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Policías de Las Jagüitas no están en La Modelo

Yelka Ramírez reclama que ni el gobierno ni Aminta Granera les cumplieron las promesas

Yelka Ramírez, madre de los niños asesinados en la masacre de Las Jagüitas. Carlos Herrera | Confidencial.

Wilfredo Miranda Aburto

22 de diciembre 2015

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Han pasado cinco meses desde que los oficiales que perpetraron la masacre de Las Jagüitas fueron condenados y declarados culpables en un juicio fuertemente cuestionado por los familiares de las víctimas. Sin embargo, los oficiales no pagan su condena en el Sistema Penitenciario, sino que están en las celdas de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote, relataron fuentes policiales.

Una fuente policial confirmó que los nueves oficiales que abrieron fuego contra la familia de Yelka Ramírez no fueron trasladados a La Modelo bajo el argumento de preservar su seguridad personal.


Estos oficiales pertenecen a la unidad que lucha contra el narcotráfico por lo que el argumento de la seguridad es válido y una práctica común en la institución, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dado su vínculo con la actividad delictiva.

“A la hora que los policías o militares cometen delitos se tiene por practica no privarlos de libertad en los mismas celdas con quienes están cumpliendo penas por los riesgos a su seguridad. Pero eso no debe confundirse con incumplir penas o privilegios nada razonables”, dijo Carrión.

Las fuentes policiales señalaron, sin embargo, que la orden de mantenerlos en El Chipote emanó de la secretaria del Frente Sandinista, el centro del poder del gobierno del comandante Daniel Ortega. “Están en una covacha en Auxilio Judicial y acordate que son oficiales que han luchado contra el narcotráfico y no pueden llegar a La Modelo por su seguridad. Además que esas son órdenes de allá arriba, de la Secretaría”, detalló la fuente.

Otra de las razones para mantener a los oficiales en El Chipote, es que la Policía todavía los necesita para dar seguimiento a algún expendedor de drogas o un narcotraficante al que ellos le seguían la pista. Según la fuente, una coloración similar como la que se da con policías retirados que tienen información y experiencia.

El encargado de Relaciones Públicas de la Policía, el comisionado César Cuadra, no quiso referirse al tema. “De eso no puedo darte declaraciones, mándame un correo electrónico para atenderte”, excusó.

“Obviamente debemos presumir que no los tienen encerrados como están otras personas acusados de crimen organizado, de lavado de dinero y otros tipos de delitos, porque no solo hay delitos relevantes”, dijo Carrión. “Allí están injustamente detenidos los de la Mina el Limón, los del IRC de Chichigalpa. Seguramente esos policías deben estar en las condiciones que tuvieron al expresidente Arnoldo Alemán en El Chipote, en instalaciones distintitas”, agregó.

El defensor de derechos humanos aseguró que los policías podrían estar en La Modelo en galerías especiales como las que le habilitaron a Alemán.

Familia denuncia y recurre al CENIDH

Yelka Ramírez, víctima de la masacre, y su familia mostraron inconformidad por el hecho de que los nueve oficiales estén en el Chipote. “Tiene que ser como cualquier criminal, tienen que ir a La Modelo. ¿Esa no es la cárcel que les dan a todos los delincuentes?”, fustigó Ramírez.

El padre de los niños fallecidos, Milton Reyes, increpó a la primera comisionada Aminta Granera: “Así como condenaron y los que están presos y pagando sus penas de la mina El Limón que así paguen ellos, porque yo no entré en juego ni confrontación con la policía. Yo venía de la iglesia con mi familia… entonces por qué si los otros están pagando condena, ¿qué especialidad tienen ellos para estar dónde están?”.

El coraje de Yelka Ramírez la empuja a seguir en busca de justicia, porque catalogó el proceso como “una payasada”. Ella y su familia asistieron al CENIDH a denunciar que ni el gobierno de comandante Daniel Ortega ni la Policía Nacional les han cumplido las promesas que les hicieron tras la masacre.

Ramírez reclamó que no les han brindado tratamiento psicológico, la Alcaldía de Managua no ha legalizado las tumbas donde descansan, y el carro en el que viajaban la trágica noche del 11 de julio no les ha sido devuelto.

“Ya llevamos cinco meses y no nos dan respuesta de nada. Las promesas y todo lo que nos dijeron fue algo mentira. Ha sido una burla lo de nosotros, desde que empezó el juicio”, fustigó Ramírez.

Reyes aseguró que las autoridades los “han boleado” de la Policía a la Alcaldía pero nadie les da respuesta ni la cara. “La Aminta Granera no nos abre la puerta ni Fidel Moreno”, reclamó.
Ramírez pudo haber tenido uno de los días más felices de su vida el 10 de diciembre. Sus pequeños asesinados se promocionaban. “Yo no pude recibir este cartón con ellos. Vieras cómo soñaba recibir este cartón con mi hijo. Me lo soñaba. No pude. Me los mataron”, dijo entre llantos Ramírez.


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Wilfredo Miranda Aburto

Wilfredo Miranda Aburto

Periodista. Destaca en cobertura a violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal en territorios indígenas, medio ambiente, conflictos mineros y ejecuciones extrajudiciales. Premio Iberoamericano Rey de España 2018.

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