23 de agosto 2020
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Sin una notificación oficial, enterándose del proceso judicial en su contra a través de las redes sociales, por medios oficialistas o por un contacto que les avisó que vio su nombre en una querella de injurias o calumnias, cuatro periodistas independientes enfrentan procesos judiciales que intentan “callarlos”, en un recrudecimiento de la escalada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para imponer la censura en Nicaragua.
Los periodistas David Quintana, de Boletín Ecológico; Kalúa Salazar, de La Costeñísima; William Aragón y Elsa Espinoza, tienen procesos judiciales impuestos en su contra por supuestas “injurias y calumnias”, en reclamo de su labor de denuncia sobre las arbitrariedades del régimen y sus operadores.
El coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, detalla que en los últimos tres años se han registrado siete acusaciones dirigidas contra periodistas independientes, de las cuales seis han llegado a procesos judiciales.
Además de Quintana, Salazar, Aragón y Espinoza, el régimen acusó en 2018 al periodista de León, Pedro Altamirano, y en mayo de 2019 al periodista de Bluefields, Sergio León, director de La Costeñísima, fallecido en junio por covid-19, antes de que iniciara el proceso en su contra por denunciar el avance de la pandemia. Un séptimo caso, dijo Medrano, corresponde a un periodista que prefiere que su caso no sea ventilado públicamente.
Ignoran “incidentes de nulidad”
El proceso más reciente es contra Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima, acusada por “calumnia”, tras el reporte: “Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama”, publicado el pasado cuatro de agosto.
La denuncia fue presentada en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) por el abogado Denis José Báez Sevilla, quien representa a Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, que aducen ser las “víctimas” de calumnia.
Salazar se enteró de la querella, primeramente a través de una publicación de un medio oficialista, y no por una notificación oficial.
Boanerges Fornos, abogado defensor de Salazar, explicó que la periodista ni siquiera fue notificada para la audiencia preliminar que se realizó el 19 de agosto, pero se presentaron en la fecha correspondiente y la jueza Deyanira Traña, encargada del Juzgado Penal Local de Bluefields, admitió la acusación y programó el juicio para el próximo 23 de septiembre.
Fornos alega que en la audiencia, el representante legal de la parte acusadora presentó un “poder especial” que “no reunía los requisitos de ley, estaba para otro tipo de casos y la relación de hecho no es la misma de la querella”. Sin embargo, la jueza dio “no ha lugar” a su argumento de “incidentes de nulidad”.
Audiencia “sin notificar”
David Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico, es otro de los comunicadores que enfrentan procesos judiciales. Quintana explicó que el diez de julio se presentó una querella en su contra, pero un mes después “ni siquiera había sido notificado”.
“Me enteré por casualidad porque un abogado revisó el sistema judicial, vio mi nombre y me avisó, pero ya habían empezado las audiencias sin siquiera notificarme”, denunció.
El periodista es señalado de cometer delito de “injurias y calumnias” en perjuicio de Junieth Dávila Cruz y Nelson Enrique Vásquez Oporta, por publicar una denuncia de desalojo.
David Quintana de Boletín Ecológico. Foto: Cortesía
La acusación contra Quintana radica en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua, pero hasta la fecha no le llega la notificación para comparecer por la querella. La abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que el 18 de agosto presentaron un escrito donde solicitaron a la juez que celebre “audiencia pública para resolver el proceso”.
“Él (Quintana) no fue notificado y, sorprendentemente, ya el proceso inició para las otras dos personas, porque son tres, entonces, el judicial inició sin notificar a David Quintana… Pareciera, esto es una opinión bastante personal, que inició de esta manera con un fin intimidatorio, es decir, no se le notifica para que él solo se entere que hay una causa en su contra o que no se presente y se le acuse de desacato”, afirma Oviedo.
Agrega que el caso de Quintana reúne todos los requisitos para que se considere que “hay una situación política” porque “el supuesto querellante se conoce que es excamarógrafo de Canal 8, a Quintana no se le ha notificado como querellado pese a que la querella se interpuso hace más de un mes, se inicia el proceso sin él y, además, el periodista es una persona crítica del Gobierno”.
