6 de julio 2020
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Tras cumplirse tres meses de pandemia en Nicaragua, el Ministerio de Salud (Minsa) mencionó por segunda vez en una de sus comparecencias sobre el avance de la covid-19, la palabra “pruebas”. Sin embargo, no lo ha hecho para indicar finalmente cuántas pruebas se han realizado en el país y cuáles son sus resultados, sino para advertir el supuesto ingreso “ilegal” de estos test. El científico Jorge Huete, doctor en Biología Molecular y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), estima que el trasfondo de esta alerta del Minsa es “ocultar” el verdadero número de casos de covid-19.
“Las autoridades de Salud buscan ocultar la triste realidad a la que han sometido a la ciudadanía, desconocimiento del número de casos reales. La negativa a que se autoricen las pruebas de diagnóstico en el sector privado pretende ocultar que Nicaragua presenta uno de los índices de mortalidad más altos del continente, más de 262 por millón, que significa un índice más alto que el de Brasil, la nación más afectada de la región”, apunta Huete.
Agrega que el problema expuesto por el Minsa en realidad se pudo evitar, pues se dio porque “no ha autorizado debidamente a los hospitales privados para que importen las pruebas de diagnóstico apropiadas. Si eso se resolviera no tendríamos ningún problema de este tipo de pruebas no autorizadas, porque se estaría autorizando a los laboratorios que cuentan con sus debidos permisos para que importen lo requerido y esa sería la solución del problema, porque la gente tendría donde ir a hacerse la prueba”.
Sin embargo, el Minsa recalcó su postura discrecional al no dar detalles de las pruebas que han realizado hasta la fecha, tampoco se ha referido a las 26 000 pruebas rápidas que le donó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En contraste, se limitó a asegurar que la “prueba de PCR en tiempo real es el único método aceptado para la identificación y confirmación de los casos de covid-19”, pues reclamó que las pruebas rápidas “son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de covid-19, por lo que alertamos a la población para que no se dejen estafar por estas personas inescrupulosas”.
Huete cuestiona que esta postura lo que hace es mostrar que “mantienen la posición de que ellos son los únicos todopoderosos que pueden hacer las pruebas, sin embargo, en la práctica se ha demostrado que están desbordados, porque no pueden darse abasto para la magnitud del problema”.
Cosep urge una respuesta
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) solicitó el pasado diez de junio, a través de un comunicado, que se permitiera la “importación de pruebas para su realización en el sistema de salud privado”.
Sin embargo, el Cosep no ha recibido ninguna respuesta a su solicitud, confirmó el presidente del gremio, José Adán Aguerri. “Sigue siendo una demanda. El Gobierno sigue diciendo que no a esa solicitud”, afirmó, tras comparar que en El Salvador, Honduras y Costa Rica ya ha dado esa posibilidad.
Aguerri indicó que este tipo de ventas ilegales se dan, precisamente, en mercados que no son libres, “la gente responde con esas medidas de contrabando, pero desafortunadamente en estos casos es más peligroso porque está en juego la salud”.
El presidente del Cosep detalló que parte de las pruebas que han solicitado que se puedan importar son las pruebas rápidas, moleculares y de anticuerpo, para que se realicen desde el sistema de salud privado, pero ante esta negativa del régimen Ortega-Murillo “por lo menos desde el Ministerio de Salud deberían tener la suficiente cantidad para la gente se lo pueda hacer”.
Aguerri apuntó que las pruebas de covid-19 en otros países se cotizan entre 70 y 120 dólares, pero en Nicaragua —como no dan esa opción— quienes temen asistir a un centro público y tienen las posibilidades de pagar han tenido que gastar más en la realización de una serie de exámenes que pueden sumar hasta más de 180 dólares para conocer si están o no contagiados.
Insistió en que la importación es clave para dar acceso a un diagnóstico seguro.
Prohibición para mantener control
El experto reitera que en el país existen suficientes laboratorios y a nivel internacional hay varios tipos de pruebas disponibles, que se podrían importar y que no requieren de mucha capacitación o instrumentalización tan sofisticada.
“No veo ningún problema de que se importen diferentes tipos de pruebas. Esa insinuación de que puede haber pruebas por ahí que no son las adecuadas creo que, si bien está dentro de lo posible, me parece que es difícil que esté ocurriendo porque ya en este momento existen los debidos mercados para importar las pruebas adecuadas. Me parece que más bien lo están mencionando como excusa para no dejarse en evidencia, por miedo a que las pruebas que la gente puede estarse realizando fuera del Minsa puedan arrojar un gran número de contagiados, fuera de la realidad que quieren presentar”, critica Huete.
También indica que el Minsa no tiene ninguna forma de explicar por qué no autoriza la realización de las pruebas a los hospitales y laboratorios privados, para apoyar a los médicos a diagnosticar correctamente la covid-19.
Un reclamo unánime sobre pruebas de covid-19
Un grupo de médicos nicaragüenses, el pasado dos de julio, denunció la “centralización” de las pruebas de covid-19, advirtiendo también que la “falta de acceso” deja al gremio “sin herramientas” para diagnosticar los contagios.
La misma Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las últimas dos semanas, insistió en que a tres meses de la confirmación del primer caso de covid-19 en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo sigue sin informar el número de pruebas que ha realizado y procesado en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) del Complejo Nacional de Salud “Conchita” Palacios.
El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó —el pasado 24 de junio— que aunque han dado apoyo en el entrenamiento del personal del laboratorio CNDR “no se ha recibido información sobre el número de pruebas realizadas y procesadas por el laboratorio nacional”.
El 30 de junio, la OPS volvió a insistir en el secretismo sobre las pruebas. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal, resaltó que “todavía no sabemos el número de test que hace” el país.
