Nación

Los crímenes del régimen antes de abril

La masacre de Las Jagüitas, el asesinato de los hijos de Elea Valle, la paliza contra Juan Lanzas, y la mochila bomba en Pantasma, siguen en impunidad

A la hermana y los hijos de Yelka Ramírez y Milton Reyes los mató la Policía del régimen orteguista. Sus cuerpos fueron atravesados por 48 disparos, pero la Fiscalía consideró que fue homicidio imprudente. Hubo juicio, pero no justicia. La impunidad en este caso es la misma que se aplicó a todos los crímenes cometidos en los últimos años por la Policía y el Ejército de Nicaragua.

Crímenes como la masacre de Las Jagüitas, en Managua; la explosión de una mochila bomba en una comunidad de Santa María de Pantasma, Jinotega; la masacre de una familia de campesinos que se habrían rearmado en La Cruz del Río Grande, del Caribe Sur, incluyendo a dos menores de edad; y una brutal golpiza a un reo hasta causarle una gangrena que lo dejó sin sus dos piernas, mientras permanecía en la delegación policial de Matagalpa, son una muestra de los hechos impunes ante un sistema de justicia que tiene por norma la lealtad al régimen.

“El abuso de poder y la garantía de impunidad” han sido recurrentes desde que Daniel Ortega retomó el poder en 2007, afirma el defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica, Gonzalo Carrión. La mayoría de las víctimas, analiza, fueron campesinos que “tuvieron la valentía de viajar largas distancias, hasta las ciudades, para hacer escuchar su voz”. Ninguno de ellos consiguió justicia.

Otra característica común en estos crímenes es el “encubrimiento”. Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), destaca que la mayoría de los casos se conocieron “debido a la intervención oportuna de los medios de comunicación”, y no porque las autoridades hayan procurado justicia para las víctimas.

Carrión y Cuevas coinciden en que esos casos merecen ser llevados a una corte penal internacional; sin embargo, la mayoría de las víctimas son ciudadanos en condiciones de pobreza extrema, desconocen los mecanismos para entablar una demanda y desconfían del sistema de justicia.

Utilizan métodos terroristas

Caía la tarde del veinte de enero de 2015, cuando un estruendo en el patio de la casa del campesino Modesto Duarte, lo obligó a salir. Fue la explosión de una mochila bomba, que mató a dos miembros de un grupo de rearmados que descansaban a unos 300 metros de la vivienda, ubicada en la comarca El Portal, de Pantasma, Jinotega. Las investigaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyeron que el bombazo fue una operación militar, pero las autoridades nacionales no investigaron el caso.

Armados
Beneranda Rodríguez, viuda de un campesino muerto durante un interrogatorio de colaboradores del Ejército. Foto: Carlos Herrera/Confidencial.

Los campesinos de El Portal denunciaron que dos personas llegaron durante la tarde y subieron a un cerro donde pernoctaban los armados para entregarles una mochila. Antes les habían llevado botas de hule y teléfonos celulares. Cuando los desconocidos dejaron la mochila y se retiraron del lugar, el bulto explotó.

Duarte fue el primero en llegar al lugar, y minutos después fue ejecutado. Su viuda, Beneranda Rodríguez, relató —entonces— que lo asesinaron colaboradores del Ejército de Nicaragua.

El abogado Pablo Cuevas recuerda que, en El Portal, los vecinos comentaron la rapidez con que se presentaron los soldados a la alejada comunidad. De quererlo, estiman, habrían “evitado la huida” de los dos sujetos, pero lo único que hicieron las autoridades fue publicar una declaración asegurando que la explosión se dio durante una transacción de droga.

El activista de la CPDH subraya que los defensores de derechos humanos solicitaron en múltiples ocasiones “una investigación seria, pero no pasó nada”. El caso fue notificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De homicida confeso a comisionado

Los medios de comunicación llamaron el caso “la masacre de Las Jagüitas”, en alusión al lugar donde nueve policías acribillaron a una familia el 11 de julio de 2015, mientras realizaban un operativo antidroga en una zona rural de Managua. Dos niños y una joven murieron. Además, dos adultos y dos menores de edad más resultaron heridos. Cuatro años después los autores confesos se encuentran libres y ascendidos de rango.

Policías acusados de cometer la masacre de Las Jagüitas, durante el juicio en su contra. Carlos Herrera/Confidencial.

Durante la audiencia inicial de juicio, el capitán Zacarías Salgado y su escuadrón aceptaron la culpa y pidieron perdón a la familia de las víctimas. Sin embargo, la madre de los niños, Yelka Ramírez, asaltó la palabra y reclamó. “Ustedes no tienen conciencia, ¿quién me devolverá a mis hijos?”.

