4 de marzo 2020
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La casa paterna de los Montenegro Centeno es el alfa y omega de esta familia de campesinos nicaragüenses. Sembradores de café y criadores de cerdos y reses, estos hombres y mujeres de campo saben que, ante una amenaza, deben reagruparse en la finca familiar, enclavada en un claro del cerro Kilambé, a más de 250 kilómetros de la capital.
Esa dinámica familiar cambió en septiembre de 2018, cuando la Policía emitió un comunicado en el que acusó a Edgard Aristo Montenegro Centeno, de 56 años, de asesinar al “trabajador y policía voluntario” Héctor Moreno Centeno, de 30 años. También lo tildó de “terrorista” y lo señaló de liderar a un grupo “golpistas que se dedicaban a cometer crímenes en el tranque (bloqueo de carretera) de Wiwilí”, en Jinotega, al norte de Nicaragua.
La acusación policial desató una cacería mortal en contra de los miembros de esta familia campesina de 12 hermanos —ocho hombres y cuatro mujeres—, que desde la década de los 80 han sido opositores a los Gobiernos encabezados por Daniel Ortega: el primero, de 1984 a 1990, y los siguientes tres períodos consecutivos, desde su regreso al poder en 2007 hasta la fecha.
Edgard y sus hermanos Iván y Byron integraron las filas de la Resistencia Nicaragüense, un ejército irregular —integrado principalmente por campesinos— que luchó contra el primer Gobierno sandinista.
Los Montenegro nunca han abandonado sus posiciones críticas contra el sandinismo. Y eso les ha granjeado un constante asedio y vigilancia de fanáticos y funcionarios orteguistas. Pese al acoso, los varones de la familia participaron activamente en las protestas cívicas de 2018, que el Gobierno calificó, sin pruebas, como un intento fallido de “golpe de Estado”.
Vista del frente de la casa paterna de la familia Montenegro Centeno, en la hacienda Rancho Quemado, en la comunidad La Esperanza de Kilambé, en Wiwilí, Jinotega. Foto: Carlos Herrera
Dos hermanos muertos en seis meses
“Todos los que representábamos algún liderazgo opositor, en nuestras comunidades o municipios, hemos sido perseguidos. En el caso de nosotros, ha sido para matarnos”, asegura a CONFIDENCIAL, Enoc Montenegro Centeno, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y quien ha tenido que huir para proteger su seguridad física y su vida.
Con el fin de las protestas y el derribo de los tranques, algunos de los hermanos Montenegro se exiliaron, y otros se refugiaron en la finca familiar, en la comunidad La Esperanza de Kilambé, en Wiwilí.
El inicio de 2019 trajo muy malas noticias para la familia. El 27 de enero, Oliver José Montenegro Centeno, de 43 años, fue acribillado por un grupo de hombres, cuando se dirigía a traer una cosecha de café. Él iba montado en una mula y jalaba dos más. Un testigo narró a la familia que los autores fueron unos 20 sujetos, y que le dispararon por varios minutos con escopetas y AK-47. El cuerpo de Oliver quedó destrozado.
Sus hermanos le habían advertido que era peligroso salir de los refugios, pero Oliver se sentía “protegido por Dios”. Además —narran sus familiares— no quería dejar perder otra cosecha de café, que tanto esfuerzo les había costado, pues sus demás casas y propiedades están abandonadas, las cosechas de café se han perdido, les han robado el ganado y los cultivos se han dañado.
Seis meses después de la ejecución de Oliver, el primogénito de los hermanos, Edgard Aristo, fue asesinado —el 27 de junio— en una emboscada en el municipio de Trojes, en el departamento hondureño El Paraíso, fronterizo con Nicaragua. El mayor de los hermanos Montenegro se había exiliado en ese país, junto con su esposa y algunos hijos.
Edgard viajaba en una motocicleta junto a su hijo adoptivo Yalmar Antonio Zeledón Olivas, de 31 años, cuando fueron atacados por la espalda. Ambos cuerpos quedaron tirados en la carretera.
“El asesinato de ellos (Oliver, Edgard y Yalmar) obedece a una represalia política por nuestra participación en las protestas, por ser opositores”, comenta Enoc, quien sostiene que lo ocurrido en Honduras fue “una ejecución ordenada desde Nicaragua”.
La persecución contra los Montenegro no solo se reduce al vínculo de sangre. El 27 de agosto de 2019, Francisco Luis Blandón Herrera, de 53 años y esposo de Thelma Montenegro Centeno, fue asesinado cuando regresaba a su vivienda. Un hombre le disparó desde una motocicleta. El hecho ocurrió en la comunidad San José de Maleconcito, de Wiwilí, uno de los tres municipios que integran el llamado “Corredor de la Contra”, de trayectoria antisandinista.
Ejecuciones en el campo
Estos cuatro asesinatos contra una sola familia son parte de las al menos 30 ejecuciones de líderes políticos u opositores campesinos nicaragüenses, ocurridas entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, según datos confirmados por una investigación de CONFIDENCIAL, en alianza con la plataforma periodística regional CONNECTAS.
La ejecución de Oliver, Edgard y Yalmar reúnen varias de las características identificadas en la investigación: participaron más de dos hombres; se usaron armas de guerra —fusiles AK-47—; y todos los asesinados a balazos, recibieron más de dos disparos. Otros más de seis, y algunos una ráfaga de varios minutos, como Oliver.
