13 de enero 2021
AA
Buscaban cambiar la realidad de uno de los países más pobres de Latinoamérica y casi tres años después cayeron en el olvido. Son los manifestantes que quedaron parapléjicos durante el estallido social de 2018 en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega califica de “golpe de Estado fallido”.
Casi nadie habla de ellos, a pesar de que acarrean algunas de las mayores consecuencias de esas protestas antigubernamentales, que comenzaron en abril de 2018 por unas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de manifestantes presos, muertos, desaparecidos y miles de heridos, según organismos humanitarios.
Temas como la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y elecciones limpias han opacado las necesidades de las llamadas “víctimas de abril”, en medio de la profunda crisis sociopolítica y al expectativa por los comicios de noviembre próximo.
La información que se tiene de ellos es escasa, se desconoce cuántos son y, en muchos casos, ni siquiera se sabe dónde están porque continúan huyendo por temor por su seguridad. Ni siquiera los que gozan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen libre acceso a la salud pública.
Algunas manos caritativas han podido ayudar, mientras ellos se sienten ignorados por la oposición. Y las autoridades, señaladas por la CIDH de “negar la atención a la salud”, tampoco se pronuncian al respecto.
"Me creían muerto"
“Muchos me creían muerto, y ahora es el susto cuando me ven”, dice a Efe Samuel Mairena en su primera conversación fuera de su entorno de seguridad desde que casi muere en junio de 2018.
“Cuando me pegan los balazos, creyeron que yo estaba muerto… uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… ocho por todos son. Una de las balas me dañó la médula, desde entonces no he podido caminar”, relata el cocinero, quien perdió parte de los dedos de un pie cuando estos rozaban el pavimento mientras sus amigos lo trasladaban inconsciente en una motocicleta, de un hospital a otro, hasta que unos médicos se apiadaron de su papá y lo recibieron.
Samuel Mairena muestra un proyectil que fue extraído de su cuerpo y que guarda como recuerdo. Foto: EFE | Confidencial
Lo que más le duele hoy, asegura, es que su familia es rechazada de empleos por carecer del “carnet de militante (sandinista)”, son amenazados de muerte, perseguidos o asediados. “Nos dicen golpistas”, sostiene. En el momento de la entrevista con Efe, una patrulla de la Policía empezó a rondar su casa en Managua.
"Iba a morir en 15 días, hablando"
Una situación similar vive un joven de 21 años que prefirió omitir su nombre para que sus dos hermanos menores y su madre, soltera y desempleada, no sean expulsados de su casa, en un barrio de Managua donde “todos son sandinistas”.
“Desde 2018 me retiraron la matrícula, antes yo estudiaba y trabajaba vendiendo ropa para ayudarle a mi mamá, pero ella dejó de trabajar para cuidarme”, afirma el joven, que en abril de 2018 recibió dos disparos, uno en un brazo y otro que le subió de la vértebra T4 a la T2.
Debido a las dificultades para ingresar en un hospital estatal, fue curado de emergencia en la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en aquel momento tomada por estudiantes, quienes recibían ayuda clandestina de médicos.
Luego lo enviaron al sistema público, donde a la segunda sí fue atendido, aunque le dijeron “que iba a morir en 15 días por un shock medular, y que iba a morir hablando”.
Fotografía que muestra las piernas de un manifestante que quedó parapléjico durante los ataques armados contra el estallido social de 2018 en Nicaragua. EFE | Confidencial
Vida oculta
Una tercera víctima tiene dificultad para hablar, pero no por los 11 perdigones de escopeta recibidos, de los cuales uno lo dejó parapléjico y diez permanecen en su cuerpo, sino por desconfianza.
“Caminamos con el temor, porque son tan sin vergüenza que a cualquier lugar lo van a buscar a uno, porque son como una fiera, no tienen respeto de nada”, explica al acusar a las fuerzas del Gobierno. Esa es la misma razón, afirma, por la que no ha ido a un hospital.
Este campesino habita con apenas condiciones, literalmente oculto en una casa de seguridad en Managua tras sufrir una emboscada en Chontales, supuestamente ejecutada “por policías y paramilitares” mientras intentaba recuperar el cuerpo de un amigo, en 2018.
Este campesino de 34 años, con cuerpo de jugador de fútbol americano que de pie mide dos metros, hoy depende, incluso para las más básicas necesidades, de su menuda esposa, casi medio metro más baja.
Mirada al futuro
Ninguno niega su sufrimiento, pero quieren volver a trabajar. Mairena sueña con regresar la cocina.
El más joven recuperó el habla y la movilidad de sus brazos, ya puede agitar sus piernas, quiere ser médico y pronto iniciará un proceso de rehabilitación en la clandestinidad.
El campesino recibió un diagnóstico que le da esperanzas de volver a caminar, ya siente una pierna, está recuperando la sensibilidad de la otra, y cree que si obtiene ayuda médica y “un terrenito", podrá servirle a sus hijas, dos niñas que ayer estrenaron felices unas muñecas.
Sí comparten un anhelo: “Que haya un cambio pronto, hemos sufrido demasiado, porque este régimen nos lleva matando a pellizco a todos, queremos que se vaya de Nicaragua esta gente”, resume el campesino.
Sobre el aparentemente vano sacrificio, coinciden en respetar la “decisión de Dios”, no mirar atrás, y pedir por que alguien les ayude a superar la discapacidad para rehacer sus vidas.
