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Régimen ejecuta trece fases de represión contra los opositores

Orteguismo usa a la Policía Nacional y paramilitares para agredir a ciudadanos, mientras instituciones, como la DGI, imponen cobros ilegales

Desde el estallido de las protestas sociales de abril de 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega, este ha desatado 13 fases de represión en contra de la ciudadanía, sociedad civil y periodistas, según un análisis realizado por la socióloga Elvira Cuadra.

Explica que la primera fase de la represión inició en abril de 2018, la segunda fue en mayo del mismo año. Entre junio y septiembre del mismo 2018 se desarrolló la tercera fase que vio la sangrienta “Operación Limpieza”, que buscaba levantar los tranques que habían puesto ciudadanos para protegerse de la violencia de los paramilitares.

El análisis de Cuadra también indica que la política de represión del régimen “no es estática”, sino que cambia y “se mueve” conforme cambian las formas de protestas de los ciudadanos.

“No usan siempre las mismas formas de la represión. Hay un objetivo que es el de impedir cualquier manifestación de protesta o descontento de la ciudadanía, y mucho menos permitir lo que ocurrió en 2018 con las movilizaciones y las marchas multitudinarias de la población. Cada fase tiene objetivos específicos y tiene blancos, personas o actores a quienes están dirigidas con mayor fuerza las acciones de cada fase”, detalla la especialista.

En la tercera fase se organizaron además los grupos paramilitares para ayudar al régimen a usar la violencia letal en contra de los manifestantes. Tuvo como objetivo principal limpiar las calles y los espacios públicos de barricadas y tranques. Eso incluyó la desocupación de los “recintos universitarios que ocupaban los muchachos”, explica Cuadra.

En cada fase de represión, el régimen incluye a personajes diferentes. Por ejemplo, en la “Operación Limpieza” hubo participación de la Policía y los paramilitares, pero a la hora de ejecutar, lo que Cuadra llama “terrorismo fiscal”, se utilizan a otras instituciones del Estado como la Dirección General de Ingresos (DGI).

La cuarta fase de la represión se desarrolló de octubre a noviembre de 2018, cuando el régimen se concentró en descabezar al movimiento cívico, por ello, decidieron apresar, secuestrar y torturar a los líderes de las movilizaciones. En esta etapa, según Cuadra, además de la Policía y los paramilitares, también se incluyeron a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Estos grupos son personas afines al régimen que fueron organizados por el FSLN en 2007. Durante la década de los 80 ya habían existido, aunque bajo el nombre de Comités de Defensa Sandinista (CDS), y básicamente se encargan de servir como “orejas” del régimen, para señalar o facilitar nombres de personas opositoras al orteguismo.

“Ellos fueron los que levantaron listas de gente y señalaron y dijeron estos son y estos hacían tal y tal cosa. Eso fue lo que ocurrió en ese período”, recuerda la especialista.

La quinta fase de la represión orteguista

Para diciembre de 2018 y enero de 2019, la represión del orteguismo había migrado en otra dirección. Eso no significa que se abandonasen acciones como el asedio o el trabajo de los CPC, pero se anexan otros “blancos”. En este caso, el orteguismo se encaminó no solo contra los líderes de los movimientos sociales, sino también en contra de las voces críticas: los medios de comunicación y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

“Ahí es cuando les quitan la personería jurídica a las organizaciones sociales y el asalto y confiscación de los medios de comunicación. Que ya habían ataques y agresiones, pero ahí es cuando las acciones iban directamente dirigidas”, analiza Cuadra.

En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, le quitó la personería jurídica a nueve oenegés, y la Policía del régimen se tomó ilegalmente la redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, así como el edificio de 100% Noticias. También detuvo a la periodista Lucía Pineda, y el director del medio Miguel Mora, actualmente precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD).

En febrero y junio de 2019 se desarrolla la sexta fase de la represión y disminuyen los niveles de violencia, según el análisis. Eso se debió a que en ese período se instala mesa del Diálogo Nacional en su segunda etapa y también aquí se da la excarcelación de los presos políticos. Pero aunque la violencia disminuyó, la represión se mantuvo.

La séptima fase fue entre julio y noviembre de 2019, mientras que la octava se dio entre noviembre y diciembre de ese año, que vio nuevamente un escalamiento en la violencia que había disminuido en las fases anteriores.

Cuadra explica que “este es el período en que se está conformando la Coalición Nacional (CN), que es una amenaza para el régimen, ahí es cuando ocurre también la huelga de hambre de los familiares de presos políticos en Masaya. Ahí es cuando secuestran a los aguadores, entonces hay un cambio, un incremento”.

Los ataques a las iglesias

Entre enero y abril de 2020 se dio la novena fase represiva del régimen. Los “blancos”, nuevamente cambiaron y se dirigieron en contra de las iglesias. 

“Desde noviembre de 2020 hasta la fecha, Ortega también ha modificado o pasamos a otras etapas de represión en función de configurar un escenario electoral que sea favorable a él y para mantener siempre el control. Los blancos principales de este nuevo escenario son líderes políticos a diferentes niveles y en diferentes localidades del país, medios y periodistas que han sido un blanco desde 2018 hasta ahora, defensores de derechos humanos y los prisioneros políticos excarcelados”, detalla.

El décimo período de represión se dio entre mayo y octubre de 2020, seguido del onceavo que cubre los meses de noviembre a marzo de 2021, en abril ocurrió la número 12 y actualmente se está desarrollando la número 13 de las fases.

Además, entre las características de esta treceava fase represiva, está lo que Cuadra llama “terrorismo fiscal”, y ejemplifica el caso de las familiares de Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, a quien la DGI impuso un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas, por supuestamente no haber pagado impuestos por la venta de una propiedad entre 2017 y 2019.

Aquí también se incluye el caso de Canal 12, a quien también la DGI ordenó un reparo fiscal que ascendió a 28 millones de córdobas y además puso en subasta propiedades de la familia Valle, dueña del medio de comunicación.

La represión continúa, actualmente, y Cuadra no descarta que vaya a tener modificaciones en la medida que avance la campaña electoral, porque, históricamente, las elecciones en Nicaragua se han caracterizado por tener niveles altos de violencia, pero también explica que es algo difícil de predecir en estos momentos.

 



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