11 de julio 2019
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Algo más de cinco minutos le tomó a la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, desmontar la “normalidad” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario ha vendido en el ámbito internacional. La represión contra los opositores continúa; los exprisioneros políticos son acosados; todavía hay más de 80 reos de conciencia; y la Ley de Amnistía busca beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos, fueron algunas de las conclusiones de la funcionaria de las Naciones Unidas.
Este miércoles diez de julio, Gilmore expuso en la ONU una actualización oral del primer informe sobre el caso de Nicaragua —presentado en marzo pasado—. La ponencia, según defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, dejó en evidencia que el régimen continúa violando esos derechos en Nicaragua.
“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2 000 heridos y más de 70 000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, afirmó la funcionaria.
Presos políticos
La activista australiana destacó que desde febrero pasado 442 presos políticos han sido liberados, de estos 336 con “medidas alternativas a la detención” y 106 gracias a una recién aprobada Ley de Amnistía. Sin embargo, según diversas fuentes de la ONU, más de 80 ciudadanos prosiguen detenidos “en condiciones severas”. “Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, dijo.
Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de Amnistía Internacional, mencionó que es relevante que la ONU informe que la situación en Nicaragua no ha cambiado, que siguen los presos políticos, las torturas y la represión a las manifestaciones.
Resaltó el hecho de que Gilmore haya señalado el caso del preso político Eddy Montes Praslin, asesinado en una celda por un custodio de la cárcel La Modelo. “La estrategia de represión (del Gobierno) continúa, el discurso continúa”, comentó Sanmartín durante una entrevista en el programa Esta Noche.
Expresos políticos participan en una misa en la catedral de Managua. Foto: Carlos Herrera.
Acoso a exprisioneros
En el mismo programa, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, subrayó que la funcionaria de la ONU calificó como “violaciones gravísimas de derechos humanos” la situación de persecución y hostigamiento que viven los presos políticos.
“Es una nueva modalidad de violar los derechos humanos, que (Gilmore) ya la califica como tal”, apostilló.
La funcionaria australiana explicó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) tiene información sobre exprisioneros políticos que han sido acosados y amenazados por la Policía Nacional y “atacadas por elementos armados gubernamentales (paramilitares), en algunos casos con el consentimiento de las autoridades”.
Previo a la presentación de Gilmore, la Oacnudh publicó el reporte de junio sobre la crisis en Nicaragua, que contiene un listado detallado de los ataques a expresos políticos y sus familias. Está el caso de Irlanda Jerez, Jeffrey Jarquín, Olesia Muñoz Pavón y Byron Estrada.
Ley de Amnistía
En su exposición en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alta Comisionada Adjunta aseguró que la Ley de Amnistía “contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”.
En el informe de junio, la Oacnudh consideró además que la legislación “está redactada de manera imprecisa y carece de claridad, tanto en lo que respecta a las personas como a los delitos a los que se aplicaría, dejando a las autoridades amplias facultades de interpretación”.
Pese a los señalamientos, el representante del Gobierno ante la ONU, Valdrack Jaenschke, afirmó que la Ley de Amnistía es una de las “más avanzadas” en el mundo, y que ha sido “alabada” por expertos internacionales.
Sanmartín calificó de “preocupantes” las declaraciones de Jaenschke porque demuestran que el régimen “no tiene la intención de que se procure justicia a lo interno”.
“Nos preocupa que efectivamente el Gobierno quiera construir esta coartada artificial ante toda la comunidad internacional”, apostilló.
Gilmore refirió que la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en un reciente comunicado consideró que la Ley de Amnistía y la Ley de Atención Integral a Víctimas —aprobada a finales de mayo pasado—, no garantizan “el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación”.
“Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”, manifestó la funcionaria de la ONU.
Agentes policiales tratan de impedir que miembros de la Asociación Madres de Abril entren a la Corte Suprema de Justicia. Foto: Carlos Herrera.
Régimen no acepta abusos
La Alta Comisionada Adjunta recordó que la Oacnudh, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado las “graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas”, pero el Gobierno se niega aceptar “la responsabilidad” de oficiales de la Policía Nacional y paramilitares orteguistas.
“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, añadió Gilmore.
Un ejemplo de esa negación es que en su intervención Jaenschke aseveró que Nicaragua no se acosa y persigue a los opositores y defensores de los derechos humanos. Garantizó que se permiten las manifestaciones, siempre y cuando no se “exponga” la seguridad de los ciudadanos.
La aclaración de Jaenschke fue en respuesta a que Gilmore externó que le “preocupa profundamente” que los defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios “continúen siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante”.
Para Núñez, “es ridículo” que la dictadura niegue la persecución contra los defensores de derechos humanos, cuando las evidencias demuestran lo contrario. El Cenidh es una de las nueve ONG que la dictadura ha quitado la personería jurídica y tomado sus instalaciones.
“Cada día crean nuevos instrumentos y organizan nuevas instancias de represión, como por ejemplo, los Consejos de Poder Ciudadano ahora son verdaderos cuerpos de espionaje, que persiguen a la gente y le dicen a la Policía a quién agredir”, ejemplificó Núñez.
