Nación

Organismos rechazan registro de “agentes extranjeros”

Ética y Transparencia trabajará sin donaciones externas; PEN suspende operaciones; CPDH resiente requisitos de inscripción

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), anunció este cinco de febrero que suspenderá operaciones, ya que como organización “no se someterán” a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el régimen de Daniel Ortega.

En un comunicado, la organización explica que “no acepta la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero, establecida en una ley inconstitucional, violatoria de todo principio de libertad de organización”.

A la vez, señala que el pretexto de “salvaguardar la soberanía y seguridad nacional” —expuesto por el régimen para aprobar dicha ley— “es improcedente, puesto que ya está asegurada por otras leyes, en el marco jurídico nacional”.

La Fundación ha trabajado, por más de 20 años, en la promoción de la libertad de expresión, acceso a la información pública y libertad de prensa en Nicaragua.

Durante el anuncio de la suspensión, Cristiana Chamorro, expresidenta y fundadora de la FVBCH, dijo que Nicaragua está “de luto cívico”, y señaló que la imposición de registrarse como “agente extranjero” es prácticamente “renunciar a nuestra ciudadanía nicaragüense”.

Resistencia cívica

La Fundación denuncia que la imposición orteguista es una “clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrario a sus lineamientos”.

Además, apunta que dicha legislación incurre en una “evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia y el estado de Derecho”.

“(La ley es) otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a que nos quieren someter con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales”, reza el comunicado.

Chamorro dijo estar “confiada” en que la resistencia cívica de los nicaragüenses “se impondrá sobre la monstruosidad hecha Ley y sobre el sistema que estamos viviendo”.

Ética y Transparencia
Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, en una conferencia en 2018. Foto: Confidencial / J.C. Bow

Ética y Transparencia no aceptará cooperación

En aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, el grupo cívico Ética y Transparencia (EyT) “no aceptará cooperación financiera internacional, sin exclusión alguna”. Evitando de esta manera la obligación de registrarse como “agentes extranjeros” tal como manda la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 19 de octubre de 2020 y cuya normativa, publicada a finales de enero, establece multas de hasta medio millón de dólares para los organismos que incurran en faltas “muy graves”.

En un comunicado difundido al final de la tarde de este jueves, Ética y Transparencia señala “que no es objeto” de la Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento, pues “desde la entrada en vigencia de la referida ley, esta fundación decidió que hará sus labores usando exclusivamente donaciones de personas nacionales”. Además, valoran que dicha ley lesiona de forma directa los derechos y libertades fundamentales de los nicaragüenses y atenta contra el desarrollo económico del país.

Para observar las elecciones generales en noviembre 2021, “contamos como recurso fundamental, las enormes donaciones de tiempo y esfuerzo de la red de voluntarios, todos nacionales y una recaudación entre los miembros de la asamblea y amigos de EyT (todos nacionales) por 15,000 dólares, suficientes para acometer la tarea de observación bajo las actuales condiciones”, dice el documento.

El organismo, también, argumenta que continuará “cumpliendo y presentando” a las autoridades nacionales los requisitos de la ley 147, Ley General sobre Personerías Jurídicas Sin Fines de Lucro, como ha realizado hasta la fecha, “aunque el Estado ha incumplido en emitir siquiera el sello de recibido en los últimos 3 años”, denuncian.

Gobernación obstaculiza inscripción de la CPDH

En la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ocurre todo lo contrario. La directiva del organismo lleva dos semanas acudiendo al Ministerio de Gobernación (Migob) para registrarse como “agentes extranjeros”, pero cada vez que llegan a la ventanilla de inscripción les exigen nuevos requisitos para registrarse.

“Sabemos que esta es una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, pero vamos a cumplir para no estar al margen de la ley”, dijo Marcos Carmona, director ejecutivo de CPDH. Sin embargo, “cada día piden información adicional de la que estamos presentando y lo peor del caso es que ni siquiera nos están recibiendo la documentación”, agregó.

Carmona advirtió que existe “una mala intención del Ministerio de Gobernación de no querer que iniciemos el proceso de inscripción como agentes extranjeros” y valoró que el cambio diario de los requisitos “son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo” con la ley.

Asimismo, Dennis Darce, secretario ejecutivo de CPDH, aclaró que el organismo continúa con su labor en defensa de los derechos humanos pese a que no se han registrado ante el Migob. “Conforme hemos ido llegando se inventan requisitos que no están en ningún marco normativo y que evidentemente representan limitaciones al ejercicio del derecho de asociación de nosotros como Comisión Permanente de los Derechos Humanos”, enfatizó.

PEN Nicaragua suspendido indefinidamente

La entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros también llevó a PEN Nicaragua a suspender indefinidamente sus labores. Esto debido a que la legislación vigente en el país los obligaría a inscribirse como agentes extranjeros y al cumplimiento de requisitos mensuales “que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones”, expresó la escritora nicaragüense y presidenta de PEN Nicaragua, Gioconda Belli, en una carta abierta a la nación.

Cada centro PEN es autónomo y nacional. Su relación con PEN Internacional “se basa en adherirse a su filosofía y principios en la promoción y difusión de la literatura y en la defensa de la libertad de expresión y la solidaridad con escritores perseguidos u hostilizados en el mundo”, aclaró Belli. Pero la Ley de Agentes Extranjeros, con sus infinitos requisitos, “sólo se aplica en nuestro caso por suscribirnos a los ideales y las propuestas éticas de PEN Internacional”, agregó.

Sin embargo, “ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua”, subrayó Belli.

Desde que fue fundado, PEN Nicaragua intentó suplir la carencia de programas de estímulo a la lectura en el país. Pero en 2018, en el contexto de la represión contra la Rebelión de Abril, el Ministerio de Gobernación no le extendió la certificación. Esta situación les quitó “la posibilidad de optar a proyectos y nuestra cuenta bancaria fue cancelada”, precisó Belli en su carta abierta. PEN Nicaragua, desde entonces funcionó al mínimo haciendo un esfuerzo voluntario para continuar hasta 2020.


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