9 de marzo 2016
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Pamela Neumann es una investigadora estadounidense que se describe a sí misma como una socióloga feminista. Llegó a Nicaragua hace diez años trabajar en Acción contra el Hambre, una organización que desarrolla programas para erradicar el hambre en países pobres. Pero su interés por los Derechos Humanos, en especial los de las mujeres, hizo que esta máster en estudios latinoamericanos condujera una tesis doctoral en la que analizó cómo el sistema judicial de nuestro país trata a las víctimas de violencia de género.
Para realizar sus pesquisas, Neumann vivió en Nicaragua en tres momentos distintos. Entre Junio y Agosto de 2012 – año en que el gobierno de Daniel Ortega aprobó la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) – ella entrevistó a miembros de organizaciones feministas que ofrecían apoyo psicológico y legal a mujeres que sufrían algún tipo de violencia.
Luego, entre junio y julio de 2013, condujo una serie de entrevistas informales en Comisarías de la Mujer, el primer punto de contacto entre el Estado y las víctimas de violencia de género. Y finalmente, entre Julio y Diciembre de 2014, entrevistó a 38 mujeres de Boaco, León, Managua, Masaya y Matagalpa, quienes habían interpuesto denuncias y eran parte de un proceso legal contra sus agresores. El rango de edades comprendía a ciudadanas entre 21 y 55 años de edad.
Entre sus hallazgos, el estudio refleja cómo en burocracias femeninas –es decir, instituciones en las que existe una alta presencia de mujeres– los actores gubernamentales reproducen la violencia de género. Según Neumann, este comportamiento es evidente en la Policía Nacional, en donde pudo observar cómo oficiales reproducen cuatro prácticas que minimizan, atrasan y privan a las mujeres del acceso a la justicia. Las autoridades:
- Presionan a las mujeres para que haya mediación en sus casos
- Obligan a las mujeres a producir evidencia de sus propios casos
- Usan procedimientos arbitrarios y lenguaje técnico
- Toman el bando del acusado
Neumann, quien es candidata a un doctorado en sociología, explica que estos comportamientos pueden cambiar si una promotora social acompaña a las víctimas de violencia de género cuando interponen sus denuncias ante las autoridades. “Las mujeres que reciben apoyo emocional, legal y psicológico no se dan por vencidas cuando surgen dificultades durante el proceso”, apunta.
La investigadora de la Universidad de Texas en Austin afirma que el gobierno de Nicaragua desmanteló la Ley 779 – incorporando la figura de la mediación, cambiando la definición de femicidio y obligando a las mujeres a participar en procesos de “consejería familiar” - para esconder los casos de violencia de género y normalizar los altos índices de violencia contra la mujer. “Este nuevo procedimiento y el discurso de unidad familiar representa un obstáculo más para las mujeres en su búsqueda de justicia”, indica en su tesis doctoral.
En la entrevista que Pamela Neumann otorgó a Confidencial, la estadounidense explica cómo en un país donde hay una mayor presencia de mujeres en instituciones estatales, una de cada dos mujeres sufren algún tipo de violencia durante toda su vida y las autoridades continúan revictimizándolas. “A pesar del discurso oficial, Nicaragua continuará siendo un país muy peligroso para las mujeres, a nivel social e institucional”, critica la investigadora.
La investigadora estadounidense Pamela Neumann. Cortesía /Confidencial
En varios estudios internacionales, Nicaragua aparece a la cabeza de una lista de países que han reducido la brecha de género entre hombres y mujeres. ¿La presencia de mujeres en instituciones del Estado es garante de un tratamiento idóneo para las víctimas de violencia de género?
No necesariamente. Es muy importante que las mujeres tengamos representatividad en las instituciones del Estado, pero si dentro de estas entidades existen normas sociales y culturales que responden al patriarcado, el tratamiento hacia las víctimas no cambia. Por las mismas relaciones de poder, las mujeres tenemos una posición de desventaja en nuestra sociedad y ese pensamiento se transfiere a las instituciones.
¿Cómo se reflejó esta ideología en las instancias de la Policía Nacional que visitó?
Dentro de las estructuras de la Comisaría de la Mujer, pude observar que los oficiales – hombres y mujeres - son los peor valorados. Noté que las mujeres que trabajan allí sentían una presión por demostrar que merecían su puesto laboral. Las oficiales están siendo presionadas desde arriba por las propias normas institucionales. Tal vez esta presión supera el interés que tienen por apoyar a otra mujer. Es importante evitar culpar a las policías, como mujeres. Tenemos que verlas como personas que están dentro de una estructura institucional que reproduce la desigualdad de género.
