26 de julio 2020
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El sandinismo ha marcado la vida y la muerte de la familia Rugama-Rizo, en La Trinidad, Estelí. Un padre y sus dos hijos han fallecido en circunstancias ligadas al FSLN: una ejecución, la guerra de los años 80 y un asesinato a manos de un simpatizante orteguista.
El patriarca de la familia, Reynaldo Rugama Tinoco, fue ejecutado tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Su hijo Sergio Rugama Rizo murió a los 19 años, cuando cumplía el Servicio Militar Patriótico, en 1987.
El último de los Rugama-Rizo, Jorge Luis, fue asesinado la noche del pasado 19 de julio, por el militante sandinista Abner Pineda Castellón, quien es funcionario de la Alcaldía de Estelí.
“Al papá de Jorge solo se lo llevaron y lo desaparecieron. Alguien lo denunció de que era guardia, pero él nunca fue guardia”, afirmó Luisa Rizo Laguna, esposa y madre de los asesinados, en una entrevista para un reportaje que también se transmite este 26 de julio en el programa Esta Semana, por YouTube y Facebook Live.
“¡Viva Nicaragua libre!”
Jorge Luis, de 44 años, no era un líder opositor o activista azul y blanco, simplemente no le agradaba el sandinismo, por la historia del FSLN en su familia. Su asesinato ha conmocionado al municipio norteño —de poco más 34 000 habitantes— por la circunstancia en que se dio: Pineda le disparó en el cuello a Rugama, luego que él gritara “¡Viva Nicaragua libre!”.
Pineda formaba parte de una caravana de simpatizantes sandinista que recorrieron las calles de La Trinidad, en conmemoración del 41 aniversario del triunfo de la revolución popular.
“Nunca habían entrado al barrio durante sus celebraciones. Andaban en jeep ‘pelón’ (sin techo). Terminaron su recorrido y después se vinieron para la esquina de la cuadra. Ahí estuvieron bailando, cantando, ondeando su bandera rojinegra”, describió José Francisco Vallecillo, vecino de la familia.
De acuerdo con familiares y testigos, Rugama venía de comprar licor cuando se enzarzó en un rifirrafe con los simpatizantes. “Mi chavalo les dijo: ¡Viva Nicaragua libre!; también les dijo ‘alégrense este año ustedes, si Dios quiere el otro año somos nosotros’”, comentó la madre.
“Ellos (simpatizantes) se bajaron del jeep y se vinieron (hacia donde Jorge); el muchacho Abner Pineda sacó una (pistola) 45, la montó y se vino con ella en la mano, tratando (insultando) a Jorge”, relató Vallecillo.
Agregó que un hijo de él y la mamá de Jorge, tenían agarrado de los brazos al opositor. “Cuando viene Abner Pineda, ella (mamá) le dice: ‘por favorcito hijo cuidado me matás a mi muchachito’, y él (Abner) no oyó esa suplica; entonces por encima de la cabeza de mi chavalo, le pegó el balazo (a Jorge Luis)”.
Rugama tenía dos hijos: un varón de 22 años y quien habitaba en la casa junto con él, y una hija de 24 años, que vive en Costa Rica.
Crimen político
El crimen ocurrió luego del acto central del 19 de julio. El discurso principal estuvo a cargo del presidente Daniel Ortega, quien reapareció después de una ausencia de 38 días sin rendir cuentas.
Expertos en seguridad y organizaciones nacionales de derechos humanos han calificado el asesinato como un crimen político; sin embargo, la Policía Nacional descartó la motivación política como una de las causas del homicidio.
En una escueta nota de prensa, la institución señaló que Pineda discutió con Rugama, y “lo privó de la vida”.
Para la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, el asesinato de Rugama “es el resultado” de los discursos de “odio” y “criminalización” del Gobierno, que “ha alimentado y exacerbado diferentes formas de violencia política”, incluido el asesinato.
“Es un acto violento. Es un asesinato cometido al amparo de la impunidad, al amparo de la intolerancia, y tiene que ver con el fanatismo que han desarrollado algunos seguidores del Gobierno, sobre todo desde 2018 para acá”, señaló la experta en temas de seguridad.
Advirtió que, mientras se mantenga ese ambiente de odio e impunidad, “es posible que ocurran nuevos delitos similares”.
Mutación en la violencia
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado en el departamento de Estelí unas 678 denuncias, entre enero de 2018 y el 24 de julio de 2020.
Según el Cenidh, los ataques de policías y paramilitares sandinistas contra las protestas cívicas de 2018 dejaron al menos 325 muertos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) sostiene que, desde ese año hasta enero pasado, el número de muertos ascendió a los 684.
Una defensora de derechos humanos en Estelí, que pidió omitir su nombre por seguridad, explicó que el origen de la violencia ha mutado en ese departamento, ya que ahora la mayoría de amenazas vienen directamente de simpatizantes sandinistas.
