29 de junio 2020
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La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto a otras siete organizaciones defensoras de derechos humanos, exigieron al régimen de Daniel Ortega poner fin a los "actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" perpetrados contra privados de libertad en Nicaragua, particularmente los presos políticos.
"Nos solidarizamos con todas las personas sobrevivientes de tortura y nos sumamos a la demanda de libertad para las 97 presas y presos políticos", demandan en un comunicado.
Las organizaciones firmantes explican que la mayoría de personas reas políticas fueron detenidas "de forma violenta y han sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual, como forma de castigo y método de tortura por el ejercicio de su libertad de expresión y manifestación".
Señalan que esta fue una práctica cometida por agentes estatales y empezó a ser "generalizada y sistemática a partir de abril de 2018".
"Todos los actos de tortura fueron cometidos en centros policiales, penitenciarios y lugares clandestinos, tanto por agentes estatales como por fuerzas paraestatales con total garantía de impunidad", lamentan.
Más de 4000 presos desde 2018
Hasta la fecha, estiman que alrededor de 4000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde abril de 2018 de las cuales, al menos 900 han enfrentado "procesos judiciales viciados y sin garantías procesales", denuncian.
Además de la OMTC firman el pronunciamiento el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR).
Detallan que han documentado al menos 82 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 29 fueron hechos cometidos contra mujeres, ocho mujeres transgénero y 45 hombres. En al menos 25 casos "hubo violencia sexual perpetrada tanto en centros clandestinos como de detención policial".
"Se registró la denuncia de tres abortos provocados por la violencia durante la reclusión, además de la negativa de atención médica, poniendo la vida de las mujeres en riesgo", expresan.
Las ocho organizaciones afirman que en todos los testimonios recabados, las víctimas "reconocen las precarias e inhumanas condiciones carcelarias, así como las crueles medidas tomadas en su contra, tales como el aislamiento extremo, hacinamiento, agresiones físicas mediante golpes, choques eléctricos y violencia sexual, interrogatorios constantes, desnudez forzada, alimentación denegada y/o contaminada, limitado acceso a agua potable y atención médica, así como la negación a visitas familiares o conyugales, y falta de acceso a recibir sol de forma regular y a espacios o actividades recreativas".
Medidas ante la covid-19
En el documento urgen la adopción de medidas inmediatas a favor de la población carcelaria, para prevenir la pandemia de la covid-19 en las cárceles y "asegurar información, atención y tratamientos médicos a las personas privadas de libertad".
Las organizaciones explican que en el marco de la crisis sanitaria "se ha negado a familiares el ingreso de alcohol en gel, medicinas y guantes como medidas preventivas".
"Exhortamos a los mecanismos internacionales a seguir fiscalizando la situación de Nicaragua, en especial de las personas privadas de libertad", insisten.
