD), Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (COEMIPYME) y Asociación por Masaya Primero (PMP).

Otras de las organizaciones afectadas son: Asociación Red Municipal de Jóvenes de Nueva Guinea (RMJ-NG), Fundación Centro de Relaciones Internacionales (C.R.I.), Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, Asociación de Señoras de Abogados de Nicaragua (A.S.A.N.), Asociación Centro para la Participación Democrática y el Desarrollo y la Asociación Centro de Estudios y Formación para la Gobernabilidad Democrática y el Desarrollo Sostenible.

Además serán ilegalizadas la Fundación de Desarrollo Habitacional Ambientalista de Bajo Costo Bambú, Palma y Adobe de Nicaragua; Fundación Interconexión Humana, Ubuntu, Fundación Ubuntu; Asociación de Desarrollo Forestal Campesino (ADEPROFOCA), Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel, Fundación de Mujeres por el Desarrollo y la Democracia de Nicaragua (FUMDENIC), Asociación Americana de Agroquímicos de Nicaragua (ANIC) y Fundación para el Desarrollo de la Cirugía Reconstructiva en Nicaragua (NICAPLAST).

Los motivos del régimen

La inminente cancelación de las 25 organizaciones en la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, atiende a una solicitud hecha por la responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, quien las acusa de haber “incumplido sus obligaciones legales” y  “actuado contra ley expresa”.

Las leyes que supuestamente transgredieron todas las oenegés son la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada el pasado mes de abril; así como la Ley 977 o Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento, por lo que la representante del Migob demandó su cancelación.

Según Blandón las oenegés no habrían presentado sus estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados (ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final)”; también les señala de tener juntas directivas vencidas y de no rendir cuenta sobre donaciones previas, proveniente del exterior.

“Con estas acciones, las oenegés referidas, han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación”, advierte la iniciativa legislativa presentada por el diputado Filiberto Rodríguez. “Al no reportar sus informes financieros conforme periodos fiscales y con desgloses detallados, no promovieron política de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, para los cuales se le otorgó Personalidad Jurídica”, agrega.

Contra la libertad de asociación

Contrario a la verdad oficial, los directores de organizaciones canceladas en los últimos meses señalan que en reiteradas ocasiones el Ministerio de Gobernación se negó a recibir la documentación solicitada y cada vez que ellos se presentaban en las ventanillas del Migob requerían nuevos papeles.

La socióloga María Teresa Blandón, directora de La Corriente, una de las oenegés canceladas el 4 de mayo pasado, calificó la decisión de los diputados como “un acto ilegal” porque atenta contra el derecho constitucional a la libertad de asociación y destacó la labor que desarrollan las organizaciones ante el vacío generado por el Estado, principalmente, con las mujeres y grupos de la diversidad sexual.

Blandón agregó que esta arremetida contra las organizaciones civiles responde a una “política de arrasamiento, de silenciamiento”, y que busca “desactivarnos, desmovilizarnos e imponer una única forma de participación, una única forma de organización que esté controlada por el régimen. Es parte de una política típica de los gobiernos autoritarios”, denunció.

Dos semanas antes, el 20 de abril, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció que el Gobierno de Nicaragua ilegalizó las organizaciones humanitarias para evitar que documenten los abusos de autoridad y recordó que la oenegé había intentado entregar sus documentos al Ministerio de Gobernación y que esa cartera se negó a recibirlos.

“No hay voluntad, por parte del Gobierno, que haya organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló Carmona, en conferencia de prensa.


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