15 de mayo 2021
AA
El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua compró 1.2 millones de tabletas de ivermectina, simvastatina y vitamina D como parte de las adquisiciones de medicamentos para atender casos de covid-19 durante el 2021, de acuerdo con nuevos contratos por la pandemia. Sin embargo, estas drogas fueron desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no hay suficiente evidencia sobre su beneficio en los pacientes.
“Recomendamos no usar ivermectina en pacientes con covid-19, excepto en el contexto de un ensayo clínico. Esta recomendación se aplica a pacientes con cualquier gravedad de la enfermedad y cualquier duración de los síntomas”, señaló la OMS en la guía de tratamientos contra la covid-19, actualizada al 31 de marzo de 2021.
En el caso de simvastatina y vitamina D, dos medicamentos que se han usado en pacientes con covid-19, la OPS reiteró en su última actualización de tratamientos, publicada el 20 de abril, que hay “incertidumbre sobre los posibles beneficios y daños. Por lo cual es necesario realizar una investigación adicional”.
- Lee: Más de 10 millones de dólares en “contratos covid”
- Contratos covid del Mined no incluyen equipos de protección para maestros y estudiantes
- Régimen orteguista publica a cuentagotas los “contratos covid”
Estas compras, que ascienden a 38 521 dólares, fueron publicadas recientemente en el listado de “Contratos Covid” que publica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como parte del acuerdo de transparencia que estableció el Gobierno de Daniel Ortega con los organismos multilaterales para acceder a préstamos y fondos para responder a la pandemia.
“El Estado no debe gastar en placebos para tratar esta enfermedad, ninguna intervención farmacológica (excepto la vacunación masiva) va a detener esta pandemia. El único beneficio que tienen estas compras, es el beneficio económico de los intermediarios que en este país son los allegados al régimen”, señala el doctor Jorge Miranda.
Beneficiados: Laboratorios Ramos y Distribuidora Cruz Azul
Los contratos de estas compras revelan que Laboratorios Ramos, que pertenece al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Distribuidora Cruz Azul, representada por Napoleón Ortega Balladares, quien ha tenido cargos en el Minsa y en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), son dos de las empresas favorecidas.
Esta última farmacéutica ya había conseguido en 2020, contratos por más de 1.2 millones de dólares en compras de insumos médicos y medicamentos, según los registros de contratación que fueron publicados en el portal Nicaragua Compra. Estas adjudicaciones también incluyeron medicamentos no recomendados para casos de covid-19 como: cloroquina, colchicina e interferón beta.
Además, la investigación “La receta lucrativa de la covid-19 en Nicaragua” realizada por Conectas y publicada en CONFIDENCIAL, confirmó que la Distribuidora Cruz Azul compró los medicamentos a Laboratorio Ramos para luego venderlos al Ministerio de Salud.
Los 38 521 dólares de compras recientes de medicamentos fueron divididos en tres farmacéuticas: a Cruz Azul se le compró 182 000 tabletas de Simvastatina por 4992 dólares; a Laboratorio Ramos se le compró un millón de tabletas de Ivermectina por un costo de 11 429 dólares, y a Droguería Núñez se le compraron 26 000 tabletas de Vitamina D por 22 100 dólares.
Asimismo, hubo una compra de materiales de biología molecular para el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) por más de 1.2 millones de dólares que fue ganada por DISMELAB, S.A. Según detalla el contrato, este equipo será usando el procesamiento de pruebas de covid-19.
Ivermectina sería usada de forma preventiva para médicos
Una fuente médica, consultada por CONFIDENCIAL, tuvo conocimiento que el Ministerio de Salud habría “invertido” en la compra de tabletas de ivermectina para dárselas al personal de salud que está en primera línea.
“Esta compra obedece a su estrategia de darla a los médicos en primera línea de covid o a los contactos de casos positivos para “prevenir” el contagio. Los asesores del Minsa están convencidos de que ese medicamento corta la transmisión y contagiosidad”, dijo la fuente.
Según explica, la orientación es que a los sanitarios que atienden las áreas de covid les entreguen seis tabletas de ivermectina —un antiparasitario usado para tratar oncocercosis, estrongiloidiasis, escabiosis (sarna) humana— para reducir el riesgo de enfermarse ante la exposición a los contagios.
