6 de agosto 2018
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Cristian Fajardo Caballero y María Peralta Cerrato, integrantes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, fueron capturados el pasado 23 de julio en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Ambos trataban de llegar a Costa Rica, huyendo del régimen del presidente Daniel Ortega. Actualmente son acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos.
Fajardo y Peralta, son dos de los 132 presos políticos que según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) están siendo judicializadas por tener alguna participación, en las protestas en contra del régimen de Ortega y Murillo, que han dejado hasta la fecha, de acuerdo al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 317 personas asesinadas.
En el mes de julio la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional aprobó dos leyes para perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del régimen autoritario de Daniel Ortega.
El nuevo texto legal define que comete “terrorismo” quien mate o lesione a personas que no participan en hostilidades durante un conflicto armado, o dañe bienes públicos o privados si lo hace para intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, y lo sanciona con 15 a 20 años de cárcel.
CIDH documenta persecución
Entre el 19 y 30 de julio, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, verificó la criminalización y persecución judicial en Nicaragua. Recibió información sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno.
“Hemos tomado conocimiento, con suma preocupación, del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados», declaró el comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.
Otro de los casos en el que se ha criminalizado el derecho a protestar es el de la doctora Irlanda Jerez Barrera, líder de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental de Managua, quien fue secuestrada por encapuchados en el sector de la rotonda Cristo Rey, tras salir de una actividad en la que participaban diversos movimientos sociales para estructurar acciones de protesta contra el régimen.
Una nota de prensa publicada en la web del Poder Judicial, dice que Jerez Barrera fue capturada y remitida al sistema penitenciario La Modelo, “por ser encontrada culpable de fraude y estelionato”. Una sentencia que su hija, Sterina Jérez rechazó, pues es “un juicio de hace años que fue llevado a la Corte Suprema de Justicia el cual había fallado a favor de ella”.
Francisco Eguiguren, relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, dijo que es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos.
“Llamamos al Estado a cesar la criminalización de quienes participan pacíficamente en manifestaciones y abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales”, afirmó.
Acusados por terrorismo
Marcos Carmona, director de la CPDH, afirmó que entre los delitos que se les acusa a los detenidos por el régimen Ortega Murillo están terrorismo, crimen organizado, tenencia ilegal de armas, o asesinato, tal y como se les acusa a
Brandon Lovo y Glenn Slate, supuestamente responsables de la muerte del periodista Ángel Gahona, director del noticiero local El Meridiano, y a Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes campesinos, por la muerte de cuatro oficiales de la Policía en Morrito, Río San Juan.
“A nosotros nos ha llamado la atención, por qué se hablaba que este era el país más seguro de Centroamérica. ¿De dónde salieron tantos jóvenes que supuestamente los vinculan con el terrorismo? Esta es una maniobra para amedrentar a los jóvenes que están huyendo o están saliendo fuera del país”, insistió Carmona.
Denis Darce, abogado de la CPDH, afirmó que este organismo de derechos humanos está asumiendo la defensa técnica de los 132 ciudadanos, a través de un equipo jurídico especializado. El defensor expresó que las personas han sido detenidas de manera ilegal, y a pesar de que cuentan con un abogado, al momento que son presentados en la audiencia preliminar, no logran hablar con sus familiares o el encargado de llevar su caso.
La mayoría de las personas que están siendo judicializadas han sido presentadas fuera del tiempo establecido constitucionalmente (48 horas). El caso de Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes del Movimiento Campesino, detenidos en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, es un ejemplo claro de la violación a los derechos que realiza el Estado, pues ellos fueron remitidos 96 horas después de lo estipulado a la audiencia preliminar.
Los abogados de la CPDH identifican que existe una confabulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y otros actores como los paramilitares, los y las autoridades del sistema penitenciario La Modelo.
Julio Montenegro, defensor de la CPDH, describió la forma de trabajo de cada institución. Explicó que en la cadena primero están los paramilitares, que se encargan de la captura de los ciudadanos que han participado en las protestas en contra del régimen Ortega Murillo.
Luego “la Policía Nacional, con los actos de investigación. La Fiscalía, al momento de ejercer acción penal y el Poder Judicial. “Aquí se nominan a los jueces que están preparados para el efecto, es decir, el que va a resolver como ellos quieren”, explicó Montenegro, quien aseguró tener información de que la Fiscalía tiene en el congelador acusaciones elaboradas, listas para ejecutarse.
Centro de torturas
El Sistema Penitenciario Nacional funge como centro de tortura. De acuerdo con la información que tiene en su poder la CPDH, en este sitio se encadena de pies y manos a los detenidos, les rapan la cabeza y los golpean. Esta forma de tortura se les aplica a Medardo Mairena y Pedro Mena, dijeron los activistas de la CPDH.
La CIDH expresó en su último comunicado que recibió abundante información sobre los obstáculos existentes para acceder a una defensa legal adecuada, consistentes en la restricción de acceso a audiencias a abogados y organizaciones de la sociedad civil y la negativa a proporcionar datos sobre la situación jurídica y estado de salud de las personas detenidas.
“Al respecto, reitera al Estado la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; causas de detención; duración de la privación de libertad; lugar de detención; número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril; y número de personas encarceladas”, dice parte del informe.
Estado criminaliza al periodismo
Roberto Collado Urbina, corresponsal del noticiero Acción 10 en Granada, fue golpeado y secuestrado por grupos paramilitares en el sector de la gasolinera Petronic de esa ciudad, mientras cubría una marcha en apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal.
La agresión que sufrió el corresponsal de Acción 10 es otra prueba de la criminalización que ha impulsado el presidente Ortega contra el derecho a informar que realizan los periodistas en el país. Mauricio Madrigal, jefe de información de este noticiero, también denunció la persecución en contra de Paco Espinoza, quien cubría la crisis sociopolítica en la zona norte de Nicaragua.
Collado, quien fue liberado cinco horas más tarde, resultó con lesiones de consideración en su cabeza y en el resto de su cuerpo. Sobre Paco Espinoza se conoce que está en un lugar seguro, huyendo de las presiones de la Policía Nacional.
En su informe la CIDH expresó que dada la importancia de la labor de los periodistas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función.
La criminalización del Gobierno ha llegado hasta los doctores y demás personal médico de los hospitales del país. El 27 de julio, al menos 35 personas fueron despedidas de manera injustificada del Hospital Oscar Danilo Rosales (HEODRA), en la ciudad de León, en represalia por haber atendido o manifestado apoyo a las personas heridas en el marco de las protestas.
El 28 de julio, otras 40 personas habrían sido despedidas del Hospital Regional Santiago, en Jinotepe, por presuntamente participar en la toma del hospital. Y en Masaya, al menos 15 trabajadores, entre doctores, camilleros, y enfermeros, también fueron despedidos.
“No es permisible ningún tipo de posible intimidación ni castigo, directo o indirecto, como pueden ser sanciones o despidos laborales, al personal de salud por el hecho de haber cumplido sus funciones profesionales para preservar el derecho a la salud”, señaló Soledad García Muñoz, Relatora Especial de la CIDH.
