26 de agosto 2021
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Dos abogados de la Intendencia de la Propiedad acompañados por diez policías llegaron a la vivienda de la periodista Patricia Orozco el martes 17 de agosto para confiscar la casa que el Estado le había otorgado hace 36 años, y que antes había intentado vender sin éxito a la familia Ortega-Murillo, porque está ubicada en los alrededores de El Carmen. Tras la confiscación, la comunicadora aseguró, desde el exilio, que “querían la propiedad”.
Los funcionarios de la Intendencia aseguraron a la familia de Orozco “que la casa era del Estado y, por tanto, había que desalojar”. Los policías no tenían orden de retirarse mientras el inmueble no quedara vacío, denunció Orozco, directora del portal digital Agenda Propia, durante una entrevista en el programa Esta Noche.
Explicó que su casa fue entregada como una “reivindicación” del Estado sin condiciones de plazos para ser habitada.
“Hice un intento para vender la casa, aunque no era una zona muy apetecida porque está en los alrededores de la casa de Daniel Ortega; a la misma familia Ortega, yo le dije que podía venderles la casa; sin embargo, la cosa no avanzó, no procedió, y la respuesta la encuentro hoy. Lo que querían era la propiedad”, relató la también exdirectora del programa radial Onda Local.
Previo al desalojo y expropiación de su vivienda, Orozco fue citada en tres ocasiones por la Intendencia de la Propiedad —que forma parte de la Procuraduría General de la República— para que compareciera personalmente a sus oficinas centrales o delegaciones departamentales y tras no asistir, procedieron a la confiscación de facto, bajo el único argumento que la vivienda pertenecía al Estado.
Fiscalía en búsqueda de “pruebas”
Orozco acumula más de veinte años de experiencia periodística y ha sido una de las más de treinta reporteros citados por la Fiscalía para interrogarlos por sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), bajo una investigación por supuesto delito de lavado de dinero. Esta semana, Orozco volvió a ser citada.
Desde su perspectiva, la Fiscalía busca acumular “pruebas” para inculpar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCh, contra quien este martes el Ministerio Público amplió la acusación por delitos de apropiación y retención indebida, más el supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva.
Orozco explicó que la entrevista en la Fiscalía se centró en “la relación del programa Onda Local, del cual yo era directora hasta diciembre del año pasado y la Fundación Violeta”.
“A estos señores de la Fiscalía les dije que efectivamente, nosotros habíamos recibidos fondos de la Fundación, que nosotros hacíamos una programación de los temas, que era nuestro derecho editorial hacerlo, nunca la Fundación nos impuso qué temas teníamos que abordar, sino que los fondos eran entregados contra esa programación temática y de fechas que nosotros hacíamos”, explicó.
“Nosotros nunca recibimos intimidación de nadie, orientación de nadie para que hiciéramos uno y otro programa, una u otra edición”, afirmó la periodista. A la vez, destacó que el trabajo de la Fundación ha sido contribuir, a través de colaboraciones a medios independientes, con el “periodismo serio, el periodismo de fondo”.
Exilio e intimidación a su familia
La periodista se exilió porque existía hacia ella “una seria amenaza de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, y porque además la intentaron desprestigiar, al señalarla de recibir “miles de dólares a favor de Onda Local, pero que indirectamente eran para mí”.
“Yo digo: ahí está la casa donde yo vivía, yo no soy una millonaria como Daniel Ortega, yo sigo viviendo del salario que yo gano”, se defendió Orozco.
Denunció que un grupo de “paramilitares” en vehículo se mantiene estacionado día y noche muy cerca de la vivienda de sus padres de avanzada edad. “Son hombres de civil que están estacionados en actitud amenazante y en actitud vigilante”, describió.
La Fiscalía los obligó a firmar el recibido de su segunda citatoria, pese a que ella no vive con sus progenitores desde hace décadas. La periodista reclama que “no se metan con mi familia”.
Pese a las amenazas y asedio, Orozco reafirmó su lucha por la libertad y la igualdad, desde su profesión. “No he renunciado al periodismo”, dijo.
“Nos ha amenazado, nos ha insultado públicamente porque decimos la verdad, porque informamos lo que la gente plantea, las demandas de la gente, lo que le pasa a la gente en distintos territorios; eso no le gusta a la dictadura, que nosotros digamos lo que la gente dice porque no es lo que yo digo (…)”. “Seguiré contribuyendo a la libertad de Nicaragua”. sostuvo.
