Nación

Sandra Ramos rechaza cerco policial al MEC: “zarpazo a la institución”

Agentes de la Policía Nacional rodearon la sede del movimiento de mujeres María Elena Cuadra, e impidieron que las trabajadoras ingresaran al edificio

Oficiales de la Policía Nacional cercaron este viernes 25 de septiembre el perímetro de las instalaciones del movimiento de mujeres María Elena Cuadra (MEC). Los agentes colocaron conos anaranjados en la entrada del lugar e impidieron durante cuatro horas que las trabajadoras entraran al inmueble. La actuación policial ha sido criticada por otras oenegés nacionales e internacionales, y calificada como “un zarpazo a la institución” por Sandra Ramos, administradora de la organización.

Ramos se presentó al lugar a indagar la razón de la presencia policial, pero los oficiales no le dieron ninguna explicación, ni le presentaron ninguna orden de allanamiento. “Este zarpazo a la institución es porque quieren aplicar la famosa ley (iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros)”, denunció.

A juicio de la líder sindical, el objetivo del asedio es impedir el trabajo de la organización, y advirtió que “el María Elena Cuadra no son estas paredes, este cuchitril, sino que es el espíritu de las mujeres trabajadoras”.

Asimismo, Ramos advirtió: “me quieren echar presa” y les gritó a los oficiales “si me quieren llevar, llévenme, yo no les tengo miedo”. También recordó que el MEC es una organismo que surgió luego que la echaron de la Central Sandinista de Trabajadores (CST): “Los conozco, yo estuve ahí, no les tengo miedo, sé lo que son”, dijo.

Los oficiales permanecieron en el lugar hasta las 11:00 de la mañana y sin dar explicaciones decidieron retirarse. Los agentes no contestaron a las múltiples preguntas de periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores de la organización.

“No es un asedio más”

Para la abogada Karla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lo sucedido “no tiene explicación lógica”, ya que los oficiales se tomaron por la fuerza el lugar, algo que no había sucedido en otros lugares asediados por la Policía.

“Tenemos que tener claro que este no es un asedio más”, dijo Sequeira. En los otros lugares que han sido asediados “la Policía llega y se queda afuera”, y en este caso, aunque los oficiales no ingresaron al inmueble, no permitieron que nadie entrara o saliera del edificio.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CenidH), Vilma Núñez, alertó que “no se trata de una agresión más”, sino que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya “inició a poner en marcha la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que ingresó a la Asamblea Nacional el pasado 22 de septiembre y que todavía no ha sido aprobada.

La socióloga y académica Elvira Cuadra advirtió sobre una “nueva fase de represión” del régimen. “Uno de los objetivos del Gobierno de los Ortega Murillo son las organizaciones sociales”, dijo Cuadra a la agencia Efe.

“Hoy amanecieron con la Policía secuestrando arbitrariamente las oficinas del movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, la organización que durante más de 20 años ha defendido los derechos de las trabajadoras de las maquilas”, criticó.

Oficiales de la Policía en el edificio del Movimiento María Elena Cuadra.

Persecución a las ONG

En diciembre de 2018 el Ministerio de Gobernación (Migob) le quitó la personería jurídica a nueve organizaciones, a las que además confiscó sus bienes. Las organizaciones confiscadas fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Popol Na, Fundación del Río y al Instituto de Liderazgo en Las Segovias.

El Migob aprobó además una normativa sin la publicidad requerida, que sirvió como instrumento del régimen de Daniel Ortega para ejercer un control político sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a quienes tácitamente prohibieron intervenir en la promoción de derechos humanos y democracia, simulando un interés superior en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos en Nicaragua.

El contenido de la normativa que entró en vigencia en abril de 2019 se mantuvo oculto hasta diciembre de ese mismo año, situación que evitó que los organismos afectados tuvieran oportunidad de recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Es así que algunas ONG fueron multadas y citadas por el Migob por incumplir con un articulado prácticamente desconocido.

Apoyo a las madres de presos políticos

El movimiento María Elena Cuadra es una de las organizaciones que forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y que participó en el primer diálogo nacional como contraparte del régimen de Daniel Ortega tras el estallido social de abril de 2018.

Ramos explicó que el asedio policial en contra de la organización es algo que “lo esperábamos”, en represalia política “porque acuerpamos a las madres de los presos políticos, algo que con mucho orgullo lo hemos hecho, porque son mujeres agredidas por la institución gubernamental que tiene secuestrado a sus hijos”, subrayó.

El director de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, recordó la “constancia” y “coherencia” en la defensa de los derechos que ha mantenido el movimiento María Elena Cuadra, y notificó lo sucedido a organismo internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre este gravísimo acto de represión y lo repudiamos vehementemente. Se debe detener inmediatamente el asedio en contra de las ONG y otras organizaciones opositoras”, expresó Chamorro.

La presencia de la Policía en las instalaciones del MEC fue repudiada también por organismos como el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Cenidh, instituciones que también demandaron al régimen de Ortega que “cese este atropello en contra de la organización, permita el ingreso normal de los trabajadores y se les respete la integridad física y psicológica”.


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