“Pretenden criminalizar a la Iglesia”

A un año del ataque paramilitar a los jóvenes atrincherados en la UNAN-Managua, que luego se refugiaron en la parroquia de la Divina Misericordia, donde soportaron doce horas de balacera, monseñor Carlos Avilés analiza el papel de la Comisión de Verificación y Seguimiento, de la cual fue parte en el primer intento de Diálogo Nacional entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Daniel Ortega. Además, valora la situación actual de la Iglesia católica ante el asedio orteguista.

El también vicario de la Arquidiócesis de Managua, recuerda que él tuvo al menos tres contactos con la UNAN-Managua, en calidad de delegado de la Iglesia en la citada Comisión. El primer contacto fue un día anterior al ataque, cuando afirma que llegaron a la UNAN y las instalaciones del recinto “estaban buenas”, por lo que estima que “se ve más bien que, el día del ataque, los policías quemaron cosas ahí en la UNAN”.

Su segundo contacto fue la noche misma del ataque, cuando participó en las gestiones para la salida de los heridos, y —el tercero— al día siguiente, cuando lograron trasladar a todos los jóvenes desde la parroquia atacada hasta la Catedral Metropolitana de Managua.

Monseñor Avilés reconoce que el ataque al templo de la Divina Misericordia, donde un año después aún se ven los huecos de las balas en paredes y ventanas y en el recuadro de Jesús Misericordioso, fue una de las máximas expresiones de violencia contra la Iglesia católica, durante la represión gubernamental a las protestas cívicas. Sin embargo, considera que los obispos y sacerdotes son víctimas permanentes de difamación, asedio, amenazas de muerte y ahora, también, de la “criminalización” de su labor pastoral.

“Tal vez no violencia de balas, física, pero (ahí está) el lenguaje del presidente (Daniel Ortega) el 19 de julio del año pasado, (cuando) nos llamó golpistas y eso se ha mantenido en todos los medios de comunicación pro-Gobierno. Han mantenido ese ataque a obispos y sacerdotes, y eso va creciendo”, reclama. Asimismo, revela que el régimen amenaza con quitar la subvención a los colegios parroquiales, que participaron en el paro nacional de finales de mayo.

La Iglesia católica ha desempeñado un papel protagónico durante la Rebelión de Abril, como mediador en el primer intento fallido de un Diálogo Nacional, en la que presentó una agenda para la democratización del país y, sobre todo, desempeñando su labor pastoral al lado de heridos, familiares de los asesinados y presos políticos del régimen.

¿De qué forma el régimen se ha ensañado contra la Iglesia?

Sobre todo en estas campañas, estas campañas de difamación de obispos y sacerdotes. Hemos tenido varias reuniones de evaluación del año pasado y de este año, y en zonas pastorales como Masaya dicen que es continuo el asedio a las parroquias, que pasan motos y les toman fotos. Se escucha lo mismo en la zona de Carazo y aquí en Managua en algunas parroquias (es) igual. Los sacerdotes externan ese asedio de que siempre (hay) una moto, que siempre hay alguna persona, El ejemplo es Catedral (de Managua), porque siempre está la Policía en los alrededores y no necesariamente cuidando, sino diciéndole a los fieles que no entren, que no hay misa. Entonces lo sentimos como un asedio.

¿También se han registrado agresiones físicas?

Sí, pero eso fue el año pasado, cuando entraron a Masaya. A un sacerdote lo torturaron durante 44 horas, lo golpearon y lo torturaron. En Jinotepe, también se vio, pero eso fue durante la Operación Limpieza. Ya posteriormente agresión a sacerdotes y obispos no ha habido, no recuerdo, pero sí a los fieles laicos que son de nuestra Iglesia, sí les ha caído.

Un informe del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, analiza la “Libertad Religiosa Internacional” y menciona la persecución contra la Iglesia en Nicaragua. ¿Qué opina sobre esta campaña de persecución?

Eso es cada vez más fino, en las actitudes cuando te coaccionan lo que no puedes hacer. Por ejemplo, hace poco los colegios parroquiales que cerraron el día que se convocó a la huelga (nacional) han recibido castigo económico. La subvención del Gobierno, amenazaron con quitársela y otras acciones así, sobre todo verbales contra obispos, amenaza de muerte contra obispos y sacerdotes, eso es lo que se siente pues, la falta de libertad.

