9 de septiembre 2021
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El Ministerio Público acusó este miércoles al ambientalista Amaru Ruiz Alemán, por el presunto delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, convirtiéndolo de esta forma en el primer ciudadano imputado por esta causa, y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, vigente desde diciembre de 2020.
Ruiz es un ambientalista nicaragüense de larga trayectoria y un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega. Es presidente de la Fundación del Río, una de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el orteguismo, tras alertar sobre el incendio en la reserva biológica de Indio Maíz, en abril de 2018.
Según la Fiscalía, Ruiz habría brindado “información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados”, ya que expresó que “el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”, y actualmente “existe un proceso judicial” contra los presuntos autores del hecho. Hasta la fecha, dicho proceso judicial no era del conocimiento público.
La Fiscalía solicitó también la detención del ambientalista y los señaló de “pretender crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, con relación a la masacre de 13 indígenas en el cerro Kiwakumbaih, ocurrida en agosto 2021. Según la Fiscalía, este hecho es investigado.
Abre acusacion en contra mía por denuncian las violaciones de DDHH en Nicaragua. #SOSNicaragua pic.twitter.com/AaAHP8eiOt
— Amaru Ruiz (@AmaruRuiz) September 8, 2021
El 02 de septiembre pasado, la Fiscalía estrenó la “Ley de Ciberdelitos” al acusar a dos clientes de una entidad financiera por el delito de “divulgación no autorizada, acceso indebido a programas o datos informáticos y revelación de datos informáticos”, reportó el diario La Prensa
Además, varios periodistas que han sido interrogados por la Fiscalía señalan que los fiscales les mencionado esta ley, durante los interrogatorios.
Opositores remitidos a juicio
Además, los presos políticos Jaime Arellano, Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron remitidos a juicio luego de una audiencia inicial celebrada en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como “nuevo Chipote”, y no en un juzgado local como mandan las leyes de la república.
Arellano, Aguirre Sacasa y Díaz Dávila, son procesados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.
Un juez sin identificar mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para Díaz Dávila y Aguirre Sacasa, mientras que Arellano permanece en arresto domiciliario.
Desde mayo pasado el régimen ha intensificado la persecución contra opositores y profesionales independientes, en ese periodo 36 personas han sido arrestadas y 31 ya fueron acusadas por los presuntos delitos de conspiración, lavado de dinero, portación ilegal de armas y divulgación de noticias falsas.
También han sido acusados por delitos similares, otros ocho profesionales independientes que hasta el momento se encuentran prófugos de la justicia orteguista.
