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Los 21 mayores de 60 años que son presos políticos del régimen orteguista

Problemas de salud, desmayos, pérdida de peso y nuevas enfermedades enfrentan los prisioneros políticos mayores de 60 años

Wilfredo Balmaceda lleva siete años en prisión. Desde 2014, fue encarcelado y es considerado, por organizaciones de derechos humanos, como uno de los primeros presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde 2021 se convirtió, según la ley nicaragüense, en adulto mayor. Pero sigue encerrado en La Modelo, sometido a maltratos y a incomunicación con su hijo de nueve años.

Tener más de 60 años de edad no exime de cumplir con responsabilidad penal. Sin embargo, en muchos de estos casos los jueces optan por ordenar casa por cárcel. El artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP), en su inciso 3, indica que “el juez puede sustituir la prisión preventiva domiciliaria, entre otros casos, a personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad terminal debidamente comprobada”.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo mantiene secuestradas a 21 personas adultas mayores, 17 de ellas arrestadas en los meses previos a las votaciones de noviembre de 2021, cuando Ortega se reeligió en unas votaciones sin garantías democráticas eliminando la competencia política al ordenar la detención de los principales liderazgos políticos, económicos y sociales.

Para el abogado penalista y exfiscal departamental del Ministerio Público, Boanerge Fornos, la negativa de aplicar un sinnúmero de beneficios que protejan a los adultos mayores, evidencia que “estamos en presencia de medidas tomadas por judiciales no de manera discrecional, sino arbitrarias”.

Fornos afirma que uno de los primeros derechos que tienen estas personas, es el de recibir atención médica continua, lo que no ocurre en la mayoría de los casos, según han denunciado los familiares de los presos políticos. “Esto se determina cuando el sistema de justicia realmente funciona, pero no es el caso de Nicaragua, donde priman los criterios políticos”, apunta.

En la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia en 2008, se aprobaron “Las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, de las que el Poder Judicial de Nicaragua es suscriptor, y que se refiere particularmente a la atención para los adultos mayores.

“Este instrumento internacional vinculante para los poderes judiciales que integramos la Cumbre Judicial Iberoamericana, establece una serie de directrices encaminadas al establecimiento de acciones concretas para garantizar el efectivo acceso a la justicia para los segmentos poblacionales en mayor condición de vulnerabilidad”, dice un documento firmado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.

Los abogados defensores de los presos políticos han solicitado cambios de medidas carcelarias, pero el sistema judicial los ignora, pese a que el artículo 172 del Código Procesal Penal indica que “el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de medidas cautelares mensualmente, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”.

Régimen insensible hasta en la muerte

Después del fallecimiento del general de brigada en retiro, Hugo Torres, de 73 años, tras más de dos meses en los que el régimen mantuvo oculto su paradero y condición de salud, organizaciones de derechos humanos y familiares han demandado de forma urgente la liberación de las personas presas políticas sometidas a tratos crueles, aislamiento y enfermedades.

Desde su encarcelamiento, familiares de Torres, a través de una carta, manifestaron su temor a lo que podía pasar con su vida. “El general en retiro Hugo Torres tiene actualmente 73 años de edad y según el derecho internacional humanitario, y el sentido común, una persona mayor de 70 años no debería de estar retenida fuera de su propia residencia, menos sin justificación legal y en medio de una pandemia”, exigieron.

La muerte de Torres, se produce días después que los familiares de los presos políticos denunciaran que varios de ellos se encuentran en una “situación crítica” dentro de sus celdas.

El doctor Eddy Valverde, integrante de la Unidad Médica Nicaragüense, dice que hay “falta de humanismo y de voluntad del régimen” de garantizar la vida de estas personas, empezando por “las terribles condiciones carcelarias que enfrentan”, tomando en cuenta además que a esa edad se sufre deterioros en la salud, como por ejemplo: baja su frecuencia cardíaca, su capacidad pulmonar, su capacidad muscular.

“La mayoría de personas mayores de 60 años tienen una o dos enfermedades crónicas (…) y estas enfermedades no pueden ser correctamente manejadas en un sistema carcelario, menos aún cuando sufren aislamiento y se les niega un seguimiento médico independiente”, explica.

Sin atención y encerrados

La Ley del Adulto Mayor (Ley 720) ordena a que a los mayores de 60 años se les garantice “ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad, inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Sin embargo, esto no se ha aplicado en ninguno de los casos de los 21 presos políticos adultos mayores, particularmente los 17 apresados desde inicios de junio de 2021. Sus familiares han denunciado la falta de abrigo, la mala alimentación, la falta de sol, el aislamiento y la incomunicación de los reos de conciencia.

La mayoría de estas personas presentan diversos problemas de salud, pérdida de peso, necesitan medicinas y atención médica especializada. Uno de ellos es el exembajador y exsacerdote, Edgar Parrales, de 79 años, a quien le urge una colonoscopia especializada, pues tiene problemas digestivos crónicos.

Desde hace diez años le extirparon el intestino grueso, tiene diverticulitis y una hernia. El procedimiento médico especializado que requiere el también analista político estaba programado con su médico de cabecera, previo a ser encarcelado arbitrariamente, para mediados de diciembre del año pasado. Se desconoce si está recibiendo la atención necesaria, tomando en cuenta que es el reo de conciencia con mayor edad.

Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, es el segundo preso político de mayor edad. Fue declarado culpable en un juicio a puerta cerrada, realizado en El Chipote, donde se encuentra recluido.

“Hemos visto cómo su detención ha afectado su salud. Debido a su edad y a su condición física, le pedimos a las autoridades que conmuten su sentencia al tiempo que ya cumplió en la cárcel y le permitan regresar con su familia, su esposa, sus hijos y sus pequeños nietos. Deben permitir que nuestro padre se recupere con los cuidados de su familia”, escribió en Twitter su hijo, Roberto Aguirre Sacasa.

Nuevas enfermedades

El abogado y exdiplomático, Mauricio Díaz, cumplió 71 años de edad encarcelado. Sus parientes alertaron que le diagnosticaron polineuritis y escoliosis, dos enfermedades que no había padecido antes. Además ha sufrido desmayos, tiene lagunas mentales y manchas en la piel como consecuencia de las pocas horas de sol que tiene autorizadas.

“Le están dando Tafil por las noches para dormir, un medicamento que él nunca había necesitado”, declaró alguien de su familia. Además tiene dolores de espalda y ha tenido infecciones en los oídos.

Díaz contó en una de las visitas, que el nueve de septiembre del año pasado, día de su cumpleaños, estuvo internado dos días con suero porque se descompensó. También detalló que el mes pasado estuvo castigado en aislamiento.

“Está más delgado, un poco tembloroso casi igual que cuando fue capturado y aislado completamente (…) puede ser porque nos dijo que a finales de enero estuvo castigado, no le dan ropa, ni le daban la comida que le llevábamos”, dijo a CONFIDENCIAL un familiar de Díaz.

Sin embargo, menciona que “a pesar de las lagunas mentales que ha tenido, en el juicio, cuando tomó la palabra, se mostró lúcido”.

“Participé en la creación de la Constitución Política del país, todas esas leyes ya me las sé y no las estoy infringiendo (…) vender mi patria me daría vergüenza”, dijo Díaz durante el juicio político en el que fue condenado.

Familiares del exdiplomático y aspirante presidencial, Arturo Cruz, de 68 años, declararon que lograron notar que, además de seguir perdiendo peso y tener problema visual en uno de sus ojos, “muestra signos o síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson”.

Por ello su defensa ha solicitado atención médica especializada para el catedrático del INCAE que también ha presentado gestos de dolores insoportables y dificultades de movimiento durante el juicio que se ha prologado por varios días.

Otro de los que ha presentado problemas médicos es el exvicecanciller, Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, quien empezó a padecer del síndrome de Meniere, que se caracteriza por mareos fuertes, zumbidos en los oídos y pérdida de la audición. Sus abogados también han solicitado cambios de medidas carcelarias, pero no han encontrado solución.

Cristian Tinoco, hija del exguerrillero, ha explicado que su padre tiene varias comorbilidades, es hipertenso y asmático. “Los oficiales nos han pedido medicamentos para mi papá, fue preocupante porque nos pidieron medicamento para el síndrome de Meniere, que se caracteriza por presentar mareos muy fuertes, zumbidos en los oídos y pérdida de la audición”, lamentó.

Su salud empeora

La pérdida abrupta de peso se va a registrar en personas con diabetes y sobrepeso, como el preso político José Pallais, cuyos familiares estiman que ha perdido cerca de 90 libras desde que está en la cárcel.

El abogado leonés padece diversas enfermedades crónicas: problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, apnea del sueño y problemas en la columna.

Durante el juicio, realizado a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, Pallais se desmayó y tuvo que ser retirado del proceso para recibir atención médica.

Violeta Granera tiene 70 años y padece de presión alta, diabetes y debe realizarse exámenes del corazón por un padecimiento coronario.

Familiares han denunciado que su salud sigue deteriorándose, pues no recupera su peso, se han agudizado sus problemas dentales, continúa sometida a interrogatorios diarios, se ha agravado su capacidad para alimentarse, tiene problemas de azúcar debido a su mala alimentación y muestra un estado emocional “muy alarmante”.

“Comparando su estado desde la última visita el cambio de su estado de ánimo se ha deteriorado rápidamente, esto debido a las torturas psicológicas y el trato humillante al que ha sido sometida”, denunciaron después de la última visita.

Sin revisiones médicas

La presa política Evelyn Pinto sigue sin recibir la atención médica especializada que requieren por sus condiciones de salud, lamentó su hija Silvia Nadine Gutiérrez, en entrevista con CONFIDENCIAL.

La defensora de derechos de la niñez, de 63 años, es una sobreviviente de cáncer. No tiene tiroides y es paciente con insuficiencia renal crónica, por lo que requiere de un chequeo especializado y un seguimiento al control de sus niveles de creatinina.

Su hija resaltó que además padece de hipertensión, llevaba un riguroso cumplimiento de sus medicinas, pero por ahora también desconocen si los medicamentos están funcionando bien.

“Le dan unos calambres muy fuertes si ella no se controla el calcio y ella ha estado manifestando que los está sintiendo”, precisó.

De las 21 personas mayores a 60 años detenidas, 11 se encuentran en El Chipote, dos de los cuales están en celdas de reclusión diferenciada: Dora María Téllez, en aislamiento, e Irving Larios en celda de castigo.

Cinco de los reos de conciencia están en La Modelo, entre ellos dos presos políticos detenidos previo a las protestas ciudadanas de 2018, quienes están en máxima seguridad, reveló el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.


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