10 de enero 2019
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La decisión del Gobierno de Daniel Ortega -implementada por la secretaría técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU)- de recortar 67.3 millones de córdobas a la Universidad Centroamericana (UCA), es una prueba de que “aquí [en Nicaragua] se castiga al que piensa”, en opinión del rector de esa alma máter, padre José Idiáquez.
Tal como lo explica a Confidencial, desde hace varias semanas se venían viendo señales que les indicaban que este año también les cercenarían parte de los recursos que se asigna a una decena de universidades, que son las que reciben recursos provenientes del 6% constitucional destinados a la educación superior.
Los datos muestran que cada año se recortan los fondos asignados a la UCA. “Quien distribuye los recursos es el CNU, y aunque la UCA tiene un asiento ahí, cuando la Secretaría Técnica lo presenta, es un acuerdo que ya llega cocinado. Ya llega definido cuánto se le va a dar a cada uno, y ya no hay discusión. La mayor parte de los rectores que están ahí son muy obedientes”, recordó el educador.
El sacerdote explica que se dieron por aludidos desde que “aquel acto en el Olof Palme, donde el señor Andino hizo la petición pública de que se eliminara a la UCA del presupuesto del 6%, y luego, durante una entrevista que le hicieron en un canal de televisión él dijo ‘no le entreguen el dinero a las autoridades de la UCA’ y luego entregó los documentos al señor Ortega y la señora Murillo, y Ortega dijo que él iba a escuchar el mandato que le dan sus estudiantes”.
Lo que no esperaban es que fuera un zarpazo equivalente al 26.7% (en realidad, la cifra supera el 30% si se incluye la devaluación de la moneda), lo que ahora obligará a emprender una ingeniería financiera completa para que la universidad pueda seguir cumpliendo su cometido sin cancelar ninguna beca ni ningún contrato de trabajo.
“Hay que estar claros que este es un castigo que afecta a estudiantes pobres y a trabajadores pobres”, sentenció. “No me extraña que el gobierno reaccione de esta forma, porque están siendo coherentes con su forma de pensar, según la cual no se puede pensar sin enfrentar un castigo”, añadió.
2,600 estudiantes en riesgo
La reducción ordenada equivale a dejar sin beca a más de 2,000 estudiantes. La mayor parte del presupuesto que recibe esa universidad se usa para financiar becas, más un porcentaje para obras de infraestructura.
Con todo, el religioso aseguró que “no vamos a decirle a los estudiantes que van a quedar sin becas, que se vayan y que no terminen sus clases. Estamos viendo cómo vamos a enfrentar esto, pero no le vamos a decir a los muchachos que han perdido su beca”.
La universidad otorga unas cinco mil becas (parciales, totales, de diversos tipos) a los cerca de 8,500 estudiantes que atiende cada año.
El problema son los nuevos ingresos que están pidiendo becas. Las autoridades de la UCA esperan unos 1,500 alumnos de primer ingreso, y que 600 de ellos solicitarán becas. Por eso, la reducción “es mucho más grave porque impedirá que 600 nuevos muchachos pobres entren a la universidad, porque en este momento no podemos ofrecer el 100% de las becas, siendo que tenemos que ver cómo vamos a resolver a esos dos mil que quedan descubiertos”, explicó.
“Tenemos que hacer un reajuste, eso está claro. Lo que le estamos diciendo a la gente es que no estamos corriendo a nadie. Eso sí, le estamos diciendo al sindicato que no pida aumento de salario en una situación como esta. Tampoco contemplamos el cierre de alguna carrera. Otra cosa es que no tengamos grupos para abrir una carrera, por ejemplo, si algunos de los 600 que solicitan beca no puedan matricularse, y eso podría incidir en la necesidad de cerrar una carrera en la que sólo haya siete alumnos, por decir algo”, dijo Idiáquez.
Aunque insiste en la necesidad de efectuar una reingeniería, advierte que “si nuestro criterio fuera mercantilista, de buscar ganancias, simplemente veríamos a cuánta gente hay que cortar y seguimos adelante, pero ese no es el afán de una universidad jesuita como esta. Nuestro compromiso es estar del lado correcto en una situación como esta; estar al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Nuestra ‘opción por los pobres’, no es un simple eslogan, sino que se tiene que cumplir”.
Régimen insostenible
Jóvenes en una protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega, afuera de la UCA. Confidencial | Cortesía
“Todo está normal”, dice la narrativa oficial, mientras el régimen responde enviando decenas de antimotines para atemorizar a quienes asisten a la entrega de los premios Pedro Joaquín Chamorro.
“La gente sale a trabajar todos los días sin miedo”, aseguran los funcionarios, mientras alegan que la economía se levantará por sí sola, en un entorno en el que las empresas turísticas languidecen por falta de visitantes, se cierran gasolineras sin explicar por qué, y en las rotondas hay cada vez más policías para cuidar -no se sabe de qué o de quién- a cada vez menos rotonderos.
“Es un error pensar que esta situación es sostenible. No es posible que se mantenga un país en donde la gente está atemorizada, donde impera el terror, donde tenemos secuestrados políticos, donde no hay libertad de expresión, en donde todos pueden ver que la economía va para abajo”, señala el sacerdote José Idiáquez, rector de la UCA.
“Podés gobernar por cierto tiempo, pero como decía un compañero jesuita que ya falleció, ‘no se puede gobernar bajo el terror’. Llega un momento en que es muy difícil, y no es el camino correcto. Estamos en el siglo 21, y tenemos que humanizarnos, tener la capacidad de dialogar y de ceder, pero creo que seguir matando y seguir allanando como se está haciendo, no es el camino más adecuado”, aseguró.
