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Régimen promueve “etnocidio” en el Caribe, con invasión de territorios indígenas

Estudio de Oakland Institute deja al descubierto la participación del Gobierno en industria que carcome los bosques y siembra violencia en el Caribe

Los ataques de colonos a las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua son solo la parte más visible de un proceso de colonización promovido por el Gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado 46 indígenas asesinados desde el 2011 y la explotación de recursos naturales en zonas protegidas, colocando al país al borde de un etnocidio, concluyó una investigación del centro de pensamiento de asuntos ambientales Oakland Institute, presentada en este 20 de agosto a través de una conferencia en línea.

El estudio denominado “Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”, detalla que el Gobierno de Ortega ha puesto más de 7.1 millones de hectáreas de tierra a disposición de la explotación minera. También promueve la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas.

“Los funcionarios nicaragüenses se confabulan en la venta ilegal de tierras y la represión policial patrocinada por el Estado en las comunidades que se resisten al despojo”, señaló la investigadora estadounidense Anuradha Mittal, quien estuvo al frente de la investigación.

Muestra del “rol activo” del Estado en la colonización de los territorios indígenas fue la creación, en 2017, de  la Compañía Minera de Nicaragua (Eniminas), aumentando así “la participación del Estado en el negocio minero” a través de empresas conjuntas con empresas privadas. “Solo en el primer mes de la nueva ley, el total de tierras bajo concesión minera aumentó de aproximadamente 1 200 000 hectáreas a 2 600 000, más del 20″ del país. Cerca de 853 800 hectáreas de esta tierra se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva Bosawás”, subraya el documento.

Asimismo, la Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua) anuncia al país como “un suministro casi infinito de tierras “adecuadas” para proyectos forestales, con más de 3.5 millones de hectáreas disponibles para su uso”. Sin embargo, la mayoría de los bosques primarios de Nicaragua se encuentran dentro de las regiones autónomas y juegan “un papel indisociable en las vidas de los indígenas”.

“Hacia el etnocidio”

Durante la presentación del estudio, la fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, precisó que en los últimos nueve años el tráfico de tierras con la “complicidad” del Gobierno de Ortega ha dejado entre los indígenas “46 asesinados, 49 heridos, 46 secuestrados, 4 desaparecidos, y casos de violencia sexual”.

“Estamos en un curso hacia el etnocidio”, advirtió la directora del Programa México y Centroamérica del Cejil, Claudia Paz y Paz.

“En la región de Centroamérica y América Latina, el caso de Nicaragua es bastante particular, porque su legislación es bastante avanzada; sin embargo, esta recoge letra muerta por las graves omisiones, pero incluso acciones del Estado de Nicaragua”, agregó Paz y Paz.

Según el Cejil, organismo que estuvo a cargo de la presentación de la investigación, la responsabilidad del gobierno nicaragüense va más allá de alentar esta explotación minera en territorios indígenas, porque no está protegiendo los derechos indígenas sobre la tierra como debería hacerlo de acuerdo con la Ley de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua.

Los territorios indígenas más afectados por la violencia relacionada con la industria extractiva son Wangi Twi Tasba Raya, Wangki Li Aubra (Polo Paiwas, Esperanza Río Coco, Cocal, Klisnak y Santa Fe) y Li Lamni Tasbaika Kum (Wiwinak).

De acuerdo con el informe, la parte legal del ordenamiento territorial que devolvió la mayoría de tierras indígenas a sus dueños territoriales en los últimos 17 años se ha cumplido de manera satisfactoria, no así el “saneamiento”, que consiste en expulsar del lugar a los usurpadores, pues el Gobierno ha asegurado que “no es su responsabilidad”.

Empresarios orteguistas en invasión de territorios

El informe también identifica a varios funcionarios afiliados al Frente Sandinista involucrados en la venta ilegal de tierras a los colonos, mientras que las autoridades han otorgado títulos de propiedad en varias comunidades para el reasentamiento de excombatientes sandinistas y del partido indígena Yatama.

“En las regiones autónomas, el gobierno sandinista ha encontrado formas de eludir las leyes formando gobiernos comunales paralelos en los casos en que las comunidades locales se resistan al despojo“, dice la investigación. Además, identifica varias instancias en las que “estos gobiernos locales ilegítimos patrocinados por el Estado, intentan tomar el control de las tierras indígenas”, mediante la solicitud de títulos de propiedad o el control sobre la emisión de títulos de propiedad.

Este “no es un informe de la CIA en contra de un Gobierno socialista. Esto tiene que ver con los derechos de tierras indígenas, esto no tiene que ver con la revolución sandinista, por eso le llamamos el fracaso de la revolución. Lo que ocurre en Nicaragua es la repetición del régimen somocista bajo la administración de Ortega”, explicó Anuradha Mittal, autora del estudio.

Indígenas en condiciones precarias

Como consecuencia de la colonización, los indígenas no solamente han sufrido violencia, sino también el desplazamiento forzoso que los lleva a vivir “en condiciones precarias, habitando en chozas de bambú, esto ha causado en niños y ancianos un deterioro de su salud que amenaza con la pérdida de vida”, sostuvo Cunningham.

La fundadora de Cejudhcan mostró el relato de una indígena que afirmó que los “colonos” tratan “como animales a los miskitos”.

“Las mujeres hemos sido golpeadas, violadas”, por lo que una parte han optado por abandonar sus casas, en travesías que las lleva a dormir con sus hijos bajo lluvia y “en el lodo, sin alimentos, ni medicamentos”, agregó.

Cunningham, quien dio sus aportes a la investigación, reclamó que la Policía de Nicaragua no investiga los casos contra indígenas, ni garantiza el cumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de los nativos.

La investigación, que está disponible en la web del Oakland Institute, muestra “testimonios de primera mano de miembros de comunidades que han sido objeto de violencia intensa, incluyendo asesinatos, secuestros, quema de viviendas y otras intimidaciones vinculadas a invasiones de tierras”.

Puede descargar directamente aquí el estudio:
“Nicaragua: Una revolución fallida: La lucha indígena por el saneamiento”.


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