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Las cien marchas contra el canal chino

A seis años de la concesión canalera, el movimiento campesino que se alzó contra Ortega, persiste en su lucha a pesar de la cárcel y el exilio

El megaproyecto canalero de Daniel Ortega y Wang Jing arriba a una fecha clave en su nula existencia. El contrato establece que debe disolverse en 72 meses, si el inversionista no ha conseguido el dinero para echar a andar la empresa, y el empresario chino no ha conseguido los 50 000 millones de dólares que prometió para la obra. Los campesinos que han sido el contrapeso fundamental para la concesión canalera por considerarla una violación a la soberanía nacional, esperan exultantes la fecha.

Miembros del movimiento campesino anticanal, que se sumaron a la rebelión cívica que estalló en abril, han sido presos políticos del régimen, están exiliados o han sido masacrados en las montañas del centro del país bajo la impunidad oficialista, pero ellos estiman que su lucha, denunciando el intento de “expropiación de tierras”, ha sido clave para demostrar la inviabilidad técnica y comercial del paso interoceánico.

Ahora, los campesinos que llegaron a organizar cien marchas contra la concesión de Ortega a Wang Jing, se preparan para exigir la derogación de la Ley 840, aunque de forma discreta: algunos desde Nicaragua en la semiclandestinidad, otros en el exilio, o recién recuperando su libertad después de ser presos políticos en las cárceles de la dictadura.

La cárcel y el exilio

Aquel vigoroso movimiento campesino, nacido en el surco fértil de Nicaragua, ya no es el mismo seis años después del anuncio de la aventura canalera. La bota de hule, el machete al cinto y los sombreros que conformaron la primera gran resistencia al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la actualidad está disperso, y, también, algo fracturado.

Campesinos calles Nicaragua
Francisca Ramírez, del movimiento campesino anticanal, durante una marcha en San Miguelito. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Las razones de la dispersión son varias. Los miembros del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía se refieren inequívocamente a la represión desatada por el régimen por sumarse a la Rebelión del Abril.

Desde el exilio, Francisca Ramírez y Henry Ruiz enumeran las amenazas y el hostigamiento sufrido por parte de simpatizantes del partido de Gobierno que los obligaron a dejar su tierra. Pero también hacen hincapié en que cinco de los 15 líderes que integran el Consejo Nacional —más otros campesinos— han sido capturados por el régimen.

Los primeros detenidos fueron Medardo Mairena y Pedro Mena, en el Aeropuerto Internacional de Managua, en julio de 2018. A ellos les siguieron los fiscales del Consejo Nacional: Lener Fonseca y Ronald Henríquez, y el dirigente territorial Víctor Manuel Díaz.

El campesino y miembro del Consejo, Freddy Navas, quien estaba oculto en una casa de seguridad en un barrio de la capital, también fue capturado, y acusado ahora por supuesto terrorismo y otros delitos. Hay otros líderes campesinos que continúan semiclandestinos en viviendas de seguridad.

Mientras, que en el exilio permanecen los ya citados Ruiz y Ramírez, más Manuel Soza, Juana Juárez y Nemesio Mejía. Pero la dispersión del campesinado no solo tiene que ver con la represión oficial.

Diferencia internas

En el Consejo Nacional ha habido diferencias internas. Incluso desde antes de la crisis sociopolítica, aunque el contexto de abril sin duda terminó de ensanchar las posiciones encontradas.

Henry Ruiz señala a Nemesio Mejía de querer “tener varios sombreros”. “Es decir que quiere ser parte del Consejo Nacional y, a la misma vez, ser político de Ciudadanos por la Libertad y cuando se destaparon del PLC (Partido Liberal Constitucionalista). Y eso no se puede… la lucha campesina es apartidista y sin banderas políticas”, criticó Ruiz.

Ruiz, originario de la Isla de Ometepe, afirma que Mejía se ha “atribuido la representación y ha tomado decisiones a nombre del movimiento campesino sin consultar al Consejo Nacional”. “No ha rendido cuentas”, acusa sin brindar mayores detalles.

Mejía es un agricultor de la zona de Puerto Príncipe, Nueva Guinea, que efectivamente estuvo involucrado en el movimiento anticanal desde el principio de la resistencia. CONFIDENCIAL intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con Mejía para obtener su versión, pero fue imposible.

“No lo podemos negar, en esto han existido muchos intereses personales. Los campesinos han invertido mucho para que dejemos que suceda esto”, lamentó Ruiz.

“Solo reconocemos a Medardo”

Aunque Ruiz toma distancia de las posturas de Francisca “Chica” Ramírez, sí coincide con ella en su descontento con la Alianza Cívica de reconocer como líderes campesinos a personas que, según ellos, son “oportunistas”. “Solo reconocemos a Medardo Mairena”, afirman por separado ambos líderes.