Las penas impuestas oscilaron entre los dos y los once años de cárcel, y veinte años de prohibición para usar armas de fuego. Pero los oficiales no pagaron su condena en el Sistema Penitenciario Nacional, sino en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocidas como El Chipote.

Cuatro años después, en septiembre de 2018, Salgado fue ascendido a comisionado. La Policía lo premió por supuestos actos heroicos durante la represión que el régimen desató contra la población.

CONFIDENCIAL visitó dos veces la casa de Ramírez y Reyes, para conocer su percepción sobre la impunidad en que quedó la muerte de sus hijos, pero en ambas ocasiones sus familiares negaron su presencia. La pequeña vivienda, sin embargo, lucía renovada, y afuera había dos vehículos parqueados.

Cadáveres perdidos en la montaña

La fosa común donde fueron enterrados los hijos de la campesina Elea Valle nunca fue abierta. Ambos menores de edad fueron asesinados junto a una agrupación de supuestos rearmados en La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El Ejército ordenó que los cuerpos, de quienes ellos calificaron como delincuentes, fueran enterrados.

Masacre La Cruz de Río Grande Elea Valle
Elea Valle, en una marcha contra la violencia de género, en Managua. Carlos Herrera | Confidencial.

Los pobladores del lugar esperaron un día para que Valle llegara al lugar, pero los tuvieron que sepultar debido al avanzado estado de descomposición. De aquella escena horrible solo quedan unas fotografías de los cadáveres que muestran que los hijos de Valle fueron torturados antes de morir. Pero ninguna autoridad investigó y el caso quedó impune.

La versión oficial fue que seis personas, entre ellas dos menores de edad, murieron durante un enfrentamiento con miembros del Ejército de Nicaragua. El tiroteo ocurrió el 12 de noviembre de 2017; días después el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, intentó deslindar responsabilidades: “Nosotros no hemos hecho ninguna fosa, no hemos hecho ningún entierro. Lo que hicimos nada más es preservar el lugar (del operativo) y entregar los muertos a quién le correspondía”.

El testimonio de Valle contradijo la verdad oficial. Ella relató que su esposo, Francisco Pérez, era miembro de un grupo de rearmados contra el régimen de Daniel Ortega, y sus hijos: Yojeisel Pérez Valle, de 16 años, y Francisco Pérez Valle, de 12, lo andaban visitando cuando el Ejército les disparó a matar. La madre también denunció que Yojeisel pudo haber sido víctima de abuso sexual y que los cadáveres tenían quemaduras.

El abogado Gonzalo Carrión, que acompañó el caso, no duda en calificar que “fue una masacre”; un operativo militar que “tenía como fin ejecutar a todas las personas”, e increpa que, “si fue un enfrentamiento, ¿por qué los militares salieron sin un ningún rasguño?”.

Carrión recuerda que distintos organismos defensores de derechos humanos acompañaron a Valle a presentar su denuncia en la Policía y la Fiscalía, pero el resultado fue “impunidad”. Las instituciones desestimaron la denuncia. El caso de Valle fue presentado también ante la CIDH, que extendió medidas cautelares.

Brutalidad policial contra campesino

Juan Lanzas fue llevado a punta de golpes —el 29 de diciembre de 2017— desde la comunidad Cerro Colorado hasta la estación policial de Matiguás, en el departamento de Matagalpa. La Policía lo señalaba de haber hurtado dos bombas de fumigar, un panel solar y un quintal de frijoles. Cuando lo arrestaron, este campesino tenía buena salud y cuatro semanas después —el 23 de enero de 2018— le amputaron sus dos pies en un hospital de Matagalpa.

Policías acusados de cometer la masacre de Las Jagüitas, durante el juicio en su contra. Carlos Herrera/Confidencial.

El primero de enero de 2018, Lanzas fue trasladado de Matiguás a la delegación policial de Matagalpa. En ese lugar fue “golpeado brutalmente” y permaneció encerrado durante 18 días a la orilla de un hoyo donde los reos defecaban. Al poco tiempo de estar en esas condiciones, el cuerpo de Lanzas presentó una gangrena.

Lanzas relató en una entrevista posterior que, mientras estaba en el baño de la prisión, “andaba con calentura en todo el cuerpo. Pasé dieciocho días mojado en el baño, día y noche. Ahí se me comenzaron a ‘moradear’ y a dormírseme los pies, por la sangre coagulada producto de los golpes”, narró.

El abogado de la CPDH reitera que nunca hubo una acusación formal contra Lanzas. A él lo detuvieron para una investigación y luego fue llevado ante un juez, quien no admitió los hechos porque no había ni expediente, y ordenó que el campesino fuera llevado al hospital. Los defensores de derechos humanos solicitaron una investigación ante la dirección de Asuntos Internos de la Policía, pero, denuncia, “nunca nos dieron los resultados”.

 



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