9 de noviembre 2018
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Un grupo de nicaragüenses en Estados Unidos inició una campaña para que firmas de inversión estadounidenses dejen de administrar el fondo de pensiones del Ejército de Nicaragua, al que señalan de “proporcionar armas de guerra a las fuerzas armadas irregulares y, en muchos casos, se unen a estas fuerzas irregulares para matar a civiles”.
Los nicaragüenses elaboraron una carta, que pretenden sea enviada a los gerentes generales de las firmas de inversión contratadas por el Instituto de Previsión Social Militar. Las empresas en mención son: Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
“Debemos hacerles saber que están sentados sobre el dinero empapado en la sangre de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, para que puedan romper su relación con el régimen asesino de Daniel Ortega y sus benefactores en el Ejército”, indican en un documento titulado “Operación Diamante de Sangre”, en referencia a otra campaña que llamaba a no comprar diamantes africanos obtenidos en una zona de guerra.
El Ejército de Nicaragua maneja sus inversiones a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que en 2002 tenía un capital de 29.5 millones de dólares, que para 2009 se había incrementado a 72.3 millones de dólares, según una auditoría de la firma Deloitte & Touche, publicada en 2012 una nota de CONFIDENCIAL. Fuentes de la entidad castrense afirmaron, en ese entonces, que los fondos del IPSM podrían rondar entre 90 y 100 millones de dólares, de estos al menos un 35 % están invertidos en bonos en Estados Unidos.
Segunda campaña
Esta sería la segunda campaña, que se conoce en EE.UU., que cuestiona a empresas estadounidenses que tienen negocios con Nicaragua. En las redes sociales y WhatsApp circula un vídeo en el que se insta a no comprar productos de la marca deportiva Under Armour, porque muchos de los artículos son elaborados en compañías basadas en Nicaragua.
El video sobre Under Armour repite de varias maneras que en Nicaragua el Gobierno viola los derechos humanos y reprime a la ciudadanía, por lo que los productos de esa marca están “manchados de sangre” de los nicaragüenses. “Hecho en Nicaragua, hecho con sangre de nicaragüenses”, es uno de sus mensajes.
En su discurso de despedida ante empresarios nacionales la ahora exembajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, advirtió sobre el riesgo que corre la reputación de las empresas por la crisis política, que ha dejado al menos 325 ciudadanos asesinados por la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas. “En la economía global de hoy, las empresas no pueden permitirse asumir riesgos de reputación. Ya he visto campañas en los Estados Unidos preguntando a las empresas por qué están comprando productos de Nicaragua”, afirmó Dogu.
Dinero de sangre nicaragüense
En la carta, los ciudadanos indican que “la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos” se acerca a esas firmas de inversión “porque el gobierno de los EE. UU.” les ha informado que “el Ejército nicaragüense tiene varios millones de dólares depositados” en esas empresas.
“Tanto los miembros retirados como en servicio (del Ejército) han participado activamente en la violenta represión contra los ciudadanos de Nicaragua. Los militares nicaragüenses proporcionan armas de guerra a las fuerzas armadas irregulares y, en muchos casos, se unen a estas fuerzas irregulares para matar a civiles”, afirman en la carta, en la cual señalan además que “el dinero que Russell Investments paga en dividendos a estos asesinos, se está utilizando para financiar el asesinato de personas inocentes... Russell Investments está sentado en el dinero de sangre nicaragüense”.
“La diáspora nicaragüense cree sinceramente que Russell Investments no tenía idea de que el dinero de sus arcas está goteando con la sangre de la juventud de Nicaragua, por lo que le imploramos que cierre sus cuentas y cumpla con su promesa de ‘estándares excepcionales de responsabilidad corporativa’”, prosiguen.
Advierten que están llegando a “todas las organizaciones con sede en los Estados Unidos que hacen negocios con el gobierno de Nicaragua, para educarlos sobre la gravedad de esta situación. Creemos que ningún buen ciudadano corporativo quiere condonar los crímenes de lesa humanidad, pero ahora que se ha informado, estamos preparados para escalar esto públicamente si los lazos no se cortan de inmediato”.
