8 de agosto 2019
AA
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó este miércoles que la defensora de los derechos humanos María Oviedo, procesada por abofetear a un policía luego de que este la tocó de manera inapropiada, enfrente un juicio en el que puede perder su licencia para ejercer como abogada
La medida fue asumida por sus colegas como una acción contra los profesionales no oficialistas.
La titular del Juzgado Tercero Local Penal, Nalia Úbeda, aceptó la demanda por obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, interpuesta por el policía Óscar Danilo López, quien pidió como castigo la suspensión de licencia para Oviedo.
Mientras Oviedo era acusada dentro del Complejo Judicial de Managua, en las afueras más de 20 abogados no oficialistas protestaban contra la acción, que consideran una agresión en su contra, en medio de la crisis sociopolítica que sacude al país desde abril del año pasado.
"Es evidente que el objetivo es mandar el mensaje a los defensores de los derechos humanos", dijo el abogado Pablo Cuevas, a periodistas.
Úbeda, quien desestimó los alegatos de la defensora en la audiencia preliminar, programó el juicio para el próximo 19 de agosto.
"Es lamentable porque no se están cumpliendo con los parámetros de ley, con el debido proceso", afirmó Oviedo, quien fue arrestada por policías a finales de julio mientras defendía a un manifestante, a pesar de gozar de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a la que pertenece la defensora, Oviedo es en realidad la víctima, ya que su acción de abofetear a López correspondió a la "reacción de una mujer empoderada ante el abuso de un oficial".
Oviedo sostuvo además que "no hubo obstrucción de funciones, por tanto, la juez no debió haber aceptado la causa en mi contra".
La defensora de Oviedo, Leyla Prado, se quejó porque a la vez que el Poder Judicial trató la denuncia del agente con celeridad, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional no dio respuesta a la solicitud de investigación del caso.
"Este es un Estado misógino que no respeta a las mujeres, ni a los defensores de los derechos humanos, y que ocupa las instituciones para castigar a los defensores", agregó el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Carmona insistió en que en el fondo el interés del Gobierno es "dejar en indefensión a las personas que critican a este Gobierno" y "garantizar la impunidad de la represión".
El caso contra la defensora de los derechos humanos se da en medio de una crisis sociopolítica en la que cientos de personas han muerto en medio de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno sostiene que los defensores de los derechos humanos apoyan un supuesto "golpe de Estado fallido".
