Nación

Régimen acusa a exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios y al director de CONFIDENCIAL

Ministerio Público mantiene en prisión a los hermanos Chamorro Barrios, y se muestra implacable en proceso lleno de ilegalidades

El Ministerio Público, controlado por el FSLN, amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), por los delitos de apropiación y retención indebida, que se suma al supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. La precandidata se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 84 días en un proceso plagado de irregularidades. Los abogados defensores vinculados al caso denunciaron  “audiencias secretas” y que no les han permitido ni entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes.

Asimismo, las autoridades acusaron por gestión abusiva y apropiación y retención indebida a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra secuestrado desde hace 60 días cuando lo apresaron para investigarlo por cometer supuestos actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. La Fiscalía imputó también este martes 24 de agosto por diversos delitos a seis extrabajadores de la FVBCh: Walter Gómez y Marcos Fletes, secuestrados desde hace 89 días, y a Ana Elisa Martínez Silva, Emma López, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, así como al conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. 

En la investigación contra la Fundación, el Ministerio Público acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva,  y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo, legal, económico, o institucional con la FVBCh. El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión, y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas.

No es la primera vez que el director de CONFIDENCIAL es acusado falsamente por lavado de dinero. En 2008, el régimen de Ortega hizo lo mismo, después que el programa Esta Semana publicó una investigación sobre tráfico de tierras en Tola, Rivas, en la que participaban miembros del partido de Gobierno.

Audiencia inicial “secreta”

Según un comunicado del Ministerio Público, las acusaciones fueron admitidas este lunes en una audiencia de ampliación de acusación y, menos de veinticuatro horas después, se realizó una audiencia inicial, en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos y detención para quienes siguen en libertad.

La comunicación oficial no ha ahondado en detalles sobre la audiencia en que se aceptaron los cargos, pero abogados defensores de la FVBCH denunciaron que se trata de sesiones “inconstitucionales y violatorias del derecho a la defensa” de la familia Chamorro y resto de acusados, luego que no han sido notificados y se han enterado hasta el pronunciamiento del Ministerio Público.

“En el sistema informático de los juzgados sigue sin aparecer información de los casos y no hay referencias algunas sobre las audiencias. La que realizó el Ministerio Público, además de secreta, es totalmente nula porque se ejecutó sin la participación de los abogados defensores, nombrados por los acusados y sus familiares”, añadieron los juristas.

La ampliación de la acusación ocurrió antes que se venzan los 90 días previstos en el proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades de justicia, considerado por los expertos como  violatorio a las garantías de los procesados.

Los familiares han denunciado el total aislamiento de los detenidos y las violaciones al debido proceso, mientras los fiscales han citado a decenas de periodistas para ser amedrentados en el Ministerio Público, con la amenaza de que podía ser encarcelados si propagaban noticias falsas, pero además los han estigmatizado en el oficialismo como “prensa pagada” por el imperialismo.

En esa misma línea, los abogadores defensores de la FVBCH insistieron que no se les ha permitido entrevistarse con sus representados, se les niega el expediente, no conocen siquiera el contenido de la acusación ni muchos menos las pruebas aportadas por la Fiscalía contra sus defendidos. Lo más extremo, según sus palabras, es que ni siquiera han accedido al acta de audiencia en la que “se ordenó su detención”.

Rechazan acusaciones “fabricadas por el orteguismo”

A través de sus redes sociales, Lourdes Arróliga, extrabajadora de la FVBCh, expresó su firme “rechazo” contra la acusación de “apropiación y retención indebida”, y la calificó de “absurda y falsa”.

“No podrán borrar el legado de la Fundación Violeta por las libertades públicas”, destacó.

El abogado Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que las nuevas acusaciones son “la continuación de la represión” que ejecuta el régimen de Ortega, “que usa las instituciones del Estado para aplicar acusaciones que ellos mismos fabrican como una venganza contra voces opositoras o críticas”.

“No hay ningún tipo de asidero legal en estas nuevas acusaciones y sabemos que se dan porque Nicaragua está gobernada por un Estado de terror, donde aplican procesos aberrantes, criminalizan para intimidar, para demovilizar, para llenar de temor a los nicaragüenses”, comentó Carrión.

Añadió que “como defensores rechazamos todas estas acusaciones que son eminentemente políticas y son una continuidad de la violación a los derechos de todos los acusados injustamente, algunos encarcelados desde hace más de dos meses”.

En el mismo comunicado, en que informó sobre la acusación contra los trabajadores de la FVBCH, el Ministerio Público informó que fueron citados la periodista Nohelia González Valdivia, ex jefa de información del diario La Prensa; Cristopher Mendoza Jirón, periodista del equipo de Onda Local, quien pidió supuestamente reprogramación por padecimientos de salud y Patricia Orozco, quien se exilió por la persecución del régimen y denunció la confiscación de su casa.


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