9 de junio 2017
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La propuesta del comandante Daniel Ortega de reformar la ley que castiga la violencia de género en el país, el Código Penal y el Código Procesal Penal vendría a legalizar prácticas arbitrarias que, de hecho, ya están siendo implementadas por las autoridades, como por ejemplo las detenciones ilegales, coincidieron juristas consultados en el programa Esta Noche.
Aunque en el combo propuesto y enviado la semana pasada al Parlamento destaca el aumento de las penas de cárcel para asesinos y violadores, también representa “un hecho recurrente” bajo la administración Ortega, según el exprocurador general de la República, Alberto Novoa: Adaptar las leyes después que el Ejecutivo —que controla todo el Estado— ha tomado decisiones.
En el caso de la Ley Integral Contra la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como 779, en el año 2014 el mandatario sandinista ordenó un reglamento que “desnaturalizaba” el espíritu de la normativa, denunciaron organizaciones feministas. Tres años después, la reforma pretendida cambiar la tipificación de femicidio y la circunscribe al ámbito privado.
“La ley establece nueve tipos penales, entre ellos el femicidio en varias circunstancias, como la misoginia, asesinato de una mujer por ritos grupales, amigos o compañeros de trabajo. Es decir, que la restringen al ámbito privado y de pareja y no reconocen la relación desigual entre hombres y mujeres”, lamentó Eveling Flores, representante legal de la Red de Mujeres contra la Violencia.
Prueba de ello fue el caso de la campesina Vilma Trujillo, asesinada por fanáticos religiosos que la lanzaron a una hoguera en la recóndita comunidad de El Cortezal, en el Caribe Norte de Nicaragua. En ese caso el juez consideró que se trató del delito de asesinato y secuestro.
A juicio de Flores, modificar el espíritu de la ley 779 dejaría en indefensión a las mujeres, pero era una situación que ya venía dándose. El gobierno ya “había desmontado” la ruta de acceso a la justicia especializada al cerrar las comisiones de la mujer, dijo.
Detenciones ilegales
Otro de los elementos que alarman con estas reformas son las detenciones ilegales. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que establecer la prisión preventiva hasta que exista una sentencia viola varios principios, como la presunción de inocencia.
La propuesta dice que los delitos considerados como graves “se mantendrán en prisión preventiva hasta que se emita una sentencia”.
“Hay intencionalidad política”, aseguró Carrión, ya que en reiteradas ocasiones la Policía Nacional ha violado las 48 horas de detención establecidas en caso de que un juez no formule cargos. “Es una práctica prolongada que viola la regla general de procurar procesos en libertad y de proporcionalidad”, dijo.
Carrión recuerda los casos de los mineros de El Limón, los de Santo Domingo, en Chontales; también las detenciones de los campesinos del movimiento anti canal. Lo más grave, a juicio de este defensor de derechos humanos, es que en estos casos inclusos los trasladaron a Managua, a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, y adonde Carrión alega que es un “centro de tortura”.
El exprocurador Novoa recordó que la cárcel es la última opción que un juez debe imponer, porque “no pueden echar preso a alguien que presumís que es inocente”. “O cambian la Constitución Política o los principios del derecho”, amonestó.
Novoa dijo que este cambio le da la potestad a la Policía y al Ministerio Público de apresar con o sin pruebas. “Antes de una investigación, te castigan primero”, insistió.
Centralizar casos
El comandante Ortega también propone la centralización de algunos casos a Managua, cuando “se traten de delitos de relevancia social y trascendencia nacional”. Algo que ya ha sucedido con el caso de la masacre del 19 de julio, el de los campesinos de Punta Gorda condenados por la muerte de cinco policías, o el caso de la profesora y concejal sandinista Linamar Alemán, procesada por el delito de trata de personas.
Detrás de esta decisión de centralización, Carrion afirmó que pretenden legalizar esta práctica de “sustraer la competencia” de los jueces del territorio nacional. El defensor de derechos humanos sostuvo que es como si los jueces que no están en Managua no tuvieran la capacidad de aplicar las normas.
“Además viola el derecho a los familiares de visitar a los reos”, agregó Carrión.
El exprocurador dijo que en la mayoría de estos casos no se explica por qué son extraídos de su juez natural. “No se dicen las causal y la gente queda perpleja, no saben la motivación”, dijo.
La propuesta de Ortega además limita a los jurados de conciencia conformados por ciudadanos. De aprobarse la iniciativa del mandatario sandinista, los casos serán tratados por “un juez técnico”.
Novoa dijo que la institución del jurado de conciencia responde a una máxima de que “me juzguen mis pares”, y que evita la manipulación a la que puede ser sometida un juez.
La justicia, controlada por el comandante Ortega, es sospechosa para Novoa. De acuerdo a él, los procesados deben preguntarse por qué confiar en un juez técnico que durante el juicio cierra las posibilidades de fiscalización de los familiares y los medios de comunicación, como se ha visto en muchos procesos realizados a puertas cerradas.
“No hay jurado de conciencia y quedan interrogantes como quién nombró al juez. Aquí la escala judicial pasa por un tamiz partidario. Los jueces se cuadran”, dijo Novoa.