Sin acceso a la denuncia
La comunicadora social Elsa Espinoza, consultora e integrante de la comisión ejecutiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), también enfrenta un proceso judicial. Espinoza es acusada de “amenazas” en perjuicio de María del Pilar Vallejos, identificada como seguidora del partido de Gobierno y quien se refirió a la periodista —ante los oficiales de la Policía— como “golpista y tranquera”.
Espinoza se presentó, el 18 de abril, al Distrito Siete de la Policía para interponer la denuncia contra Vallejos y su hija, ya que veinticuatro horas antes la habían “amenazado de muerte y agredido físicamente”, pero estas llegaron antes y denunciaron ser las víctimas ante los oficiales, por lo que, según Espinoza, en la estación no le recibieron la denuncia.
A finales de abril, la comunicadora recibió un citatorio donde se le solicita presentarse al Juzgado Segundo Local Penal de Managua, junto con su madre, por el delito de “amenazas” en perjuicio de Vallejos. El 17 de mayo se celebró la audiencia preliminar y la acusación fue desestimada, pero se dejó abierto el proceso para que “la parte acusadora mejorara la narrativa de la acusación porque no había coherencia”, explicó Espinoza.
La comunicadora fue citada nuevamente en junio y en esa ocasión aceptaron la acusación en su contra. El siete de agosto, Espinoza se presentó a una audiencia de juicio en el Complejo Judicial de Managua, y afirma que, al salir, la hija de Vallejos la volvió a agredir, por lo que intentó denunciar ante oficiales del Distrito Uno, pero “me dijeron que era irrelevante porque no habían agredido ni con hierro, ni con arma blanca, ni estaba sangrando. Entonces, me planté en el lugar y estuve desde las diez de la mañana hasta a la una de la tarde porque no me querían atender y me la recibieron solo de forma digital”.
Acoso judicial es “una modalidad de censura”
En el tercer informe del Observatorio de Agresiones a la Prensa de PCIN se detalla que, entre el primero de marzo al quince de julio, han registrado “tres casos de acoso judicial y cinco de amenazas de procesamiento judicial, por los delitos de injuria, calumnia y amenazas”. Uno de los casos es el de Aragón, procesado el ocho de mayo por “injurias” en Somoto, Madriz.
La acusación, señala PCIN, fue dirigida “por familiares de una persona fallecida en este departamento, que acusaban al periodista de publicar el fallecimiento por covid-19 de una persona de la cúpula sandinista”.
El proceso contra Aragón sigue abierto en el Juzgado Local Penal de Somoto.
El periodista, William Aragón, ha sufrido acoso. Carlos Herrera | Niú
PCIN también denuncia el caso de Sergio León, demandado por injurias y calumnias luego de informar en el noticiero Tras la Noticia, una entrevista del alcalde del municipio La Cruz de Río Grande que evidenciaba que en ese municipio se registraban dos muertos por covid-19.
La denuncia contra León fue interpuesta por Juana Mayra Álvarez Mayorga ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), en Bluefields. El periodista envió una nota solicitando una prórroga para presentarse, por tener problemas de salud, y falleció el 14 de junio por covid-19.
Este tipo de acusaciones, apunta PCIN, obedecen al “acoso judicial” del régimen y “representa una modalidad de censura, intimidación y criminalización del ejercicio periodístico, en la estrategia del Gobierno de reprimir la libertad de Nicaragua”.
El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua también ha denunciado los recientes ataques contra la libertad de prensa, que califican como una “ofensiva coordinada de las fuerzas represivas del régimen” que es “orquestada por personas afines a la dictadura con la intención de callar las voces de medios de comunicación independientes”.
Los comunicadores judicializados concuerdan que este tipo de acusaciones buscan intimidarlos y callarlos, pero apuntan que estos procesos judiciales no harán que desistan de seguir informando a la población nicaragüense.
“Es mi derecho a informar y después de ser seis veces golpeado, dos veces herido, perseguido, robado, amenazado en las redes y no me han logrado amedrentar, entonces, usan la vía judicial para intimidarme, callarme, pero sigo firme y digno y seguiré informando”, afirma Quintana.
Salazar sostiene que La Costeñísima no dejará morir el legado Sergio León y seguirán “firmes” en su trabajo diario, “en nuestro ejercicio a la libertad de prensa, en nuestros valores, pese a que nos han amenazado, nos han perseguido, han hecho un sinnúmero de violaciones a nuestros derechos”.
