Nación

Llueven recursos por inconstitucionalidad contra “Ley Mordaza”

Periodistas, feministas, y exfuncionarias de FVBCh: Ley de Ciberdelitos viola diez artículos de la Constitución y castiga la libertad de expresión

Periodistas de distintos medios de comunicación afiliados al PCIN, mujeres integrantes del movimiento feminista, y defensores de la libertad de prensa que pertenecieron a la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh), presentaron más de cuarenta recursos por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como “Ley Mordaza”, promovida por el Gobierno de Daniel Ortega, porque viola diez artículos de la Constitución Política y varios tratados internacionales.

Entre los recurrentes están los periodistas Sergio Marín y Julio López, las feministas María Teresa Blandón y Marlen Chow, la expresidente de la FVBCh, Cristiana Chamorro y la periodista, exfuncionaria de esa oenegé  Lourdes Arróliga.

En el recurso que presentaron Cristiana Chamorro y varios extrabajadores de la FVBCh, como ciudadanos, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitan “expresamente que se declare la inconstitucionalidad parcial de la Ley Especial de Ciberdelitos” en particular la inconstitucionalidad de los artículos 10, 11, 13, 28, 30 y 39.

Detallan que los artículos constitucionales que viola la ley son el 5, 6, 25, 26, 30, 66, 67, 130, 160 y 182 que establecen los “derechos fundamentales de los nicaragüenses relacionados a la libertad de prensa, de expresión e información”.

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, entró en vigencia el pasado 30 de diciembre, y, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

En el recurso insisten que esta normativa aprobada “pretende simple y llanamente eliminar o menoscabar los derechos a la libre expresión y a la libre información”.

“Pretenden intimidar”

“Esta ley no solo afecta a los periodistas, afecta a toda la ciudadanía en general, al que tiene un celular, al que tiene un Facebook, al que tiene una cuenta de WhatsApp, a todos nos están atentando nuestro derecho a la libertad de expresarnos, nuestro derecho también a la privacidad, estamos introduciendo este recurso”, dijo Chamorro.

Afirmó que esta “Ley Mordaza” busca “intimidar” y “reprimir” tendiendo a convertir a Nicaragua en una “gran cárcel”.

“No solo tenemos a los presos políticos, a quienes tenemos que exigir su libertad, pero a nosotros nos están encarcelando con leyes de este tipo porque nos están dejando sin nuestros derechos constitucionales”, expresó.

Feministas: quieren callarnos

Un grupo de mujeres integrantes del Movimiento Feminista de Nicaragua también interpuso recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley Especial de Ciberdelitos.

María Teresa Blandón, que forma parte de esa organización, dijo que el régimen de Ortega pretende callar a los periodistas de los medios de comunicación independientes, organizaciones que defienden los derechos de los nicaragüenses y a todo ciudadano que desee cuestionar los abusos que cometen.

Blandón comentó que han llegado durante varios años a imponer distintos recursos por inconstitucionalidad contra diversas leyes y reformas, pero hasta la fecha la CSJ sigue sin contestarles.

Ley Mordaza
Feministas presentaron recursos de inconstitucionalidad frente a la “Ley Mordaza”. Foto: Artículo 66.

“Es un derecho ciudadano interponer estos recursos y de alguna manera logramos evidenciar la falta de independencia del Poder Judicial que de manera recurrente guarda silencio sobre recursos interpuestos por ciudadanos y ciudadanas de este país”, insistió.

Un día antes, un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación independientes y de la organización PCIN interpusieron 34 recursos por inconstitucionalidad contra la “Ley Mordaza”.

Estigmatiza a usuarios de redes

El recurso firmado por extrabajadores de la FVBCh apunta que la “Ley Mordaza” viola “uno de los principios estructuradores básicos del Estado nicaragüense” que es la cláusula del Estado de derecho, plasmada en el artículo 6 de la Constitución Política que es “la legislación penal tenga un inequívoco sentido garantista”.

En ese sentido, reclaman que la “Ley Mordaza” utiliza “términos con tal nivel de vaguedad, imprecisión y ambigüedad que dejan en total inseguridad jurídica a los ciudadanos y otorgan un amplio margen de arbitrariedad a los jueces y tribunales de justicia”.

La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel “la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”.

El recurso presentado por Chamorro detalla que el artículo 13 de la Ley “produce también una estigmatización en contra de las personas pues el mero hecho de utilizar tecnologías de la información y la comunicación o de participar en redes sociales (alegando) podría llevar a la obtención indebida de datos personales sensibles o de información pública reservada”.

Por el contrario, apuntan que esta normativa usa “conceptos excesivamente amplios o ambiguos” y que por ello el “número de conductas susceptibles de ser castigadas” se vuelve “potencialmente inabarcable”.

La controvertida ley ha sido rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, porque afirman “busca castigar a las y los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces”.

Viola leyes internacionales

El recurso explica que la “Ley Mordaza” transgrede además la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” de la Organización de las Naciones Unidas, la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” y la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” de la Organización de Estados Americanos.

Insisten que todos esos “instrumentos” jurídicos están consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua “haciéndolos aplicables de manera directa e inmediata por todos los operadores jurídicos” del país por tanto la Asamblea Nacional está obligada a respetarlos, pero esta nueva normativa los “ha sobrepasado”.


¿Un futuro en silencio? No lo permitás

A pesar de la persecución y la censura del régimen Ortega-Murillo, continuamos nuestra labor en un contexto en el que informar a la población se paga con cárcel. Esta resistencia no sería posible sin tu respaldo. Si está entre tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos con una membresía o una donación. Tu aporte garantizará que más nicaragüenses tengan acceso a información confiable y de calidad — sin muros de pago — en un momento crucial para el futuro del país. Gracias por unirte a este esfuerzo colectivo en defensa de la libertad de prensa.

Más en Nación

Share via
Send this to a friend