El informe del Departamento de Estado expresa su preocupación por esta persecución. Sin embargo, los obispos nicaragüenses no se han pronunciado al respecto, ¿por qué cree que están callados?

La cuestión es que los obispos no pueden estar hablando de cada acontecimiento. Ellos ya emitieron en 2014 un documento muy positivo, y el primero de mayo de este año igual, sacaron un documento en dónde hacen una radiografía de la situación del país, ponen cinco puntos que podrían ser como un programa, un proyecto para todo católico nicaragüense que desee seguir adelante. No pueden estar respondiendo a cada cosa… Ellos hacen una sola comunicación institucional y no (tienen que) estarla repitiendo. El primero de mayo ellos publicaron un documento, antes de eso dijeron: ‘No vamos a ninguna negociación, vamos a estar de lado el pueblo’, y después sacan ese documento, ya diciendo claramente la Nicaragua que (se) quiere, y ponen esos cinco puntos bien interesantes, de tal manera que las declaraciones sacerdotales o de obispos son individuales, pero institucionalmente esas son las posturas.

Un trabajador del Gobierno denunció por injurias y calumnias al obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal, Abelardo Mata. ¿Cree que se está criminalizando a la Iglesia católica en Nicaragua?

En primer lugar, habría que ver el desarrollo de esa acusación. Según tengo entendido, monseñor Mata refirió en una homilía, un discurso que estaba dando, y no mencionó nombres; entonces una acusación así no tiene sustento, pero sí se pretende criminalizar todo lo que se pueda, aparentar esa imagen de criminalización, claro que se quiere hacer con todos.

¿Hay otros obispos o sacerdotes que han sido señalados de haber cometido algún delito mientras ejercían su labor pastoral?

Claro, sobre todo sacerdotes. Hay dos o tres que están saliendo a cada rato en las redes y los noticieros del Gobierno, donde los acusan de violadores, de torturadores, los acusan de asesinos, lo cual es completamente falso. Son hermanos nuestros y nosotros conocemos su valía moral y que, como toda la Iglesia, a la hora de los acontecimientos estuvieron atendiendo indiscriminadamente a toda persona que pedía ayuda y, según me externó uno de ellos, allá en la zona de Carazo, que un 90% de los que él fue a atender eran del Gobierno. Lo llamaban diputados, cuando tenían retenido a alguien para que él gestionara y los liberaran, y ahora lo sacan diciendo que él era torturador, falseando totalmente y ese falsear lo que hace es criminalizar la labor. Le puedo decir del padre Juan de Dios García, el padre Edwin Román, el padre Harvin Padilla, el padre Pedro Méndez, y hay un sinnúmero de sacerdotes en el interior del país, yo le hablo de la Arquidiócesis porque es donde conozco.

¿Cree que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está detrás de esta campaña contra la Iglesia?

No sé si directamente la estén dirigiendo, pero usted sabe que los partidos tienen fanáticos seguidores. Tal vez hay gente que cree que le está haciendo un favor a ellos haciendo esto, y más bien les están empañando la imagen como violadores de derechos humanos, porque al fin de cuentas, en ellos recae toda la responsabilidad de poner los límites a sus comunicadores.

Recientemente, el papa Francisco realizó cambios en las diócesis de León y Chontales, ¿cómo va impactar esto en el trabajo pastoral en estas zonas del país? ¿Quiénes son los candidatos a obispo?

Siempre que el Vaticano hace estos cambios —monseñor Bosco (Vivas, de León) había puesto la renuncia (por alcanzar la mayoría de edad) —, siempre piensa en el bienestar pastoral. En Chontales, se nombrará un administrador apostólico. Usualmente, el Vaticano maneja nombres de candidatos (a obispos) todos los años, se necesite o no, pero eso se maneja en secreto pontificio. Lo proponen los obispos, la nunciatura hace las investigaciones y envía a Roma y el Papa decide… Tengo entendido (que en León), me dijo el cardenal (Leopoldo Brenes), el 24 de agosto va ser la toma de posesión, ese día llega monseñor (René) Sándigo.