30 de noviembre 2020
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Más de 10 millones de dólares ha invertido el régimen de Daniel Ortega en 19 contratos de compras estatales, para atender la pandemia de covid-19, entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de 2020, según parte de los documentos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como requisito establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de emergencia de 185.3 millones de dólares.
Las compras se dividieron en cuatro rubros, el más costoso fue el de los equipos médicos que incluyó la adquisición de ventiladores, camas hospitalarias, ultrasonidos portátiles, monitor de signos vitales y otros insumos por más de 4.75 millones de dólares. Asimismo, se adquirió una numerosa cantidad de medicinas por monto superior a los 3.44 millones de dólares.
El resto de las compras corresponden a ropa para el personal de Salud y para los pacientes ingresados en “áreas covid” y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por un monto de 1.35 millones de dólares. Además, se invirtieron 606 754 dólares para la compra de equipos de protección para el personal sanitario.
Esta es la primera vez que el Gobierno de Daniel de Ortega publica información relacionada a las compras del Estado en respuesta a la covid-19, haciéndolo como requisito para el apoyo del FMI, cuyo financiamiento es el mayor monto ofrecido al régimen por un organismo internacional para enfrentar los gastos derivados del SARS-CoV-2. Sin embargo, aunque Ortega se comprometió a transparentar el manejo de la misma, continúa sin revelar cuál es el verdadero impacto de la pandemia, que su régimen insiste en minimizar, con datos que han sido ampliamente cuestionados por especialistas independientes, y puestos en duda por la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Estas adquisiciones, además, ocurrieron del 15 de junio al 22 de septiembre, a pesar de que el período con mayor número de contagios y fallecidos se registró entre finales de abril y mediados de junio, y que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha recibido donaciones de equipos de protección de distintos organismos y países, aunque los médicos denunciaron en los hospitales no les facilitaban ni siquiera las mascarillas.
“Reconocemos la importancia de asegurar que los gastos de emergencia se registren adecuadamente y, por ello, comenzamos a publicar todos los contratos relacionados con covid-19 firmados desde junio de 2020”, indicó el Gobierno en la carta de intención que entregó a los directivos del Fondo Monetario, sin indicar si revelará las compras previas o si las hubo.
La carta agrega que el Gobierno ha consultado con el personal del FMI “los términos de referencia para que una firma externa e independiente audite todos los gastos relacionados con la covid-19”, sin dar mayores detalles.
Las empresas contratadas
La adjudicación de los 19 contratos se dividió en 13 empresas. CONFIDENCIAL confirmó que, según estas adjudicaciones publicadas, las dos empresas que tuvieron más contratos fueron Bühler Pharma SA y Neoethical SA. Cada una de estas ganó tres contratos, sumando seis de los 19. El total de Bühler Pharma SA es de 2.77 millones de dólares, y el de Neoethical SA es de 948 003 dólares.
Bühler Pharma SA, según su sitio web, es una importadora y distribuidora de equipos médicos de alta tecnología, que tiene más de 45 años de historia en el país. Las compras a esta empresa incluyen 110 ventiladores universales (pediátricos y de adulto) y 400 equipos de succión de secreciones. Estas compras se realizaron el 27 de julio de 2020 y fueron financiadas con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y por fondos del Tesoro.
De acuerdo con información publicada por el Gobierno, hasta finales de mayo en Nicaragua se contaba con 449 ventiladores, sin incluir otros siete donados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y otra cantidad no determinada por otros organismos. Sin embargo, el Gobierno no ha detallado cómo están distribuidos, cómo son usados ni cuál es el estado de esos equipos.
La empresa Generic Pharma GP SA, es la segunda con un mayor monto adjudicado a través de dos contratos que suman más de 1.46 millones de dólares. Las compras a esta empresa, representante y comercializadora de productos farmacéuticos y equipos médicos, fundada en 1995, según información comercial, también fueron cubiertas con fondos del Tesoro, e incluyen mascarillas, batas, lentes de protección y medicinas.
En la lista, sigue Representaciones Farmacéuticas de Nicaragua SA, que obtuvo más de 1.1 millón de dólares en un único contrato por la compra de 2.1 millones de tabletas de Nitazoxanida, un fármaco usado para cuadros diarreicos. La empresa, que tendría más de tres décadas en el mercado nicaragüense, se dedica a la representación de laboratorios extranjeros y a la distribución de productos farmacéuticos, aunque su sitio web www.refanic.com luce desconfigurado.
