30 de diciembre 2019
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Aún confiscados y en el exilio los defensores de derechos humanos continuaron denunciando las violaciones a los derechos más elementales de la ciudadanía nicaragüense, que persistieron de forma sistemática después de la masacre del régimen de Daniel Ortega contra la Rebelión de Abril. En Nicaragua, el derecho a la vida sigue siendo violentado, las denuncias de torturas acapararon los titulares de los diarios, se instauró un estado de sitio policial de facto y la impunidad se convirtió en la norma general.
Organismos como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) fueron más allá de la denuncia sistemática y el registro riguroso de los casos, también empoderaron a la ciudadanía. Es por esta razón que la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, consideró que la población nicaragüense fue “protagonista en la defensa de sus derechos” y que la mejor defensa de los derechos humanos “no es la que hacen los organismos sino la que hace la gente cuando conoce sus derechos”.
En las cárceles más de 700 presos político resistieron y denunciaron torturas, tratos crueles y violaciones sexuales. La sociedad, despojada de su derecho a la libre manifestación, presionó a través de un diálogo para la liberación de los reos de conciencia aunque finalmente el régimen impuso una ley de autoamnistía y los familiares de las víctimas no cesaron en su demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Los defensores de derechos humanos también se volvieron un blanco de los ataques de la dictadura. Luego de la confiscación del Cenidh siguieron las amenazas y persecución en contra los defensores, buena parte ellos se fue al exilio desde continúan denunciando los crímenes del régimen, otros en Nicaragua han resistido las amenazas, hostigamiento y hasta cárcel por defender derechos que son inherentes a todos los seres humanos. Esta es una muestra del estado de los Derechos Humanos en un país sumido en crisis.
Torturas y cárceles clandestinas
Los reos de conciencia del régimen de Ortega fueron sometidos a torturas y tratos crueles en el Sistema Penitenciario Nacional según denunciaron sus familiares. Sus derechos fueron violentados desde el instante en que cruzaron el dintel de la cárcel, donde fueron sometidos a interrogatorios que se caracterizaron por una “desmedida violencia física y saña” contra la persona detenida, “con la intensión más que de investigar de infligir dolor y sufrimiento”, explicó el defensor Juan Carlos Arce, quien desde el exilio sigue de cerca todo lo que sucede en Nicaragua.
El detalle de las torturas en las cárceles se conoció a mitad del 2019 cuando el régimen -arrinconado contra las cuerdas- liberó a la mayoría de los presos políticos. Los reos excarcelados denunciaron las golpizas que recibieron hasta caer desmayados, choques eléctricos, uñas arrancadas, quemaduras con cigarrillos, amenazas con armas de fuego, asfixia, negación de atención médica, violaciones y amenazas con violaciones a sus familiares más cercanos.
De acuerdo con testimonios de los excarcelados, las personas de la comunidad LGTBI fueron víctimas de torturas y humillaciones, como forma de castigo por su opción sexual. A Victoria Obando, Kisha López y Carolina Gutiérrez, todas mujeres transgénero, las autoridades del penal, las desnudaron, las manosearon, las amenazaron con violarlas y se negaron a reconocer su identidad de género. “Ustedes son huevones. Están aquí porque les cuelgan huevos, no por otra cosa”, les decían los funcionarios del penal.
Las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional no fueron los únicos centros de torturas de la dictadura. El último informe del Cenidh, que comprende hasta octubre de 2019, recoge testimonios de algunas personas secuestradas por paramilitares, quienes fueron violados y torturados en sitios clandestinos. Uno de estos casos fue el de Xavier Mojica, quien permaneció cautivo durante nueve meses en una mazmorra tan oscura que “no sabía cuándo terminaba un día y cuándo comenzaba otro”, según relató al diario La Prensa.
Ejecución de campesinos opositores
Al menos 17 campesinos opositores al régimen de Ortega fueron ejecutados hasta septiembre de este año según los reportes del Cenidh. Los crímenes, que se registraron principalmente en la zona norte del país, ocurrieron de forma violenta y los testimonios recabados por los defensores de derechos humanos señalan que los autores pudieron ser “paramilitares y policías”.
Edgar Montenegro Centeno y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón Olivas. Tomadas de Internet
Aunque las ejecuciones extrajudiciales son un fenómeno que se viene registrando desde hace algunos años en las zonas rurales de Nicaragua, las muertes ocurridas este año tienen en común que las víctimas se vincularon directamente a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 o eran conocidos adversarios al régimen. Todos los casos han quedado en la impunidad, y la falta de voluntad política del sistema judicial para juzgar a los autores materiales de dichos crímenes, revela su falta de independencia frente a las políticas del Poder Ejecutivo.