El descontento más reciente entre los campesinos ocurrió en marzo, cuando la Alianza Cívica incorporó como miembros a cuatro personas que el movimiento no reconoce: Francisco Javier Carmona Martínez y Erickson Abraham Gutiérrez Juárez y, como equipo de apoyo: Norma Elena Lugo Rivas y Denis Alberto Zúniga Montano.

“Estas personas no invirtieron nada en la lucha campesina desde 2013. Los desconocemos porque a los campesinos sí les han costado las movilizaciones contra el Canal y la exigencia de justicia y democracia”, dice “Chica” Ramírez a CONFIDENCIAL. “Nuestra postura era que la Alianza presionara al Gobierno para liberar a Medardo para que nos siguiera representando, pero aparecieron Javier Carmona y Montano”, reclama.

CONFIDENCIAL también intentó localizar a estos cuatro miembros campesinos reconocidos por la Alianza Cívica, pero no obtuvimos respuesta. Ruiz y Ramírez señalan que ninguna de estas cuatro personas fueron electas en la asamblea general del Consejo Nacional, realizada en Ometepe.

“Pese a todas estas diferencias, el movimiento campesino sigue vivo demandando la derogación de la 840 y exigiendo la libertad de Medardo. Porque al final el movimiento campesino son miles”, sostiene “Chica” Ramírez, exiliada en Costa Rica.

Mairena fue liberado este martes, y aseguró la misma tarde, en una conferencia de prensa, que “mientras la Ley 840 continúe vigente y no la deroguen, es una amenaza latente la que tenemos los campesinos”.  El líder campesino sostiene que continuará en la lucha hasta lograr la derogación de la ley.


“Investigar red de corrupción”

*Mónica López: “Para lograr la derogación de la Ley 840, debemos empujar desde la unidad y con la mayor premura, la pronta salida del régimen Ortega-Murillo del poder”

Canal
Daniel Ortega y Wang Jing, empresario chino durante la firma de la concesión canalera. Archivo/Confidencial

La abogada ambientalista Mónica López Baltodano, exasesora legal del movimiento campesino, fue una de las más acuciosas examinando la Ley 840, el Acuerdo Marco de Concesión, y todas las implicaciones del proyecto canalero sobre Nicaragua.

López Baltodano resaltó que la cláusula 15.2 de la Ley 840 es tajante al establecer que la imposibilidad de lograr el financiamiento del megaproyecto es causal para su terminación. Además, establece que cumplidos 72 meses a partir del 14 de junio de 2013, se puede dar por terminada la concesión de dicho megaproyecto. Ese plazo se cumple el 14 de junio de 2019.

“Si tuviéramos un Gobierno democrático, el presidente debería notificar a Wang Jing que da por cancelado el contrato, solicitaría la derogación de la Ley 840 al Parlamento”, dijo López Baltodano. “Pero como obviamente nos enfrentamos a un régimen asesino y dictatorial, para lograr el objetivo de la derogación de la Ley 840, debemos empujar desde la unidad y con la mayor premura, la pronta salida del régimen Ortega-Murillo del poder, pues su control absoluto del Poder Legislativo ha bloqueado todos los esfuerzos ciudadanos para lograr la efectiva derogación de la ley”, insistió.

La abogada recordó que la Ley 840 es la ley más recurrida en la historia de Nicaragua. Cuando fue aprobada en 2013, se presentaron más de 40 recursos por inconstitucionalidad, que fueron arbitrariamente rechazados por la Corte Suprema de Justicia, debido al total control que el régimen tiene de ese poder del Estado. A la fecha existen dos casos abiertos contra la concesión canalera, ante la CIDH. Según López Baltodano, pronto  también llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El entramado canalero, bajo el paraguas de la empresa HKND, fue establecido a través de 16 empresas de maletín, registradas en diferentes paraísos fiscales, como Holanda e Islas Caimán. La finalidad, supuestamente, fue para gestionar el financiamiento del megaproyecto.

“Sin embargo, transcurridos seis años, y dado el evidente fracaso financiero del mismo, que incluye el colapso de la fortuna personal de Wang Jing, cabe preguntarse: ¿estarán los Ortega-Murillo usando esta red de sociedades de maletín para lavar el dinero que estaba en poder de Caruna-Albanisa-BanCorp?”, planteó López Baltodano.

La abogada también se pregunta que si ahora que el Banco de los Ortega-Murillo ha sido sancionado por Estados Unidos, “¿podrían estar usando esta red de empresas canaleras para movilizar sus recursos hacia paraísos fiscales? Aprovechamos esta ocasión para sacar esa alerta internacional, y alentar a los organismos correspondientes a que investiguen este entramado en profundidad”, recomendó.

 



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