13 de noviembre 2020
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La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una controvertida reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, que según sus críticos tiene carácter “recaudativo” y centraliza el recurso en manos del presidente Daniel Ortega.
Con 74 votos, la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó la que citaron como “actualización” de la llamada “Ley de Aguas”, y que otorgó las potestades del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cuyas decisiones dependerán de la Presidencia.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) criticó la reforma, por lo que consideró la imposición de “la voluntad del Gobierno de controlar, centralizar, politizar, y seguir instrumentalizando, conforme sus intereses partidarios, el quehacer público”.
La reforma “evidencia nuevamente la voracidad recaudatoria del Gobierno”, según el Cosep, debido al establecimiento de cobros y tarifas abiertos a la discrecionalidad.
Los empresarios también criticaron que la reforma dejó en manos de la Presidencia “el establecimiento y las modificaciones de los cánones por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos”.
"Reproduce modelo autoritario"
La Ley de Aguas modificada “reproduce el modelo vertical y autoritario del manejo de la cosa pública bajo criterios políticos y no técnicos”, agregó el Cosep.
La reforma además traerá “la reducción de la productividad y la competitividad de diversos sectores de nuestra economía, y no apuntan beneficio alguno para los usuarios”, sostuvo el gremio empresarial.
Entre las novedades de la Ley de Aguas está la restricción de apoyos sociales, que pueden significar la reducción de subsidios y de facilidades para los llamados Comités de Agua Potable (CAPs), compuestos por grupos de personas que deciden instalar sus propios suministros, especialmente en zonas periurbanas, dadas las carencias del Estado.
El acceso al agua potable y saneamiento es uno de los problemas más sentidos en Nicaragua, ya que hasta 2019 no alcanzaba el 50 % de la población, datos de la no gubernamental Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua.
