Nicaragüenses pagan siete veces más por una mascarilla

Desde hace tres meses los nicaragüenses han tenido que pagar siete veces más por una mascarilla quirúrgica regular o por una N95. La razón, además de la alta demanda de los productos de prevención por la pandemia de la covid-19, se debe a la falta de medidas estatales que promuevan la baja, aseguran expertos en defensa de los consumidores.

“Lo que pasa es que estas instituciones (el Ministerio de Salud y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio) han dejado manos arriba a los compradores, ni siquiera han aceptado las recomendaciones que se hicieron a inicios de la pandemia, para quitar los impuestos a estos productos”, cuestiona Rubén Arriola, gestor de la oficina de Consultoría de Gestión al Consumidor.

A más de tres meses desde la confirmación del primer caso positivo de covid-19 en Nicaragua, y pese a que el Gobierno aún niega la fase de transmisión comunitaria, el uso de mascarilla es una recomendación de especialistas nacionales e internacional, y en varios espacios públicos, como bancos, supermercados o centros corporativos, e incluso en medios de transporte colectivo, es de uso obligatorio.

Previo a la pandemia, el costo de una mascarilla regular era de tres córdobas, y ahora su costo oscila entre 20 o 24 córdobas cada una. Mientras, las mascarillas N95, de uso médico o industrial se cotizaban antes en unos cuarenta córdobas y hoy se adquieren entre 160 y 300 córdobas cada una.

En el segundo país más pobre de América Latina, la mascarilla quirúrgica regular, que es desechable, resulta más cara que una libra de arroz, que se cotiza entre 14 y 16 córdobas por la libra.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también ha demandado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la exoneración de productos de la canasta básica y de salud, esenciales para contrarrestar la pandemia y sus efectos en la economía familiar, pero aún no ha recibido una respuesta oficial.

Arriola advierte que por otra parte hay, además, “todo un mercado negro que no está siendo investigado y se genera una gran especulación en los precios”.

Farmacias pagan más por mascarillas

Carlos Flores, propietario de una farmacia en el municipio de Camoapa, del departamento de Boaco, asegura que los costos se están trasladando al consumidor porque a ellos también les están llegando más caros los productos de prevención contra la covid-19. Detalla que, en los últimos tres meses, la caja de 50 mascarillas la ha comprado entre 800 y 1000 córdobas, dependiendo del distribuidor. Además, señala que le han limitado el número de productos.

“Algunos, cuando les pedimos 100 de ‘x’ producto nos dicen: ‘Te ofrezco diez o cinco’, entonces, no es que no haya, sino que nos limitan la cantidad. Igual pasa con los productos de protección personal o los llamados productos de reposición, que generalmente están agotados en las distribuidoras y si hay te limitan”, explica Flores.

El doctor Roberto Lazo, propietario de una farmacia en Managua y miembro de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN), confirma que otros propietarios de farmacias han expresado inconformidad por la restricción de compra y el alza de los precios. Lazo afirma que estos costos deberían ser razonables, para no dañar el bolsillo de los consumidores. “Ya se han quejado (los usuarios) de los altos costos, y muchas veces no comprenden que no depende de la farmacia”, comenta.

Lazo detalla que una caja de mascarillas quirúrgicas, que antes de la pandemia se cotizaba entre 100 y 150 córdobas, ahora las encuentra entre 800 y 1000 córdobas. Además, señaló que las distribuidoras, en su mayoría, han quitado las bonificaciones por compra, bajando o eliminando en su totalidad los descuentos, particularmente de los productos que se han vuelto indispensables para enfrentar o prevenir la covid-19.

“El que no den alguna bonificación también afecta, porque antes si daban por ejemplo una caja de mascarillas esto podría ayudar al pequeño dueño de farmacia a disminuir los costos, porque esa caja sería su ganancia, pero ahora ni eso se está recibiendo”, reclama Lazo. 

El doctor explica que tanto las farmacias como las distribuidoras están reguladas por el Mific, de tal manera que los precios no pueden exceder al de la etiqueta puesta por el distribuidor y el margen orientado no puede ser superior al 30% del precio de facturación. 

“Lo que hemos acordado entre propietarios de farmacias es comprar en conjunto y disminuir el porcentaje de ganancia para favorecer a la población”, afirma.

Necesitan los créditos para mejorar precios

Algunos propietarios de farmacias, que prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias, indican que también han sido afectados por la falta de créditos, pues en algunas distribuidoras los cortan y en otras los condicionan a solo seis días para pagar.

“Antes daban créditos hasta por uno o tres meses, pero ahora nos dan seis días para pagar los productos. En otros casos ya ni quieren dar al crédito los productos, y nos piden pagar con una semana de antelación. Entonces, eso lo afecta a uno como propietario de farmacia, porque ya teníamos una dinámica de trabajo y este tipo de situaciones nos quiebran nuestros esquemas”, valora un propietario de farmacias, inconformes por la falta de crédito. 

Lazo sostiene que algunos de sus agremiados se han quejado de este tipo de medidas de parte de los distribuidores, pues muchos pagan de lo que venden y ahora tienen que ingeniárselas para costear los productos en el tiempo que establecen las distribuidoras.

Favoritismo por las grandes cadenas

Algunos de los pequeños propietarios de farmacias también están inconformes porque aseguran que han notado “cierto favoritismo” con las grandes cadenas de farmacias, porque los distribuidores los priorizan y a ellos los limitan.

“Nosotros sabemos que, por ejemplo, si una cadena le compra le dan hasta 100 cajas y a nosotros, los pequeños, si les pedimos 20 ya nos dicen que solo nos ofrecen cinco o diez. Entonces, hemos notado el favoritismo de los distribuidores. ¿Por qué? No lo puedo decir, porque nosotros, igual que los grandes, pagamos por lo que pedimos, pero lo que sé es que a nosotros nos limitan y a los grandes les dan los montones”, reclama otro propietario de una red de pequeñas farmacias.

Además, señala que algunos distribuidores justifican que tienen problemas con las importaciones, que les ponen nuevos impuestos en Aduana y que muchas veces les retienen el producto por semanas, por lo que, cuando ya llegan hasta los minoristas, el costo es mayor.

Arriola, el defensor de los consumidores, critica que este tipo de problemas de los distribuidores y farmacias, es resentido por los compradores finales y lamenta que no esté siendo regulado por el Minsa o el Mific, pues sostienq que ambas instituciones tienen el deber de regular la importación, venta y precios de productos de salud.

“Los que deberían de estar regulando estos productos, tanto la venta como los precios, son la Dirección General de Farmacias del Ministerio de Salud, en conjunto con la Diprodec (Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias) del Mific, pero técnicamente nos han dejado manos arriba, como se dice popularmente, porque hay pocos inspectores, entonces, los usuarios tienen que hacer sus denuncias y llevarlas hasta el Ministerio, inclusive han dicho de inspecciones que casi nunca se ven”, denuncia Arriola.

El defensor resalta que, aunque la responsabilidad de fiscalización es del Minsa y el Mific, los usuarios inconformes tienen la opción de realizar sus denuncias ante la Diprodec, adjuntando sus facturas de compra y una carta en la que expliquen la inconformidad con uno u otro producto. Además, recomienda a las instituciones estatales que empiecen urgentemente a investigar a los acaparadores, que usan las redes sociales para vender los productos a un mayor precio, creando escasez de productos de primera necesidad durante la pandemia de la covid-19.

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