Entre las víctimas hay cuatro miembros de una misma familia, los Montenegro, quienes eran conocidos opositores en el departamento de Jinotega. Oliver Montenegro fue acribillado a balazos por sujetos armados que ingresaron a su finca en el municipio de El Cuá. A Edgard Montenegro y a su hijo de crianza Yalmar Zeledón los mataron en Honduras, donde según los testimonios recabados por el Cenidh, sicarios sandinistas cruzaron para ejecutarlos. Por último Francisco Blandón, cuñado de Edgard y Oliver Montenegro fue acribillado por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta, en la comunidad San José de Maleconcito del municipio de Wiwilí.
Los defensores de derechos humanos han advertido que este repunte en las ejecuciones en las zonas rurales coincide con la aparición masiva de paramilitares y de un inusual aumento de tropas militares en la región.
Prohibición y criminalización de la protesta
Desde que el régimen de Ortega declaró “ilegales” las marchas en su contra e impuso un estado policial, en septiembre de 2018, la ciudadanía nicaragüense ha reinventado sus métodos de protesta. Atrás quedaron las marchas multitudinaria, 2019 fue un año de resistencia ante la represión. Las manifestaciones se han reducido a piquetes en centros comerciales, hoteles, parqueos privados, universidades privadas y los templos católicos, hasta donde han ingresado policías, paramilitares y fanáticos del orteguismo para intentar acallar a los opositores.
El estado policial de facto aplasta cualquier protesta ciudadana. Carlos Herrera | Confidencial
La Policía, que dirige el comisionado general Francisco Díaz, negó el derecho a marchar a estudiantes de la Universidad Centroamericana, al Consejo Superior de la Empresa Privada, la Unidad Nacional Azul y Blanco, arrestó personas por el solo hecho de portar una bandera, pero lo más insólito fue cuando ingresaron a los templos católicos a detener los oficios religiosos en memoria de las personas asesinadas. En León, los fanáticos lanzaron piedras y botellas de vidrio a quienes participaban en la misa de aniversario del asesinato del moguillo Sandor Dolmus, en el interior de la Catedral de León y cuando los autoconvocados salieron del templo fueron golpeados con piedras y garrotes.
Las protestas fueron pequeñas pero constantes. Los métodos utilizados fueron desde piquetes en universidades hasta una huelga de hambre en la parroquia San Miguel, en Masaya, un acto que molestó tanto al régimen que la policía mantuvo aislados a los manifestantes durante nueve días. Las turbas orteguistas también profanaron la Catedral de Managua y golpearon al sacerdote y una monja.
Ataques contra la prensa independiente
Junto a la restricción de las manifestaciones pacíficas, el régimen mantuvo en un incesante ataque a la libertad de prensa a través de sabotajes y hostigamientos contra medios de comunicación críticos al régimen. Víctimas de estos ataques fueron Radio Corporación, Radio Camoapa y Radio Darío, según un monitoreo del Cenidh.
Las turbas orteguistas hicieron pintas, destruyeron las cámaras de seguridad y atacaron a pedradas Radio Darío, tras el retorno al país del periodista Anibal Toruño, propietario de dicha radioemisora. También, persistió el bloqueo aduanero a la importación de tinta y papel de La Prensa y El Nuevo Diario, este último asfixiado por el bloqueo cerró operaciones a finales de septiembre de este año.
The announcement of closure from the El Nuevo Diario newsparer. One of the journalists holds up the last edition of the El Nuevo Diario newspaper which ceased to publish on Friday Sept. 27th.
El cierre de El Nuevo Diario se suma a los ataques contra la prensa independiente, ataques que han dejado la confiscación de la sala de redacción de CONFIDENCIAL y 100% Noticias. La arremetida contra la libertad de prensa no se detiene, reporteros como Armando Amaya, de Canal 12 y Oscar Navarrete, del diario La Prensa, fueron agredidos por la Policía mientras hacían su trabajo.
Persecución, hostigamiento y amenazas
En la medida en que fueron excarcelados la mayoría de los presos políticos también se fue recrudeciendo el hostigamiento y la persecución contra personas opositoras al régimen, muchos de los cuales fueron detenidos en protestas cívicas y luego acusados por delitos comunes “para que no figuren como presos políticos”, explica el doctor Julio Montenegro, quien ha ido a la vanguardia en la defensa de los reos de conciencia.
