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“Libro blanco” sobre expulsión de universitarios comprueba violaciones del régimen

Pablo Abrao: Elementos probatorios "podrán ser utilizados para procesar" a responsables de violación sistemática y masiva de derechos humanos

Nuevos “elementos probatorios” sobre las graves violaciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió en contra de estudiantes nicaragüenses, contiene el “libro blanco” que documenta la expulsión de 147 universitarios del país, según valoraciones del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao. El documento titulado “Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua”, fue publicado este lunes por organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y movimientos estudiantiles, y presentado a nivel internacional este 29 de marzo.

“De este libro se podrá sacar elementos de memoria, pero también elementos probatorios muy importantes, que ojalá cuando las condiciones para la implementación de la justicia estén dadas, podrán ser utilizados para procesar y responsabilizar a todos aquellos que han dañado y han generado este estado de violación sistemática y masiva de los derechos humanos”, afirmó Abrao, durante la presentación virtual.

En la investigación se reúnen a detalle veinte testimonios de universitarios expulsados ilegalmente de sus carreras, por su participación en las protestas cívicas de abril de 2018. Además, documenta la criminalización de la protesta de los universitarios, el encarcelamiento y tortura que sufrieron y las medidas represivas ejercidas desde la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), incluyendo la conformación de “listas negras” que se usaron para acosar y ejecutar las expulsiones.

El lanzamiento de este “libro  blanco” estuvo presidido por Bianca Jagger, fundadora y presidenta de Fundación Bianca Jagger; Rosalía Miller, de la organización Nica-USA Connection ; y los estudiantes nicaragüenses Christopher Nahiroby Olivas, Levis Rugama Artola y Alejandra Centeno, todos víctimas de expulsiones ilegales por protestar contra el régimen de Ortega.

Negar derecho a la educación “es un crimen”

Jagger destacó el rol que han jugado los estudiantes desde abril de 2018, recordando cómo estos revivieron la importancia de luchar por la democracia en Nicaragua.

La defensora de derechos humanos afirma que, desde la documentación encontraron formas variadas de expulsión ilegales sufridas por los estudiantes. Además, señaló que no hay cifras exactas sobre dichas expulsiones y que esta privación del acceso a la educación, dirigida por el régimen de Ortega, es un “crimen”.

“Es un crimen que se les niegue a estos estudiantes su derecho a poder llevar a cabo su carrera, que se les niegue el derecho a poder estudiar”, denunció.

En ese contexto, Jagger resaltó la importancia de que desde la sociedad civil se apoye a los estudiantes “buscando formas en que puedan seguir sus estudios, que los apoyemos en sus apelaciones, para que se les permita volver a las universidades, que los apoyemos con las autoridades, con las embajadas, con los países extranjeros para que se les dé becas para que puedan seguir estudiando”.

Además, resaltó que la publicación viene a apoyar a los estudiantes “en sus testimonios y también en la lucha por la autonomía de las universidades… que no solamente fue usurpada, no solamente fue violada, sino que es un trabajo que el orteguismo ha hecho desde hace muchos años para llegar a donde estamos hoy en día, en las cuales no existe autonomía universitaria, en las cuales se está negando el derecho a la educación de cualquier estudiante que no apoya a este Gobierno”.

Olivas, expulsado de la carrera de Derecho de la UNAN-León y excarcelado político de Ortega, aseguró que el libro es un “reflejo de la evolución de la lucha que se empezó en abril” y “da un espacio para poder resistir como nicaragüenses a toda esa violencia y normalidad que quieren imponer en Nicaragua”.

Además valoró que este podrá, en un futuro en el que Nicaragua tenga acceso a la justicia, ayudar a que los estudiantes que han sido víctimas de la represión gubernamental “puedan conseguir justicia, paz y reparación”.


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