27 de agosto 2020
AA
La percepción del incremento de la violencia e inseguridad en Nicaragua, durante los últimos meses, guarda relación con el incremento de la población delincuencial y los grupos parapoliciales que fueron armados en el contexto de la represión oficial de 2018 y que ahora se han unido al delito común y, además, con el reenfoque de la Policía Nacional que garantiza la seguridad de la dictadura, por encima de la seguridad ciudadana, coinciden especialistas en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional.
“Desde 2018 el principal reto o amenaza a la seguridad de los ciudadanos es la violencia estatal, que es ejercida por la Policía y los grupos paramilitares. Y lo que ha sucedido en los últimos meses es que esa violencia política se ha extendido a otras formas de violencia y a una inseguridad más generalizada, que tiene que ver con los delitos comunes”, señala la socióloga e investigadora, Elvira Cuadra.
El incremento de esta inseguridad ha provocado un aumento de hasta un 338% de violencia durante el primer semestre de este año, en comparación con el 2019. Además de una ola de robos a mano armada y de femicidios. Según los reportes semanales de la Policía Nacional, durante las últimas cuatro semanas fueron detenidas por “delitos de alta peligrosidad” 317 personas y de esas, el 70.66% fueron arrestadas por robo con intimidación.
Liberación de presos es un detonante
Si bien cada país tiene una población delincuencial “natural”, en Nicaragua esta ha incrementado tras las liberaciones de presos comunes de los últimos años, que han incluido a reos de alta peligrosidad, feminicidas y agresores de mujeres, según alertó el Movimiento Feminista de Nicaragua.
Solo entre enero y julio del 2020, el régimen de Daniel Ortega otorgó el beneficio de “convivencia familiar” a 7120 reos y reas de todos los penales del país, y de esa cantidad, solo el 0.90% fueron presos políticos. Y muchos de estos privados de libertad, señala Cuadra, quien es experta en seguridad ciudadana, podrían estar reincidiendo.
Otro causal que está influyendo en el incremento de inseguridad, coincide Roberto Cajina, experto en temas defensa y seguridad nacional, es que la Policía perdió la capacidad de frenar la delincuencia porque su propósito es defender los intereses del régimen y no de la población.
“La Policía no está cumpliendo el mandato que la constitución les da. La Policía se ha desatendido de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de sus bienes para garantizar la seguridad del régimen. Todavía hay despliegue en rotondas, hay policías persiguiendo a personas que venden banderas y si sumas todos esos elementos verás el incremento de la actividad delictiva”, señala.
Esta semana una mujer que se dedica al comercio ambulante fue arrestada por agentes de la Policía Nacional, en San Carlos, Río San Juan, después que un cliente la denunciara por supuestamente vender “banderas vandálicas”.
Oficialmente en Nicaragua hay más unos 17 500 agentes de la Policía Nacional, pues en el 40 aniversario de esta institución, el jefe de la misma, el primer comisionado Francisco Díaz, aseguró que hasta septiembre de 2019 habían casi 16 000 efectivos y solo este año se han integrado 1526 más.
Sin embargo, explica Cajina, no hay un impacto entre el número de agentes y la capacidad que tengan para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes porque estos se han dedicado a garantizar la seguridad del régimen.
Gobierno armó a fuerzas parapoliciales
En opinión de Cajina y de Cuadra, otro detonante de la creciente delincuencia e inseguridad es provocado por las fuerzas parapoliciales que el mismo Gobierno de Ortega armó en 2018, para reprimir a quienes se unieron a las protestas cívicas. Y que ha sido acompañado del discurso de odio hacia la ciudadanía en general.
“Otros factores que están de por medio es la existencia y actuación con impunidad de los grupos paramilitares (o parapoliciales) y las armas de fuego que están en sus manos. (Pues) Hay más armas de fuego involucradas en los hechos de delincuencia que hay en el país, incluida la delincuencia común”, señala Cuadra.
Según los reportes semanales del plan de “enfrentamiento a la delincuencia” de la Policía Nacional, solo entre el 27 de julio y el 24 de agosto fueron decomisadas 67 armas de fuego que poseían las más de 300 personas arrestadas por delitos de alta peligrosidad.
Y todo estos detonantes convergen con las crisis que enfrenta el país. Incluida, la crisis sanitaria por la pandemia.
“Indudablemente hay una relación con la pandemia, no es una relación causal, no podemos atribuirle directamente, pero si tiene una convergencia de estas dos crisis (la sociopolítica y la sanitaria), dice Cuadra.
En esto coincide Cajina, quien explica que lejos de sugerir que el delincuente es delincuente por pobre o que el pobre se vuelve delincuente por pobre, hay condiciones económicas y sociales que convergen con una creciente población de delincuentes y hay una minoría de nicaragüense que perdieron sus empleos y que pudo haber entrado a la actividad delictiva.
