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Justicia orteguista detiene por 90 días a extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios

Hasta la noche de este sábado el Poder Judicial decidió emitir un comunicado confirmando que estos estarán detenidos hasta el 26 de agosto

El Poder Judicial orteguista decidió ampliar por 90 días el plazo para investigar a Walter Gómez, exadministrador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Marcos Fletes, excontador, quienes fueron secuestrados este viernes 28 de mayo por policías y paramilitares. Según un comunicado del Poder Judicial, ambos fueron conducidos la mañana de este sábado al Juzgado Décimo Penal de Audiencias, mientras sus familiares llegaban a la Dirección de Auxilio Judicial para conocer su paradero y nadie les brindó ningún tipo de información.

“Durante la audiencia, el fiscal del Ministerio Público, licenciado Jean Dylan Rivas Falcon, indicó a la judicial que por la gravedad de los delitos denunciados, por ser el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos un delito de crimen organizado, existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación, por lo cual solicitaba la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial”, dice el comunicado del Poder Judicial.

Ahora, Gómez y Fletes podrán estar retenidos por la Policía orteguista hasta el próximo 26 de agosto, mientras se realizan las investigaciones por lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en contra de Cristiana Chamorro y la extinta Fundación Violeta Barrios que ella dirigió hasta febrero de 2021 cuando decidieron cerrar para no someterse al control de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el régimen orteguista.

Según el mismo documento, quien resolvió ampliar el plazo fue la jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, doctora Gloria Saavedra.

El dos de febrero de 2021, los diputados orteguistas en el parlamento decidieron aprobar la reforma y adición a la Ley 406, del Código Procesal Penal de Nicaragua en el que ampliaron el tiempo en que puede estar detenida una persona para ser investigada de 48 horas a 90 días, un movimiento que causó polémica entre los opositores porque criticaron que esto permitiría mantener a personas detenidas sin justificación.

El temor de los grupos de oposición se basó en que la Policía orteguista se ha dedicado a asediar día y noche a candidatos a la presidencia, exreos políticos e incluso aquellos que fueron beneficiados con la Ley de Amnistía en junio de 2019. El temor, era que el régimen tuviera más elementos para detener a personas bajo “investigación”, y eso diera tiempo suficiente a la policía orteguista de fabricar pruebas en su contra. 

Nadie informó a familiares sobre el paradero de detenidos

Los oficiales de la Policía del régimen de Daniel Ortega cerraron los portones de la Dirección de Auxilio Judicial cuando vieron que se acercaban los familiares y abogados de Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), quienes fueron secuestrados por paramilitares y policías este viernes en horas de la noche.

La esposa de Walter Gómez, María Consuelo Céspedes, se presentó junto con la abogada Orieta Benavides al Complejo Judicial Evaristo Vásquez, conocido como “El Nuevo Chipote”, que pertenece a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía del régimen de Daniel Ortega. Al percatarse de la presencia de los familiares y medios de comunicación, los encargados de atención a la ciudadanía cerraron todos los portones, y a pesar de las peticiones de Benavides para ser atendida, no logró resultados.

“Nos disponíamos a pedir información aquí en las oficias de Auxilio Judicial, a penas advirtieron nuestra presencia inmediatamente cerraron por completo los portones y las puertas de acceso para información al público y no atienden al llamado. Como hemos podido observar y escuchar hay órdenes de no dejar entrar a nadie y al parecer no van a atender ni dar ningún tipo de información”, dijo la abogada Benavides luego de varios intentos para hablar con un oficial.

Según explicó, se presentaron a la Dirección de Auxilio Judicial para constatar si, en efecto, allí se encuentran Gómez y Fletes, luego de haber sido secuestrados entre la tarde y noche de este viernes. “No conocemos su paradero”, dijo la abogada, y además resaltó que, según la Ley, es obligación de las autoridades brindar información sobre dónde se encuentran las personas secuestradas por la Policía.

“Vamos a analizar todas las posibilidades (legales). Sí puedo mencionar que desde que empezó la investigación en la Fiscalía se presentaron recursos de exhibición personal, de amenazas de detención ilegal ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua. Estos recursos los interpusimos desde el día 25 de mayo a favor de Marcos Fletes, Walter Gómez y Cristiana Chamorro y los tres recursos fueron declarados improcedentes”, dijo Benavides.

Por el momento, aseguró, se encuentran analizando todas las opciones legales que tienen en el caso de la investigación por supuesto lavado de dinero que el régimen de Ortega desató en contra de Cristiana Chamorro y la FBVCh.

También los familiares fueron a buscar a los secuestrados a los Juzgados de Managua, tras escuchar que supuestamente se había realizado una audiencia de garantías, sin embargo, la abogada Eyling Cruz, aseguró que no lograron corroborar la información en el sistema del Poder Judicial.

“No tenemos ninguna información, no hemos tenido acceso a ellos. No tenemos conocimiento si se ha realizado alguna audiencia de garantías, no hemos sido notificados”, dijo Cruz.

“Mi esposo siempre ha sido un hombre intachable”

Según Céspedes, esposa de Gómez, a él se lo llevó la Policía de su casa y un oficial le dijo que sería trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial y le aseguraron que la Fiscalía “le pasó su caso (a la Policía) y lo venimos a llevar”, aunque aclara que no le presentaron ninguna orden de detención.

“No había orden, se las pedí. Y le dije con calma pues, porque él va por su voluntad. Se lo llevaron y después yo ya me quedé en la pesquisa de la casa. Llegaron con violencia, casi a botarme la puerta”, contó Céspedes.

En su relato, dice que mientras un oficial le estaba tocando la puerta, otros dos antimotines intentaban ingresar a la vivienda por el garaje, por lo que no tuvo otra opción más que abrirles. Le pregunté si había una orden y me dijo que no había orden, pero que tenía que abrirle”.

Además, agregó que “mi esposo siempre ha sido un hombre intachable”, y aseguró que todo lo que se está realizando desde la Fiscalía y la Policía es meramente “político, no hay otra”, dijo a los medios de comunicación.

Desfile de periodistas

A pesar que las investigación que realiza la Fiscalía son en contra de la Fundación Violeta Barrios, el Ministerio Público hizo desfilar a más de 14 periodistas durante los primeros cuatro días de entrevistas en medio de una serie de irregularidades que se cometieron en contra de algunos de los citados.

Por ejemplo, a la periodista de la cadena Univisión, María Lilly Delgado, y a los extrabajadores de la Fundación Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, se les impidió presentarse con su abogado, y se les pasó de ser de testigos a “investigados”, si insistían en tener a sus representantes legales.

De igual manera, al periodista José Adán Silva lo hizo firmar su acta de declaración un oficial de Policía, posteriormente, cuando salió del Ministerio Público, fue detenido por oficiales y paramilitares quienes le quitaron sus documentos de identidad para tomarles fotografías, luego fue seguido por varios kilómetros por vehículos sin placas.

En un comunicado emitido en la tarde del vienes 28 de mayo, el Ministerio Público indicó que seguirán citando a quienes han sido beneficiados con los programas ejecutados por la FVBCh.

 



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