¿Qué habría que hacer para que los oficiales no sientan que deben probar su valía cuando manejan este tipo de casos?
Para transformar normas culturales y sociales se deben aplicar cambios de arriba hacia abajo, a través de leyes y políticas públicas. También hay cambios deben darse desde abajo, por medio de la acción colectiva. Nicaragua necesita una combinación de ambas cosas. Por un lado, la sociedad civil debe seguir presionando para que cambien las estructuras. Por otro, los oficiales de alto rango también deben aplicar cambios, porque son ellos los que deciden si realmente se aplican las leyes y así evitan la reproducción de la violencia institucional.
La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer (779) fue un logro del movimiento feminista y una herramienta legal progresista creada en un país conservador. ¿Cómo explicar, desde el punto de vista sociológico, que el Estado aprueba una ley para después desmantelarla?
En sociología intentamos comprender las acciones del Estado de varias formas a través de la teoría social. No lo analizamos como una sola entidad, sino como una colección de varias instituciones con distintos intereses. El gobierno aprobó la versión original de ley por la presión que ejerció el movimiento de mujeres de Nicaragua y porque le interesaba mejorar su reputación a nivel internacional.
Los cambios que se dieron después (la reforma para incluir la mediación y la reglamentación de la ley) tienen que ver con la política interna, y la manera en que los sectores conservadores y religiosos ejercieron presión y antepusieron el discurso familiar por sobre todas las cosas. Por otro lado, la ley permitió a más mujeres hacer denuncias. Esto implicó un incremento en las demandas que hacían a las instituciones y en las estadísticas nacionales. El gobierno decidió que era importante cambiar la ley para reducir la cantidad de denuncias, y así mantener el discurso de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica.
¿Es Nicaragua un país seguro para las mujeres?
No. Es lamentable decirlo, pero los derechos de las mujeres no se respetan en este país. Como investigadora, pude observar un alto nivel de violencia institucional hacia las mujeres cuando éstas querían ejercer los derechos establecidos por la ley. Si esta ley, o cualquier otra, no tiene valor, no se aplica correctamente, entonces Nicaragua no es un país seguro para ellas desde el punto de vista legal.
Por otra parte, hay normas sociales y culturales que persisten a pesar de los cambios positivos que se dieron con la aprobación de la Ley 779. No se trata solamente de leyes, sino de la base de estructural de una sociedad. Mientras haya ciertos tipos de masculinidades que consideren a los hombres mejores que las mujeres, esto va a seguir sucediendo. La violencia de género seguirá aceptándose porque la sociedad piensa que la culpa es de la mujer. A pesar del discurso oficial, Nicaragua continuará siendo un país muy peligroso para las mujeres a nivel social e institucional.
¿Es correcto pensar que la Ley 779 es la única alternativa para atacar la violencia de género?
Las leyes son importantes como base para garantizar los derechos de las mujeres, pero son insuficientes porque tienen capacidades limitadas y no responden a todas las vulnerabilidades de las víctimas. Por ejemplo, la ley en sí no reduce la dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas. Esta dependencia impide que muchas hagan denuncias, porque están pensando en la economía de su hogar, en la provisión de sus hijos. Se sacrifican ellas mismas por su familia, porque considerar que es mejor que el hombre continúe trabajando a que esté en la cárcel. La situación es sumamente difícil.
La violencia de género es un tema que está presente en los medios de comunicación, así como en el discurso de las organizaciones de mujeres. ¿Estas herramientas son una garantía para lograr que los ciudadanos estén plenamente conscientes del problema?
Lamentablemente no. Una cosa es tener información sobre un tema y otra cambiar tu manera de pensar, y de relacionarte con tu pareja. Muchas veces, cuando yo explicaba a otras personas el tema que estaba investigando, me decían que la Ley 779 perjudicaba a los hombres. Me sorprendió que incluso algunas mujeres lo dijeran. Existen muchos prejuicios en que hacen que dudemos de nuestros iguales.
En su investigación usted relata que algunas mujeres que llegaban a las comisarías a denunciar violencia de género terminaban presas. ¿Qué factores permiten que esto suceda?
Las normas institucionales. Dentro de las entidades públicas hay mucha sospecha hacia una mujer víctima de violencia.
¿Por qué las estructuras de poder sospechan de un ciudadano que perciben como “el sexo débil”?
