Nación

ONU demanda a Daniel Ortega la aprobación de urgentes reformas electorales

Resolución aprobada con 20 votos condena represión, ataques violentos, repetidos actos de intimidación y demanda liberación de los presos políticos

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este martes la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, que insta al Gobierno de Daniel Ortega a entablar “negociaciones significativas e inclusivas” con la sociedad civil y la oposición, para aprobar a más tardar en mayo de 2021 “reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles”. En octubre, la Organización de Estados Americanos ya estableció también para mayo el plazo para reformas electorales.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho votos en contra. Las delegaciones de México y Argentina que anteriormente se habían abstenido, esta vez votaron a favor del texto que pide que las elecciones cumplan con las normas internacionales y que “prevean la presencia de observadores electorales independientes nacionales e internacionales”. 

El documento indica que la celebración de elecciones con reformas es el camino “para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, como también lo es la participación sin trabas de la oposición política”. En ese sentido, los países señalan que observan “con gran preocupación la falta de avances del Gobierno de Nicaragua en la realización de reformas electorales“.

Resolución condena represión

La resolución que constituye una derrota para el Gobierno de Ortega condena la represión, los ataques violentos y los repetidos actos de intimidación y hostigamiento contra ciudadanos opositores en Nicaragua.

Además solicitan a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “que refuerce y amplíe el seguimiento llevado a cabo por la Oficina del Alto Comisionado y siga informando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua”.

El pasado 25 de enero, Bachelet exhortó al Gobierno de Ortega “adoptar urgentemente” una reforma electoral efectiva y a la vez “poner fin, de inmediato, a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas”.

“El Gobierno debe establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo siete de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, insistió Bachelet.

Preocupación por Nicaragua

La delegada de Colombia, Alicia Arango Olmos, en representación de su país y los otros promotores de la resolución (Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú), destacó que el texto busca “contribuir a la solución de la delicada situación en Nicaragua”, que como indicaba el informe de Bachelet “refleja la nula cooperación y la nula existencia del diálogo político” del Gobierno sandinista.

Arango Olmos explicó que la resolución solicita al Estado de Nicaragua “adoptar medidas para garantizar la vigencia y el ejercicio de la democracia para el pueblo nicaragüense”.

A la vez urgió al Gobierno de Ortega a que de inmediato “coopere con las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria”.

La resolución indica que se solicita a Bachelet “que vigile de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral y que presente oralmente al Consejo de Derechos Humanos, antes del final de 2021, un informe provisional actualizado con recomendaciones”.

La delegada austríaca, Elisabeth Tichy-Fisslberger, en nombre de los países de la Unión Europea, mostró su apoyo a la resolución y denunció la continuidad de los “actos de intimidación, acoso, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil en Nicaragua”.

El delegado por Nicaragua fue el sancionado asesor presidencial, Paul Oquist, quien calificó la propuesta de resolución como “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas”.

“Constituye una agresión contra el pueblo de Nicaragua”, añadió el también secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, quien insistió que en 2018 el Gobierno de Ortega sufrió un intento de golpe de Estado bajo la consigna “¡que se vaya ya!”.

A través de su cuenta de Twitter, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, se sumó al llamado de reformas electorales.

“Apoyamos firmemente el llamamiento de la comunidad internacional para que se lleven a cabo reformas electorales significativas en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre”, indicó la funcionaria.

Piden liberar a presos políticos

La resolución expresa “gran preocupación” por las continuas denuncias de violaciones de los derechos humanos, la constante prohibición de las manifestaciones públicas, la persistencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía para reprimir las protestas sociales y la comisión de actos de violencia por grupos parapoliciales.

También indica que los países de la ONU han conocido “denuncias de constantes casos de detención ilegal y prisión arbitraria, hostigamiento, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además del aumento de los asesinatos por razones de género y los actos de violencia sexual y de género durante la reclusión”.

“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que deje inmediatamente de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias y ponga en libertad sin condiciones a todas las personas recluidas arbitraria o ilegalmente”, indican la resolución.

El documento demanda al Gobierno a que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas y que “derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos”.


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