1 de agosto 2018
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El ataque violento realizado por fuerzas policiales y paramilitares en 106 días de protesta, contra manifestantes que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha dejado un total de 300 personas muertas y más de 2 500 heridos. El Gobierno del mandatario sandinista también ha criminalizado el derecho a protestar y hasta la fecha ha judicializado a 120 personas, según según el informe preliminar de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
El informe de la CPDH revela que del total de muertos, 139 son jóvenes (18 a 30 años), 131 adultos (30 o más), 25 adolescentes (13 a 17 años) y 5 son niños menores de 12 años. Según el documento la mayoría de ciudadanos fueron asesinados por disparos que impactaron en el pecho, cabeza y abdomen. Algunos murieron por falta de atención médica oportuna, como el caso del adolescente de 15 años, Álvaro Conrado, quien no fue recibido en el hospital Cruz Azul.
En Managua se han registrado 134 muertos. En Masaya, cuyos habitantes pasaron atrincherados durante dos meses, se reflejan 33. Carazo tiene 27 y León un total de 21 víctimas fatales. El departamento con menor número de asesinatos es Madriz, con un ciudadano muerto.
En estos meses de protestas, de acuerdo al informe de la CPDH, el ocho de julio murieron 19 personas. El treinta de mayo se registraron 18, el veinte de abril 17 y el veintiuno del mismo mes 14. Del total de 300 muertos, 286 son hombres y 14 son mujeres.
En entrevistas con Euronews y CNN en Español, el presidente Ortega sostuvo que la cifra oficial de fallecidos desde el pasado 19 de abril es de 195, y no de 295 como registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o de 300 como registran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y la CPDH. Según el mandatario, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “miente” al asegurar que el 90% de los muertos han sido a causa de la represión del Gobierno. “Él está mintiendo, miente y miente todos los días, llega a conclusiones simplemente por lo que escucha”, reclamó.
Denis Darce, abogado de la CPDH, aclaró que el listado de esta organización está soportado con nombres y apellidos, y aunque estos datos no serán publicados por respeto a las víctimas y sus familiares, la información sí fue entregada a los organismos internacionales. Sobre la declaración de Ortega respecto a la cifra de muertos que contabiliza el Estado (195), el defensor insistió en que el Gobierno está tratando de deslegitimar la labor de las organizaciones de derechos humanos en el país, a través de este tipo de declaraciones.
Darce aseguró que el Gobierno ha manipulado sus cifras a través de la presión que ha ejercido la Policía Nacional o el Instituto de Medicina Legal, a los familiares de las víctimas, a quienes se les ha insistió en que no denunciaran los crímenes.
El abogado expresó que el informe de la CPDH incluye a todas las personas que han muerto en las protestas, y no se ha hecho ninguna distinción por filiación política, sino que se ha verificado e integrado a todos los ciudadanos, sumando el dato de los oficiales de la Policía Nacional, de quienes públicamente la institución ha dado cuenta de su deceso.
“Es importante destacar que nosotros como CPDH estamos demandando el esclarecimiento del asesinado de estas 300 personas que han fallecido, y el acceso a la justicia para las familias que han sobrevivido a esta situación”, afirmó Darce.
Persecución y secuestro
El abogado de la CPDH reveló que existe una gran cantidad de personas que están siendo perseguidas y secuestradas por participar en las protestas en contra del régimen. Algunos han sido capturados y al menos 120 están siendo judicializados en Managua.
En este sentido, Darce destacó que a las 120 personas que son acusadas en los tribunales por los cargos de terrorismo, crimen organizado y asesinato, como es el caso de Medardo Maire y Pablo Mena, líderes campesinos del Movimiento Anticanal, se le está brindando acompañamiento legal.
“Estamos asumiendo la defensa técnica de estas personas a través de un equipo jurídico especializado que hemos creado. Ellos han sido detenidos de manera ilegal, han violentado sus derechos básicos, de igual manera, a pesar de que tienen derecho a un abogado, cuando son presentados en la audiencia preliminar, no han podido hablar con su familia o un defensor”, insistió Darce
La mayoría de las personas que están siendo judicializadas han sido presentadas fuera del tiempo establecido constitucionalmente (48 horas). El caso de Mairena y Mena, es un ejemplo claro de la violación a los derechos que realiza el Estado, pues estos fueron remitidos 96 horas después de lo estipulado.