Porque nuestra sociedad no cree en la palabra de las mujeres. Valoramos de mejor manera las palabras y acciones de los hombres, creemos que tienen mayor validez que la de las mujeres. Este pensamiento se transfiere a las instituciones y a las mujeres que trabajan en ellas. Es difícil cambiar esto. No hay una solución sencilla.
¿Cuál era la reacción que tenían las autoridades cuando debían abrir una investigación por violencia de género?
Por la falta de recursos adecuados, siempre evalúan los casos que tienen mayores posibilidades de llegar hasta la Fiscalía. Sus criterios son subjetivos desde un principio. Es una inversión de tiempo y recursos, y como las comisarías no cuentan con ellos, hacen una jerarquización de casos, comenzando por los que responden a la violencia física, aquellos que han sucedido inmediatamente. Los casos peor valorados son los de violencia psicológica, porque demostrar la agresión es prácticamente imposible.
Su investigación refleja que las autoridades piden a las víctimas llevar sus propias pruebas cuando interponen una denuncia. ¿Hasta qué punto este comportamiento se repite en los casos que evalúa hasta evidenciar un patrón?
Esto sucedió por lo menos en la mitad de los casos. La Policía quería que, de alguna forma, la mujer hiciera algo para comprobar su situación. Le pedían que llevara fotos, videos, documentos, mensajes de texto. Una víctima incluso tuvo que llamar a Movistar o a Claro para pedir el historial de los mensajes de su celular. Tuvo que gastar su propio dinero para conseguir este registro, porque la Policía no lo podía hacer. Si los oficiales querían enviar un citatorio al acusado para que llegara a la Comisaría, la víctima debía llevarle la cita porque los oficiales decían que no tenían dinero para ir hasta su casa, o no tenían combustible o les faltaban motos.
Su estudio afirma que las autoridades emplean un lenguaje técnico que resulta difícil de comprender para las víctimas de violencia. ¿Qué pasaba con las mujeres en estos casos?
Cuando hice entrevistas junto a la promotora y la mujer misma, podía ver que la víctima luchaba por usar la terminología del Estado. Pero sólo cuando estaban acompañadas de una promotora, se sentían tranquilas porque sabían que éstas manejaban los términos y entendían el proceso legal.
Para la promotora era papeleo, burocracia, pero para la víctima era un gran apoyo.
¿Qué rol tienen las promotoras al momento de enfrentar el sistema legal?
Las promotoras tienen mucho conocimiento sobre leyes y conocen cómo se da el círculo de la violencia. Cuando las víctimas llegan a las comisarías están vulnerables y, muy probablemente, no son capaces de defender sus derechos. Las promotoras abogan por ellas. Mi estudio señala que las mujeres que llegan solas a las comisarías obtienen los peores resultados en término del progreso de sus casos. El hecho de que haya menos promotoras que antes, por el retiro de la cooperación internacional, es muy grave. Las organizaciones internacionales son las que brindaban este tipo de capacitación a las promotoras de los barrios.
Por lo general, estas promotoras pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. ¿Hasta qué punto estas entidades pueden influir en la ruptura del círculo de violencia?
No podés garantizar en un 100% que las organizaciones garanticen el buen funcionamiento del sistema legal. Pero cuando éstas existen, hay mayor presión por parte de las autoridades para cumplir con su trabajo. Hay testigos de sus acciones y saben que los pueden denunciar.
¿Qué alternativas existen para las mujeres que son dependientes económicamente de los hombres?
Si se aplicara la ley a como se debe, habría opciones que garantizarían la protección de una mujer. Las medidas cautelares son un primer paso para que las víctimas puedan separarse de una pareja violenta y soliciten una pensión alimenticia para sus hijos. Ahora lo pueden hacer a través de Mi Familia, pero habría que analizar qué tanto se está cumpliendo esto.
He visto que al Estado le preocupa mucho la pobreza de los nicaragüenses. Sería importante que pensaran en otro tipo de solución que garantice a las víctimas ciertos ingresos económicos, sin depender del trabajo del hombre. Esto permitiría que las mujeres denunciaran sin miedo a que ella y sus hijos mueran de hambre.
Luego de hacer entrevistas a profundidad con víctimas de violencia, ¿qué impresión tiene de la situación de las mujeres en Nicaragua?
Más que todo siento frustración porque la violencia de género sigue siendo un grave problema, a pesar de tantos avances y tanta lucha por parte de las organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos. Pero tengo confianza, porque conozco a muchas mujeres que continúan intentando construir un país seguro para sus pares. Mientras existan voces que hagan conciencia sobre este problema, habrá esperanza para Nicaragua.
