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Régimen endurece estado policial en víspera de “farsa”: diez opositores detenidos

Presencia de policías incrementa en Managua, y opositores denuncian más persecución, detenciones y allanamientos, con varios detenidos en últimas horas

En la víspera de las votaciones de este domingo 7 de noviembre –en las que Daniel Ortega va por su cuarto período presidencial consecutivo tras anular la competencia política, junto con su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– la persecución contra opositores al gobernante Frente Sandinista incrementó en Managua y varias ciudades de Nicaragua, con varios detenidos en las últimas horas, según denuncias de las opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Algunos reportes mencionan hasta una decena de detenidos, entre quienes se han identificado a Nidia Barboza, de la Alianza Cívica, en Masaya; Muammar Vado, del partido Unamos; Esterlin Soriano González, de San Juan de Cinco Pinos, en Chinandega, y Yoel Sandino Ibarra, en Managua.

Desde la tarde de este viernes, en las calles de la capital, se observó mayor presencia policial y la cantidad de agentes aumentó aún más la tarde del sábado. También, las viviendas de los ciudadanos críticos han sido “asediadas” y “allanadas con más frecuencia” por oficiales de la Policía Nacional, que argumentan: “evitar atentados contra la paz”.

Desde el martes, un equipo de CONFIDENCIAL recorrió las principales rotondas, centros comerciales y universidades de la capital, donde constató un fuerte dispositivo policial, sobre todo en las zonas que, durante la Rebelión de Abril de 2018, fueron puntos de concentración de los manifestantes.

En 22 puntos de Managua, entre martes y miércoles, el régimen ha desplegado a más de un centenar de policías, entre agentes antidisturbios, de línea y tránsito. El número se duplicó entre viernes y sábado. La mayoría de los oficiales están ubicados dentro y fuera del centro comercial Metrocentro, frente a las instalaciones de la Universidad Centroamericana, en los alrededores de la rotonda Hugo Chávez, en la rotonda Cristo Rey, las sedes del Consejo Supremo Electoral (CSE) y en las afueras del edificio del Grupo Empresarial Pellas.

Otras zonas que también son constantemente vigiladas, aunque con un menor número de agentes, son: la plaza de Camino de Oriente, rotonda Jean Paul Genie, rotonda La Virgen, rotonda El Periodista, la Catedral Metropolitana, el hotel Holiday Inn, edificio LaFise Centroamérica y la rotonda Rubenia.

Oficiales de la Policía apostados en las inmediaciones de la Rotonda Hugo Chávez. Foto: Confidencial
La presencia policial también se ha mantenido alrededor de la Universidad Centroamericana (UCA). Foto: Confidencial.

Incrementa violencia política en octubre

Olga Valle, investigadora de la oenegé Urnas Abiertas, detalla que, desde finales de septiembre pasado, han conocido del “asedio permanente y constante en las afueras de las viviendas de opositores, principalmente ejecutados por policías, con la participación de agentes paraestatales, trabajadores estatales y simpatizantes del Frente Sandinista”.

De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia Política, que Urnas Abiertas desarrolla en colaboración con el Monitoreo Azul y Blanco, desde octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, se han registrado 1654 hechos de violencia política. 

En los 31 días de octubre pasado, según Valle, ocurrieron 120 hechos de violencia política en todo el país. De estos, 38 fueron hostigamientos en las afueras de las viviendas; 36 tratos crueles contra los detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “el nuevo Chipote”.

Además, agrega que tienen registro de 17 amenazas contra opositores que han sido retenidos o citados en las estaciones policiales, donde se les advierte que “dejen de convocar al no voto” o serán encarcelados.

También contabilizan 12 detenciones y ocho agresiones, entre las que se incluyen allanamientos. “La mayoría de las agresiones han sido dirigidas a personas organizadas, integrantes ya sea de partidos políticos a los que se les canceló su personería jurídica, de organizaciones políticas, pero también hemos visto que empieza a generarse violencia política contra la ciudadanía en general”, subraya Valle.

Policías roban dinero a campesino

Uno de los casos más recientes de allanamiento y detención ocurrió el pasado 2 de noviembre contra el campesino Cándido Sánchez López, de 60 años y responsable del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en San Carlos, Río San Juan. A esta organización, el Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por el régimen, le canceló su personería política el pasado 6 de agosto.

Sánchez fue detenido por diez agentes policiales —vestidos de civil y con pasamontañas—, quienes allanaron su vivienda y le sustrajeron 12 000 córdobas de la venta de una vaca, según relatos de la familia.

Los policías justificaron el robo del dinero bajo el argumento que “(el efectivo) era producto de lo que, (supuestamente), enviaban a Sánchez para agitar a las personas en contra del Gobierno”.

Los parientes de Sánchez denuncian además que, en la delegación policial, les indicaron que Sánchez es acusado de “portación ilegal de armas”, pese a que durante el allanamiento no encontraron ni una sola arma dentro de la vivienda y tampoco en manos del ciudadano.

Persecución por campaña que promueve “el no voto”

El pasado 29 de octubre, en Managua y Río San Juan, las viviendas de los opositores Allán Gómez y Elvis Chamorro, de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) y de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), respectivamente, fueron allanadas por oficiales de la Policía, quienes advirtieron que dichos operativos continuarán en todo el país, ya que pretenden que “no se atente contra la paz”.

En la vivienda de Chamorro, donde funcionan tres pequeños negocios de cafetería, salón y tienda, el allanamiento ocurrió a eso de las 10:30 a.m., cuando en el lugar solo se encontraba la hermana del opositor junto con diez trabajadores, que fueron intimidados y amenazados por una decena de policías, uniformados y de civil, que exigieron que no los grabaran.

“Un policía de civil, que se identificó como el jefe de inteligencia, entró en el negocio de mi familia y dijo que tenía orden, no escrita, pero que sí tenía autorización y el poder de entrar a la casa, al negocio o donde él quisiera”, narra Chamorro, quien al momento del allanamiento estaba fuera de San Carlos, en unas diligencias personales.

El opositor, coordinador departamental de AUN en Río San Juan, explica que el allanamiento duró aproximadamente una hora y que los agentes no sustrajeron nada de la propiedad, aunque resalta que dejaron un documento donde afirman que “no encontraron nada, ni afiches que dijeran algo sobre ‘No Voto’”.

“Durante el allanamiento los policías repitieron muchas veces lo de la campaña del ‘No Voto’, y lo que podemos estar haciendo los opositores a nivel departamental con esa campaña”, destaca Chamorro.

Policía advierte una semana de “operativos”

En Managua, el allanamiento en la vivienda de Gómez ocurrió en la tarde. El universitario explica que más de 25 policías, de uniforme y de civil, rodearon su vivienda e ingresaron sin mostrar una orden judicial. 

“Llegaron en unas cuatro patrullas, dos camioncitos y unas ocho motocicletas, venían personas encapuchadas de civil. Todos portaban armas, rodearon la cuadra y mi vivienda y le dijeron a mi mamá que debían revisar la casa, porque tenían denuncias de que aquí se ocultaban armas”, relata el joven.

Gómez fue requisado, fotografiado y aislado de su familia por cuatro oficiales de la Policía, que además de pedirle continuamente sus datos personales, le advertían que “se portara bien, que se cuidara, que dejara de andar haciendo cosas que no tenía que hacer”.

“Nos dijeron que teníamos prohibido grabar o hacer llamadas, igual a los vecinos no los dejaron grabar o llamar, les quitaron los celulares y se los devolvieron hasta que terminó el allanamiento ilegal”, señala.

Además, le advirtieron que estarán “en operativo para evitar que se atente contra la paz”.


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