Confabulación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial
Los abogados de la CPDH han identificado que existe un trabajo de confabulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y otros actores como los paramilitares, los militares y oficiales en retiro, y las autoridades del sistema penitenciario La Modelo.
Julio Montenegro, defensor de la CPDH, describió la forma de trabajo de cada institución. Explicó que en la cadena primero están los paramilitares, que se encargan de la captura de los ciudadanos que han participado en las protestas en contra del régimen Ortega Murillo.
Luego “la Policìa Nacional, con los actos de investigación. La Fiscalía, al momento de ejercer acción penal, y el Poder Judicial. Aquí se nominan a los jueces que están preparados para el efecto, es decir, el que va a resolver como ellos quieren”, manifestó Montenegro, quien aseguró tener información de que la Fiscalía tiene en el congelador acusaciones elaboradas, listas para ejecutarse.
El Sistema Penitenciario Nacional funge como centro de tortura. De acuerdo con la información que tiene en su poder la CPDH, en este sitio, se encadena de pies y manos a los detenidos, les rapan la cabeza y los golpean. Esta forma de tortura se le aplica a Medardo Mairena y Pedro Mena.
“Y los que fueron militares. Ellos han intervenido y participado, son exmiembros del Ejército que han fungido como francotiradores, hasta donde tenemos información. Hacen uso de armas que solo ellos pueden manejar. Tenemos pruebas y fotos que se han enviado a los organismos internacionales”, asegurò Montenegro.
En el poder judicial continúa la violación de los derechos de los señalados, pues realizan las audiencias de forma secreta y no están informando sobre la programación de los casos, de tal forma que impide que los defensores realicen la representación en la primera audiencia.
“Ellos están interesados en que las personas detenidas y acusadas, sean representadas por abogados de oficio que siguen orientaciones del Poder Judicial y del Partido de Gobierno. En casi todas las audiencias se ha limitado el ingreso a los familiares de las víctimas y a los periodistas independientes. Solo a los medios oficiales se les ha permitido la entrada. En el caso de Mairena y Mena, según el acta de la audiencia, se violentó el derecho a la defensa, pues a pesar de que ellos no tenían un abogado, realizaron el procedimiento. Estamos hablando de una conspiración para juzgar, a como dé lugar, para procesar a las personas por el derecho a protestar”, explicó Darce.
Acusados por terrorismo
Los delitos por los que se les acusa a estas 120 personas van desde crimen organizado, terrorismo, asesinato, portación ilegal de armas, uso de armas restringidas, obstrucción a la libre circulación, entre otros. Los familiares de los acusados, han mostrado, en innumerable ocasiones su sorpresa, pues los señalados no han cometido tales delitos.
“Los familiares de los detenidos están aterrorizados, porque están siendo imputados de hechos que no han cometido. Los acusan solo porque son jóvenes que han estado participando en las protesta cívica, porque que llevaron agua, o fueron bomberos voluntarios. Otros no son procesados, pero son castigados de otra manera, un ejemplo son los médicos de León y Jinotepe, que fueron despedidos”, manifestó Montenegro.
El abogado confesó que dentro de los juzgados es complicado dar con los casos que se están judicializando por este tipo de delitos, pues al no tener acceso a la información sobre tales procesos, tienen que rastrear sala por sala, para poder defender a los acusados.
Asimismo reveló que además de las causas judicializadas por la Fiscalía, la CPDH a través de las denuncias recibidas, tienen reportados 130 casos en los cuales los acusados deberían ser algunas autoridades del Estado como la Policía, el Ministerio de Salud, y también los paramilitares. Los delitos que se les debería imputar son asesinato, homicidio frustrado, robos y lesiones gravísimas.
“Al momento que levantamos las denuncias, las víctimas señalan a paramilitares, miembros de la Juventud Sandinista, trabajadores de las alcaldìas, algunos alcaldes como el de Matagalpa, Sadrach Zeledón, asimismo autoridades del Ministerio Público, por delitos de omisiòn porque prohibieron a médicos que brindaran servicios”, reafirmó Montenegro.