El puesto fronterizo de Peñas Blancas se convirtió en “una especie de centro de persecución y de tortura sicológica, donde oficiales migratorios y policías retienen sin motivos ni explicaciones a los ciudadanos claramente identificados como opositores, quienes son objeto de tratos indignos y violatorios a sus derechos”, detalla un informe del Cenidh.
Carlos Herrera | Confidencial
Oficiales de la Policía y fanáticos del régimen hostigaron de manera permanente a los excarcelados políticos y sus familiares. Algunos, como Ricardo Baltodano, fueron provocados mientras eran filmados con teléfonos celulares y en el peor de los casos fueron detenidos nuevamente, como sucedió con Amaya Coppens y Jaime Navarrete. Pero el caso que dejó a Nicaragua en vilo fue el de la familia Reyes Alonso, en León, quienes han sido víctimas de asedio, ataques, amenazas y hasta tortura por parte del comisionado Fidel Domínguez, jefe policial de León.
El jefe policial -en un afán de humillar a la familia- los grabó en una serie de videos en los que se comprometen “a no seguir jodiendo” a la Policía y a los militantes del Frente Sandinista. El matrimonio sostiene, sin embargo, que no les van a callar y que seguirán denunciando “las injusticias y todos los atropellos” del régimen, en una lucha que afirman en pacífica y cívica, porque es con la unidad y el voto, en elecciones libres y transparentes, que se logrará sacar a Ortega del poder.
Legislación para la impunidad
Luego de cometer crímenes de lesa humanidad el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo urdió la manera de que sus partidarios salieran sin castigo. Inicialmente utilizó a los más de 700 reos de conciencia como moneda de cambio en una negociación fallida con la opositora Alianza Cívica, pero finalmente aprobó de manera unilateral una ley de autoamnistía que busca dejar en la impunidad todos los crímenes, cometidos por policías y paramilitares, en contra de la población autoconvocada que se tomó las calles para protestar contra su régimen en abril de 2018.
La inconsulta ley de autoamnistía fue introducida en la Asamblea Nacional el 08 de julio de este año y en menos de 24 horas ya había sido aprobada “sin reservas” por los diputados orteguistas, quienes hacen mayoría el parlamento. Organismos de derechos humanos, los reos de conciencia y sus familiares rechazaron la amnistía por considerarla “violatoria del derecho de acceso a la justicia” y porque genera impunidad, al eximir de responsabilidades a personas “que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación o en procesos penales y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.
Muestra de esa impunidad derivada de la autoamnistía fue el asesinato del preso político Eddy Montes Praslín, ocurrido el 16 de mayo en la cárcel La Modelo a manos de un centinela penitenciario, de acuerdo al Ministerio de Gobernación. La institución de la dictadura aseguró que los reos protagonizaron un motín en contra de los custodios, quienes fueron “agredidos” y actuaron “en defensa propia”. En su defensa los presos políticos relataron que los custodios hicieron “disparos en ráfaga”. Luego, los reos fueron golpeados y torturados por oficiales antidisturbios. El asesinato de Montes ni siquiera fue investigado.
Antes de la autoanistía, el régimen entregó personería jurídica al denominado “Consejo Defensores de la Patria Camilo Ortega” (CODEPAT), hecho que fue interpretado por los opositores como “la intención del régimen de legalizar el paramilitarismo”, debido a que los miembros de esa organización se autoproclaman “defensores de la soberanía nacional” tal como lo hicieron los paramilitares que en 2018 ejecutaron junto a la Policía, la “operación limpieza” en todo el país. También se aprobó la vacía Ley de Atención a Víctimas y la Ley “Para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, que más parece un discurso de Rosario Murillo.
Justicia, verdad, reparación y no repetición
Los familiares de las víctimas de la represión continuaron su demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición, sus voces fueron escuchadas por todos los mecanismos de protección internacional quienes mantienen una presión permanente sobre el régimen de Ortega. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recomendó al Estado de Nicaragua que “reanude urgentemente” el diálogo nacional y que implemente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019.
De no registrarse un cambio en materia de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada instó a la comunidad internacional, en su informe de septiembre, para que ejerzan presión sobre al régimen de Ortega y hacer que “cumpla sus obligaciones internacionales” en la materia, permita que ingresen al país a los organismos regionales de derechos humanos y se comprometa a buscar una salida para la crisis.