Ninguna de las muertes de los Montenegro ha sido investigada por la Policía Nacional o el Ministerio Público. La familia ha denunciado los crímenes ante las autoridades policiales, pero les justificaron que “el tema no les competía”.
Enoc Montenegro Centeno, opositor del régimen, huyó de su vivienda ante el acoso del régimen, y se mantiene escondido. Foto: Carlos Herrera
“La Policía ni siquiera se dignó a levantar el croquis del asesinato de mis hermanos”, reclama Enoc.
Para el campesino, “no hay visos de obtener justicia, que esa es la demanda que nosotros hacemos. Habrá justicia —afirma— hasta que saquemos a este dictador (Daniel Ortega)”.
La investigación de CONFIDENCIAL reveló que ninguno de los 30 asesinatos de los campesinos opositores ha sido investigado por las autoridades. La Policía no ha presentado ni un solo un sospechoso, ni ha abierto algún expediente de investigación por los crímenes.
Los Montenegro no ven a sus muertos
Las tumbas de Oliver, Edgard y Yalmar lucen limpias y adornadas. Los colores azul y blanco están presentes, en detalles de los arreglos de flores plásticas y en las lapidas. Para llegar a ellas se camina al menos un medio kilómetro desde la casona de Viviano Montenegro y Ángela Centeno, los cabeza de la familia.
La pulcritud de las tumbas resalta en el panteón familiar, que se construyó cerca de un despeñadero en el cerro Kilambé. El viento sopla libre y fuerte en esa zona de la reserva natural jinotegana, a la cual se llega por caminos de tierra o macadán.
Ninguno de los varones Montenegro ha visto las tumbas de sus hermanos. Ni uno de ellos ha podido acompañar a sus padres y hermanas en las velas o los entierros de sus familiares. La Policía y los paramilitares tenían vigilada la finca por si aparece alguno de ellos.
Los colores azul y blanco están presentes en las tumbas Edgard Aristo Montenegro Centeno y Yalmar Antonio Zeledón Olivas. // Foto: Carlos Herrera.
“A mis padres solo los vi una vez en todo el año pasado (2019). Con otros miembros de la familia, no me veo desde hace varios meses. Mi familia está disgregada completamente”, lamenta Enoc, quien señala que la persecución contra ellos continúa, pese a que ya mataron a sus hermanos. “Dos hermanos están en el exilio, los otros andamos escondidos”, detalla. Enoc asegura que no tiene planes de exiliarse, porque quiere luchar “desde adentro”.
“Tenemos un compromiso con nuestros hermanos muertos de continuar por lo que ellos dieron la vida —destaca—. Representamos un liderazgo opositor, que no se vende y no va a ceder”.
Ejecuciones, la sexta etapa de la represión
Un estudio de la socióloga e investigadora nicaragüense, Elvira Cuadra —publicado en octubre de 2019—, precisa que la ejecución selectiva de campesinos es la modalidad que estableció la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ejecutar una sexta etapa de la represión contra los opositores, en respuesta al estallido social de abril de 2018.
Enoc Montenegro no ha logrado visitar la tumba de sus hermanos asesinados. // Foto: Carlos Herrera
El reporte, titulado “Una espiral de muerte en Nicaragua”, señala que esta forma de represión busca “desmovilizar” y dejar “sin posibilidades de acción” a líderes sociales y del movimiento cívico nicaragüense, tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales.
“En los centros urbanos, la característica principal es el asedio, la intimidación, la vigilancia permanente, las amenazas, las detenciones repetidas, sobre todo, a los prisioneros excarcelados. En las zonas rurales, evidentemente hay este tipo de ataques y los asesinatos”, detalla Cuadra.
La represión y masacre orteguista en contra de la rebelión ciudadana acumula a esta fecha un saldo de 328 muertos, más de 850 presos políticos —de los cuales al menos 61 continúan en prisión—, cerca de 100 000 exiliados por la persecución política y más de 2000 heridos. Los 30 campesinos asesinados en el norte de Nicaragua por motivaciones políticas engrosan la lista de víctimas.
Elvira Cuadra, socióloga e investigadora, experta en temas de seguridad ciudadana. // Foto: Elmer Rivas
En una entrevista en el programa Esta Semana —que solamente se transmite en línea debido a la censura televisiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega—, Cuadra afirmó que los asesinatos “no son casuales”. La investigadora llegó a esa conclusión tras identificar que en los crímenes “hay un alto nivel de organización; que hay planificación del asesinato; y la saña con la que han atacado a las víctimas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha detallado que la primera etapa de la represión en Nicaragua fue el ataque contra las manifestaciones cívicas; la segunda, fue la llamada “Operación Limpieza” destinada a barrer con los tranques y barricadas; la tercera fueron los encarcelamientos, secuestros y torturas a presos políticos; la cuarta estuvo dirigida a callar a los medios y periodistas independientes, y la quinta: los ataques a la Iglesia católica y defensores de derechos humanos.
Cuadra afirma que, en esta que define como la sexta etapa de la represión, “hay una responsabilidad ineludible del Gobierno Ortega-Murillo, porque ha alentado la conformación de los grupos paramilitares y ha permitido que actúen con impunidad”. En los diferentes casos, reclama, “la actuación de la Policía, en el sentido de investigar los casos y buscar a los culpables, ha sido realmente tímida y, en algunos casos, nula”.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
Lea la tercera entrega de esta investigación:
Ejército “desconoce” asesinatos de campesinos
