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Policía licita compra de vehículos con fondos del BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica continúa financiando al régimen orteguista y su Policía

Banco Centroamericano de Integración Económica continúa financiando al régimen orteguista y su Policía pese a los señalamientos de represión.

Redacción Confidencial

9 de mayo 2019

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20 microbuses y cuatro lanchas con motor fuera de borda, serán la nueva adquisición de la Policía orteguista para “el fortalecimiento de capacidades operativas”, según detalla un anuncio de licitación, publicado en periódicos de circulación nacional esta semana. La compra asciende a más de medio millón de dólares y será totalmente financiada por el Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE), pese a los señalamientos de que la cooperación económica de esta institución continúa oxigenando a la dictadura.

“Después de las denuncias nacionales e internacionales que organismos de derechos humanos han realizado sobre la actuación de la Policía y las graves violaciones que han cometido durante el último año, y desde antes; es cuestionable que existan Gobiernos u organismos multilaterales que en este momento estén facilitando financiamiento a esa institución. Es lamentable, por decir lo menos, porque saben que ese financiamiento será utilizado en acciones de represión contra los ciudadanos”, comenta Elvira Cuadra, socióloga e investigadora en temas de seguridad.


De acuerdo con el documento base de Licitación Pública Internacional, publicado en la página web de la Policía, el financiamiento otorgado cubre un presupuesto total de US$ 543 779.35, para la adquisición de 17 microbuses tipo panel, dos microbuses de 30 pasajeros, un microbús de 25 pasajeros y cuatro lanchas con motor fuera de borda.

Población pagará los vehículos

Para Cuadra, resulta inexplicable “que el BCIE siga financiando a esta institución cuando hay evidencias claras que esos fondos servirán para las acciones de represión, además, son fondos otorgados como préstamos, es decir que los tendrá que pagar la misma población nicaragüense”, asegura.

Según Roberto Cajina, consultor civil en seguridad, los fondos para la adquisición de estos medios, provienen del Contrato de Préstamo 2073 suscrito entre el Gobierno de Nicaragua y el BCIE el 30 de abril de 2014 y ratificado por la Asamblea Nacional el 11 de junio de 2014. Y el monto de ese préstamo es US$ 16 334 985.

La dictadura de Daniel Ortega estableció un Estado policial de facto, para terminar con las marchas
cívicas que llenaron las calles de Managua. En la foto, una mujer encara a los antimotines, a mediados
de septiembre de 2018. Carlos Herrera | Confidencial

Este contrato de préstamo, está destinado a “financiar parcialmente la ejecución del proyecto “Ampliación de la cobertura rural de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana”, detalla el decreto. Sin embargo, Cuadra asegura que en el contexto actual del país “cualquier recurso destinado a la Policía solamente puede contribuir con las acciones de represión a la ciudadanía”.

La socióloga añade que la institución policial ha abandonado prácticamente todas sus funciones ordinarias para dedicar sus esfuerzos a reprimir manifestaciones o asediar actividades en contra del Gobierno y que “el tipo de vehículo que se describe en la licitación, con excepción de las lanchas, no son de uso en zonas rurales como las que tiene Nicaragua. Entonces, hay muchas dudas sobre la utilidad real que van a tener esos vehículos”, finaliza.

Pocas opciones

A Róger Arteaga, que fue funcionario del BCIE por 20 años, no le extraña que ese banco regional actúe de esa manera, considerando que esa entidad financiera “pertenece a los países de la región”. Siendo así, es lógico que si los Gobiernos del área están alineados con Ortega, sus representantes en el BCIE sigan votando así.

La estructura del Banco determina que el 51% de los votos está en poder de los cinco socios fundadores, o sea, los cinco países centroamericanos, mientras el resto de socios regionales no fundadores (Panamá, República Dominicana y Belice), más los seis extrarregionales, (Taiwán, México, España, Colombia y Argentina más Cuba, que por ahora solo es un observador), manejan el 41% restante.

Una de los cambios en el Complejo Judicial de Managua es la presencia excesiva de policías y antimotines cuando se realizan juiciios de líderes y denuncias. Carlos Herrera | Confidencial

Uno de los cambios en el Complejo Judicial de Managua es la presencia excesiva de policías y antimotines cuando se realizan juicios de líderes y denuncias. Carlos Herrera | Confidencial

En ese panorama, es poco lo que se puede hacer por ahora, Ortega tiene la ventaja… por ahora, pero eso puede cambiar cuando los presidentes entrantes de El Salvador (Nayib Bukele), y de Panamá (Laurentino Cortizo), asuman la presidencia de sus respectivos países, el uno de junio y el uno de julio respectivamente.

Otra posibilidad, es la petición en línea, a través del portal www.change.org en la que grupos ciudadanos están pidiendo a la Asamblea de Gobernadores del BCIE -máxima instancia de gobernanza del Banco- que incida “sobre los directores y las instancias administrativas a desistir de esta acción, que irremediablemente dañará la reputación de un Banco diseñado para financiar progreso, desarrollo e integración entre la familia centroamericana”.

En todo caso, parece poco probable que se logre congelar la licitación de los vehículos para la Policía Nacional, siendo que “es un préstamo viejo. Lo que sí se puede intentar es que dejen de aprobar nuevos créditos, si las cancillerías de cada país miembro, instruyen a sus representantes en el BCIE en ese sentido”, dijo un profesional independiente que accedió a conversar con Confidencial, con la condición de mantenerse en el anonimato.


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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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