Otro contrato por más de un millón de dólares fue para Yale Healthcare, en concepto de 40 camas hospitalarias y la misma cantidad de monitores de signos vitales, bombas de infusión, ultrasonidos portátiles a color, y cien mil oxímetros de pulso, cubierto con fondos del Tesoro y donación del Gobierno de Taiwán.
La empresa de equipos, reactivos y materiales para laboratorios de control de calidad, análisis, investigación y seguridad industrial, Cam International Nicaragua, obtuvo también más de un millón de dólares por la compra de medicinas y reactivos para extracción ARN, que son utilizados en el diagnóstico de la influenza, entre otros insumos.
Otros siete contratos fueron por compras desde 3000 a 678 850 dólares, que en total suman más de 1.65 millones, distribuidos en empresas como Textiles Saddam International SA, Seven Pharma, Más Publicidad, Inversiones Ayatal SA, Logística Ecológica SA e Importaciones Farmacéuticas SA.
Solo medio millón en equipos de protección médica
Las asignaciones también incluyen a la Distribuidora Cruz Azul SA, representada por Napoleón Ortega Balladares, quien ha tenido cargos en el Ministerio de Salud (Minsa) y en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Esta empresa ganó un contrato valorado en 276 843 dólares, por la compra de medicinas y equipos médicos: 2500 lentes de protección y 40 circuitos respiratorios con accesorios para ventilador de adulto.
De los 19 “contratos covid”, que se publicaron en el sitio web de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), se adquirieron 82 órdenes de compra. Y de esa suma, solamente cinco fueron para equipos de protección del personal de Salud, que incluyeron la compra de mascarillas N-95, quirúrgicas y estándar (tela). Además de protectores faciales y lentes de protección, por un monto de total de 607 341 dólares.
La falta de insumos y equipos de protección para el personal sanitario ha sido una de las principales demandas para enfrentar la pandemia en Nicaragua.
El nueve de junio, la OPS llamó a las autoridades nicaragüenses a proteger a los trabajadores de la Salud y garantizarles los equipos necesarios para la atención de pacientes con covid-19. El llamado coincidió con el día en que el Gobierno despidió a una decena de médicos por demandar equipos y criticar el manejo público de la pandemia, luego que la Asociación Médica Nicaragüense convocara a la población a una cuarentena voluntaria.
Para mediados de junio, el avance de la pandemia entre el gremio médico era alarmante. Según el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19, al 15 de junio se registraban 592 casos sospechosos de coronavirus entre el personal sanitario, incluyendo 70 fallecidos.
Las compras, reveladas en los contratos publicados, también incluyen medicinas como Interferón Beta (57 865 dólares), Lopinavir + Ritonavir (368 288 dólares), Ivermectina (227 666 dólares) e Hidroxicloroquina (114 000 dólares). Esta última es uno de los medicamentos usados en Nicaragua para el tratamiento de la covid-19, que en los primeros meses de la pandemia se vendió como una de las “curas milagrosas”, a pesar de que su uso no ha sido suficientemente probado o está en desuso por otros países, que han tenido períodos de pruebas más largos sin los resultados esperados.
Pese al compromiso de transparencia, y a más de ocho meses desde la confirmación del primer caso de covid-19 en Nicaragua, el Gobierno sigue ocultando el verdadero impacto de la pandemia. Incluso, al FMI le reportó una suma semanal de contagios menor a la reportada en esa fecha por el Ministerio de Salud, que ya es ampliamente cuestionada.
El Gobierno aseguró al Fondo Monetario que hasta el seis de octubre registraban 4225 contagios, que corresponden a 1039 casos menos que la cifra registrada hasta esa fecha por el Minsa.
De igual forma solamente admitió 151 fallecidos, a pesar de que los datos sobre los decesos han sido cuestionados e incluso hay análisis de sobremortalidad que estiman más de 6500 muertes atribuibles a la covid-19, que el Gobierno justifica como “comorbilidades” por diabetes, hipertensión e infarto.
El Estado también omite transparentar los datos sobre las pruebas de covid-19 y sus resultados, que mantiene centralizadas en el Centro Nacional de Diagnóstico y Respuesta (CNDR) y que, según ha reiterado la OPS, son indispensables para conocer y evaluar el impacto de la pandemia y la expansión del coronavirus.
