Policía, "el principal órgano represor y de vigilancia ilegal"

Al menos 202 defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua han sufrido un total de 389 agresiones de 2015 a la fecha, según un informe de su situación, presentado este miércoles por la Iniciativa Nicaragüense Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres.

El informe, titulado “Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua”, señala que una de cada dos agresiones fueron realizadas por autoridades estatales y que la Policía es el principal órgano represor y de vigilancia ilegal hacia las defensoras.

Entre las agresiones que reciben las defensoras están amenazas, vigilancia, detenciones e interrogatorios ilegales, uso de listas estigmatizantes y excluyentes, violencia extrema, tratos inhumanos y degradantes. Además, incluyen el desprestigio y la exposición en medios y redes sociales afines al partido de Gobierno.

“Una de cada tres agresiones registradas en este período (2015-2017) sucedieron en Managua. Sigue el Caribe Norte, León y Nueva Segovia. Es notorio el aumento de represión a las defensoras de la tierra y los territorios”, dice parte del informe.

La mayoría de agresiones, detallan, fueron de tipo personal y en ocasiones fueron dirigidas a familiares a través de la intimidación o la agresión física. Una de cada tres es colectiva y fueron vinculadas a la restricción de la movilización y el derecho de la protesta pública como la participación en marchas.

Aumenta violencia contra defensoras de la tierra

El documento detalla que en los últimos dos años se han incrementado las agresiones hacia las defensoras y defensores de la tierra. Las situaciones que hacen vulnerables sus derechos son la concesión del territorio nacional al capital chino para el proyecto del Gran Canal Interoceánico, la falta de consentimiento libre, previo e informado, y la creación de los gobiernos paralelos para controlar el territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

También reportan la negativa del Estado para sanear los territorios de la Costa Caribe Norte y Sur y la explotación por parte de la industria minera y forestal en áreas legalmente protegidas, y en territorios como San Albino, Mina La India, Rancho Grande y Santo Domingo.

Señala el informe que la política del Gobierno ante las denuncias de los defensores es de silencio y represión, y que vela por los intereses de unos pocos. Una de las defensoras que más agresiones ha sufrido de parte del Gobierno, precisa, es Francisca Ramírez, líder del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía.

La líder campesina denunció en Irlanda al Gobierno de Daniel Ortega por irrespetar los derechos humanos de quienes se le oponen.  Ramírez fue invitada por la fundación Front Line Defenders a participar en un conversatorio junto con otros cien defensores de derechos humanos.

Durante su discurso, Ramírez dijo ante un auditorio en el que también estuvieron miembros de las Naciones Unidas y de la Unión Europea que: “todas las personas en Nicaragua que nos oponemos a cualquier proyecto del Gobierno, no tenemos derecho a un trabajo. Nos quitan los trabajos de nuestra familia. No tenemos derecho a nada como un ser humano. Somos tratados como si fuéramos unos delincuentes”, dijo con la voz entrecortada la dirigente campesina.

También en las comunidades indígenas

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan) ha acompañado a víctimas comunitarias del Caribe Norte de Nicaragua en las denuncias de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones sexuales.

Este trabajo ha puesto en riesgo a las defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan para informar y acompañar a la población indígena, afirman las defensoras. En el informe se exponen las amenazas, advertencias y ultimátum que en repetidas ocasiones, han recibido Lottie Cunningham y Juana Bilbano, miembros de Cejudhcan.

“En el pasado, la CIDH, ha otorgado medidas cautelares tanto a estas comunidades indígenas como a Cunningham y Bilbano. A pesar de estas medidas los asesinatos continúan ocurriendo, encontrándose entre los casos más cruentos el asesinato de dos defensoras: Dixon Peralra (junto a su esposo e hijo) y la jueza comunitaria Celedonia Salazar, ultimada junto a su pareja”, expone el documento.

También revela que hubo once casos de tortura, nueve incidentes en los que existió uso excesivo de la fuerza y al menos nueve intentos de asesinatos.

El informe cuestina que ante estos delitos, la impunidad y omisión por parte del Estado ha sido evidente, a pesar de los llamados que la CIDH ha realizado a proteger a la comunidad misquita.

El documento aborda la situación de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y ofrece varias tablas y gráficos en las que se detalla uno a uno los casos de agresión en el periodo de tiempo que comprende este análisis.

Un reflejo del país

Margarita Quintanilla, de la Iniciativa Nicaragüense Defensoras, explicó durante la presentación del informe que desde 2014 comenzaron a recopilar las agresiones de forma cualitativa a través de anécdotas y con esto se logró publicar el primer documento. Luego en 2015, después de haberse sumado al Sistema de Registro de la Iniciativa Mesoamericana, elaboraron un análisis cuantitativo que reforzó el primero.

“Este informe da cuenta no solo de la situación de las defensoras en Nicaragua, sino del país como tal. Da cuenta del detrimento de la democracia, de un Estado que no respeta el defender los derechos, que no respeta el derecho a manifestarse en la calle o por tener un pedazo de tierra. Sirve para hacer saber a la comunidad internacional que el país más seguro de Centroamérica tiene en esta situación a sus defensoras”, consideró Quintanilla.

En la presentación también estuvo Vilma Núñez, directora del Cenidh. La reconocida defensora envió un mensaje alentador para que los derechos de los ciudadanos se continúen resguardando, sin importar si el caso es pequeño o grande, y sin retroceder a pesar de las presiones que impone el Gobierno.

“Todos los derechos humanos valen y tenemos que buscar cómo hacerlos respetar, y también que esa persona a la que estamos apoyando se convierta en su propia defensora, es decir, promover la autodefensa de los derechos humanos, que al final es lo más productivo y lo más importante”, finalizó la directora del Cenidh.