Según los pocos contratos que el Ministerio de Hacienda ha publicado a cuenta gotas, desde el año pasado, el Gobierno ha estado comprando ivermectina y otras “curas milagrosas” para atender casos de covid-19, a pesar de los cuestionamientos que han ocurrido en torno a ellas.
En junio de 2020 le compró al laboratorio Generic Pharma 750 000 tabletas de ivermectina por un costo de 227 667 dólares. En septiembre, 300 000 dosis de hidroxicloroquina por 114 000 dólares y lopinavir + ritonavir por 368 288 dólares. Estos últimos fármacos se le compraron a la empresa Seven Pharma y han sido desaconsejados.
“La hidroxicloroquina o la cloroquina no reducen la mortalidad, la ventilación mecánica invasiva ni mejoran significativamente el tiempo hasta la resolución de los síntomas con certeza moderada”, alerta la OMS.
Basan compras en estudios pequeños que no tienen soporte
De los tres medicamentos adquiridos recientemente por el Minsa, el que más controversia ha causado en Latinoamérica es la ivermectina. Muchos países, incluidos Honduras y El Salvador, lo han recomendado y entregado a sus ciudadanos para usarlos de forma preventiva. Sin embargo, no hay estudios grandes que soporten sus beneficios.
“Hay algunos estudios pequeños que han demostrado ciertos beneficios. Pero el único estudio que ha sido publicado y que metodológicamente está muy bien diseñado, en realidad no encontró ninguna diferencia. Entonces falta que tengamos más datos acerca de su utilización. Y quienes practicamos medicina basados en la evidencia tenemos que tener la suficiente información que sea válida para prescribir un tratamiento”, explica el médico infectólogo, Carlos Quant.
A pesar de esta controversia, en el gremio médico del sector privado de Nicaragua hay quienes la usan, dice el doctor Miranda. “Caen en la desesperación de usar medicamentos sin probada eficacia clínica en esta enfermedad”, opina.
En el caso del Minsa, estima el doctor Quant, que estarían tomando decisiones basadas en estudios pequeños que han sugerido beneficios. “Muchas de las cosas que utiliza el Ministerio de Salud se basan en pequeños estudios de información que van saliendo y que van siendo publicadas y que todavía no tienen el soporte debido”.
En el caso de la simvastatina, que pertenece al grupo de fármacos de las estatinas utilizado para disminuir los niveles de colesterol en la sangre, hay algunos estudios pequeños que aseguran ciertos beneficios para reducir la letalidad de la covid-19, pero que no está lo suficientemente respaldado.
“Con las estatinas en el covid lo que se ha visto es que las personas que ya están tomando con anterioridad por problemas de colesterol le va mejor en cuanto al pronóstico, pero al inicio reciente (de este fármaco) no ha mostrado beneficios. Entonces, se necesita investigación y estudios mucho más grandes”, explica el experto.
Minsa impuso filtro a licitación millonaria de medicamentos
Los fármacos simvastatina, ivermectina y vitamina D, forman parte del tratamiento covid-19, orientado por el Minsa que presupuestó 3 millones de córdobas, según especificaciones del Programa Anual de Contrataciones (PAC). La licitación selectiva para la adquisición de estos medicamentos ya estaba disponible en febrero, pero solamente se puede acceder mediante un registro de datos personales.
Dayra Valle, investigadora y especialista en contrataciones públicas, indicó que ese tipo de restricciones son casos muy aislados, y que alguna vez se han visto en otros procesos de licitaciones del Estado. El registro que solicitó el Minsa incluyó nombre completo, número de cédula, nacionalidad, correo electrónico y teléfono. Esto genera cierta restricción del acceso a la información, valoró Valle.
“Me hace pensar que están poniendo un filtro para conocer qué persona o qué tipos de personas están solicitando información, lo cual me parecía contraproducente, porque esto es restrictivo del derecho que tenemos los ciudadanos de conocer la gestión pública y esto es parte de la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de sistema”, expresó.
Según los documentos, la presentación de la oferta cerró el 8 de febrero y las adjudicaciones se conocieron a finales del mismo mes, adquiridas con fondos del Tesoro.
