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Régimen acusa a extrabajador del Ipade, Harry Chávez, y lo traslada a “La Modelo”

Sin pruebas, Fiscalía acusa a economista jubilado, de 64 años, de infringir la Ley 1055 y la Ley Especial de Ciberdelitos; familiares están preocupados

El economista Harry Chávez, capturado por dos sujetos de civil el pasado 6 de noviembre, en vísperas de las votaciones en Nicaragua, fue acusado por el Ministerio Público de infringir la Ley 1055 o “Ley de Soberanía” y la Ley Especial de Ciberdelitos, aduciendo supuestas publicaciones en sus redes sociales relacionadas a la Ley Renacer –aprobada por Estados Unidos-. Sin embargo, su familia niega los hechos y señala que “no hay pruebas” en contra de Chávez, quien trabajó en el asaltado Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), pero ya estaba jubilado cuando el Gobierno se tomó estas instalaciones.

Chávez, de 64 años, acudió al llamado de la puerta de su casa hecho por dos hombres cerca de las 7:20 de la noche del 6 de noviembre. Los sujetos se identificaron como policías y le informaron que debía acompañarlos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “el nuevo Chipote” para hacerle algunas preguntas, y posteriormente, regresaría. Sin embargo, lo encarcelaron, de “forma arbitraria e ilegal, sin mostrar orden alguna de captura”, indica su familia, que demanda su libertad.

Al día siguiente de la detención, sus familiares lo buscaron en “el nuevo Chipote”, pero negaron que estuviera en la DAJ, pese a que los oficiales de civil aseguraron que lo llevarían a ese complejo policial. El economista fue recluido en el Distrito I de la Policía y ahí permaneció por casi un mes, incomunicado de sus familiares. No obstante, respetaron su derecho a la entrega de alimentos, jugos, y agua.

Sin embargo, este primero de diciembre, Chávez fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, tras una audiencia preliminar e inicial semanas atrás. Una abogada estuvo presente y conoció los delitos que le imputan. Sin embargo, en el sistema electrónico del Poder Judicial no se muestra la acusación, aseguró un familiar que conversó con CONFIDENCIAL solicitando no ser identificado para evitar nuevas represalias.

El economista “está bien preocupado y confundido” porque la acusación en su contra “no tiene sentido y no hay nada”, incluso, contó que el día que lo detuvieron no sabían qué hacer con él, agregó el familiar.

Chávez desempeñó hasta 2017 el cargo de coordinador del Programa Electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), cuya personería fue cancelada junto a otras ocho organizaciones en diciembre de 2018. Ya estaba jubilado cuando las instalaciones de la institución, al igual que otra decena de oenegés, fueron tomadas por la Policía.

Harry Chávez no había recibido amenazas

Ya retirado, a veces, realizaba consultorías independientes. Nunca formó parte de alguna organización opositora y tampoco había recibido amenazas o seguimiento por parte de la Policía o personas de civil, indica su familiar, que asegura que todos están muy preocupados por él, en especial, por ser una persona de 64 años.

Aunque no padece enfermedades crónicas, su familiar asegura que “estaba teniendo problemas en la espalda con un divieso”, y temen que se pueda complicar por las condiciones de salubridad y se desarrolle una infección.

Hasta el 26 de noviembre, el régimen orteguista había apresado a 27 nicaragüenses, a quienes mantenía sin acceso a visitas familiares y aislados, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Trece de los detenidos fueron acusados por la “Ley de Soberanía” y la Ley Especial de Ciberdelitos.

 

Trasladan a más ciudadanos a “La Modelo” y “La Esperanza” 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció este miércoles que los “presos políticos” detenidos entre el 6 y 7 de noviembre, fueron trasladados de las delegaciones policiales a “La Modelo” y a la cárcel para mujeres, “La Esperanza”.

“Condenamos esta acción del régimen Ortega-Murillo que evidencia su decisión de privarlos de libertad, siendo inocentes”, señaló la organización mediante su cuenta de Twitter.

Califican la decisión como “abuso de autoridad” porque en los penitenciarios permanecen dos categorías de reos: procesados y condenados. Sin embargo, los procesos judiciales contra estos nicaragüenses permanecen ocultos del sistema digital del Poder Judicial, por ende “no hay registro” de las causas. 

Entre los detenidos que fueron trasladados, y sus casos son conocidos públicamente, se encuentran la joven Samantha Jirón Padilla, quien pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y fue detenida el nueve de noviembre por policías de civil, y Eveling Pinto, de 62 años, capturada el pasado 6 de noviembre en su vivienda en Managua.


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