Más de 13 millones de córdobas en ventiladores
Los documentos indican que el Minsa también invertirá 13.8 millones de córdobas en la adquisición de accesorios y repuestos, mantenimiento correctivo y reparación de ventiladores, según datos reflejados en su Programa Anual de Contrataciones. Son 31 procesos relacionados a ventiladores, cuyos montos presupuestados no exceden los 500 000 córdobas cada uno, es decir, corresponden a compras de contratación menor.
En los documentos, el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, “La Mascota”, registró 13 procesos de compra para la adquisición de accesorios para ventiladores de diferentes marcas, programados por trimestre durante todo el 2021.
Valle considera que esta subdivisión de compra podría ser una forma de eludir otros procedimientos que, debido a sus propias características, son un poco más complejos e implican mayor tiempo.
Sin embargo, esto es prohibido por la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, que en su artículo 25, señala que “el objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrán ser subdivididos en cuantías menores, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contrataciones establecidos en esta Ley para el caso (...)”.
Valle advierte, que aunque la legislación restringe hacer subdivisiones de compras, en realidad, muchas instituciones del Estado recurren a esa práctica, que no es eficiente porque se traduce en abrir más procesos por cada monto y se pierde poder de negociación.
El segundo hospital que desarrollaría cinco procesos relacionados a ventiladores es el Hospital Antonio Lenín Fonseca, y en menor medida, el Hospital Alemán Nicaragüense —designado para atender pacientes covid-19— y luego, los demás centros hospitalarios de Managua. En la primera semana de febrero, el Sistema de Contrataciones Nicaragua Compra, registró dos procesos; uno, ya adjudicado y el otro en evaluación.
El Hospital Alemán Nicaragüense aprobó el mantenimiento correctivo a un ventilador, adjudicado a Bühler Pharma Sociedad Anónima, “por ser la única oferta que se recibe y que cumple con los criterios de evaluación establecidos en los documentos de contratación (…)”, se lee en la resolución. El monto total fue de 156 000 córdobas.
Transparencia con contratos covid-19 a cuenta gotas
Desde el inicio de la pandemia de covid-19, el Minsa se ha encargado de comunicar lo mínimo, no solo sobre el número de contagios, fallecidos, recuperados e internados en hospitales, sino, en los procesos de compra que desarrollan en marco de la pandemia.
Valle, especialista en contrataciones, explica que en general, ha habido poca transparencia, pero el comportamiento de toda la gestión de compras ha sido diferenciado.
Por ejemplo, al inicio del coronavirus, Valle observó un “comportamiento bastante tímido de compra”, aun cuando ya se había declarado la covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fue hasta mayo de 2020 —cuando ascendió la curva de contagios y se conocieron los entierros exprés— que hubo un mayor flujo de procedimientos de compras, pero en algunos casos no se publicaba toda la información requerida, de manera que se pudiera conocer la eficiencia en el manejo de los recursos, las cantidades, los proveedores, si se ha pagado sobreprecios; un fenómeno “que seguramente nos ha pasado, pero era porque hay mayor demanda que la oferta”, explica.
“No sabemos, por ejemplo, a quién se adjudicaron, si se beneficiaron a proveedores que realmente había un criterio de tráfico de influencia, conflicto de interés. Necesitábamos saber y eso nos lo permite un sistema transparente, y no logramos encontrar toda esa información (...)”, continúa.
Durante el último trimestre del año, Valle, considera que hubo un mayor flujo de información sobre compras, que lo relaciona con el cumplimiento de compromisos adquiridos por parte del Gobierno con organismos multilaterales, debido a la aprobación de préstamos para atender la emergencia sanitaria; eso empujó un cambio en la política de opacidad, señala.
Sin embargo, aún hay déficit de transparencia, y en tiempos de emergencia, no solo hay ventanas, sino “portales de oportunidades para aquellos que quieren hacer uso discrecional de los recursos públicos (…)”, advierte.
El Gobierno publicó datos sobre compras para atender la covid-19 en el sitio web del Ministerio de Hacienda, que fue señalado por el Fondo Monetario Internacional, multilateral que aprobó 185.3 millones de dólares a Nicaragua, para atender la pandemia. Los documentos de 19 contratos mostraron que se invirtió 10.3 millones de dólares para la adquisición de equipos médicos, como ventiladores, camas hospitalarias, medicinas, ropa para el personal de salud y equipos de protección personal.