“(Ahora) lo que más se está dando es el tema de las amenazas directas hacia los opositores al Gobierno, pero estas amenazas vienen directamente de simpatizantes, algunos identificados, otros no, porque generalmente se escudan detrás de perfiles de Facebook u otras redes sociales. La gente tiene temor porque no sabe a qué se está enfrentando”, dijo la activista.
Resaltó que la actividad del paramilitarismo “ha disminuido” en Estelí, ya que ahora solo se concentran en dos puntos de la ciudad —el parque central y cerca de las oficinas del Ministerio de Gobernación—, por donde “la gente no circula por temor a ellos”.
“No vemos ahora a los paramilitares causando el daño que generalmente se dio en 2018 y 2019, pero si vemos simpatizantes del Gobierno que están causando temor, intimidación y hostigamiento en contra de los opositores”, subrayó.
Incendian vivienda
La Trinidad ha sido un municipio opositor. El FSLN solo lo ha gobernado un período, entre 2013 y 2017. Actualmente está bajo el mandato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Después del asesinato de Jorge Luis, se ha desatado una ola de amenazas contra los opositores en La Trinidad, y una campaña en redes sociales, ensalzando al autor del crimen.
La activista advirtió que se han reiniciado las agresiones contra opositores. Durante el funeral de Rugama, una vivienda se quemó en circunstancias “extrañas”. En la casa habitaban unos primos hermanos del asesinado. En total, fueron siete personas las que se quedaron sin hogar.
“Nos están queriendo decir este panorama: hoy hicimos una acción que está causando mucho dolor, mañana podemos hacer otras”, alertó la defensora.
Yakarely Elimar Vallecillo, dueña de casa quemada, subrayó que ella se “aseguró” de dejar el cilindro de gas “cerrado” y que no quedara ningún aparato eléctrico “conectado”, aunque no se atreve a afirmar que el incendio fue provocado.
“Nada recuperamos, nos quedamos solo con la ropa que andábamos. Se nos quemaron las camas, los televisores, los sofás, las refrigeradoras, los trastes, todo. No pudimos recuperar nada”, lamentó.
Los vecinos de los afectados denunciaron en redes sociales que los bomberos no llegaron, argumentando que el 20 de julio era un feriado, a cuenta de vacaciones.
“Los bomberos no vinieron, ni siquiera a investigar (las causas del incendio). La Policía tampoco vino, dicen que se devolvieron de la esquina (de la cuadra de la casa)”, señaló la afectada.
Pineda, un hombre violento
El asesino y la víctima no tenían ninguna rencilla personal, y su relación era nula. Para defensores de derechos humanos, el crimen es consecuencia de la campaña de odio y el fanatismo político en las filas del FSLN.
El asesino confeso ha sido descrito por testigos y pobladores de La Trinidad como un militante con “mucho poder” en Estelí, ya que presuntamente tiene una relación familiar con el alcalde sandinista de esa cabecera departamental, Francisco Valenzuela Blandón.
Pineda ocupaba el cargo de Responsable de Adquisiciones en la Alcaldía de Estelí, según consta en algunos documentos de la Universidad Nacional Autónoma, Farem Estelí, donde se le hacen consultas en relación a las ejecuciones presupuestarias de proyectos de adoquinados en ese departamento.
“Desde que tomó ese cargo en la Alcaldía, (Abner Pineda) ya es un hombre rico, tenía varios vehículos, casa y opulencia económica”, según Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien se basa en testimonios de pobladores.
“En el municipio de La Trinidad, la gente dice que era agresivo, hasta lo identifican como paramilitar. Para los opositores, era una persona que generaba agresividad y violencia”, indicó la defensora de Derechos Humanos.
Se entregó a la Policía
Según la versión oficial, fueron investigadores policiales quienes “capturaron” a Pineda, pero familiares de la víctima, testigos y fanáticos sandinistas, que presenciaron el asesinato, indicaron que el homicida se entregó voluntariamente a la Policía.
“Él (Pineda) se fue a sentar a una acera, sacó un celular y llamó a la Policía, les dijo que lo vinieran a traer. Entonces vino la Policía en una patrulla, y ellos se lo llevaron”, afirmó Vallecillo.
La Policía determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico. Al asesino le confiscaron “un arma de fuego tipo pistola con un cargador y ocho unidades de munición calibre 45 milímetros”, según la nota de prensa policial.
“Dice (Pineda) que está arrepentidísimo, que hizo el disparo para que él (Rugama) se asustara; pero que no lo iba a matar, que el tiro se le fue”, comentó la mamá de Jorge Luis.
Reto para la justicia
Los familiares y las organizaciones de Derechos Humanos demandan justicia, y advierten que existen antecedentes de una actuación cómplice de las autoridades, con los abusos de los orteguistas.
Los activistas temen que este caso termine como el homicidio de la estudiante de medicina brasileña, Rayneia Lima, quien fue asesinada en julio de 2018 por el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís. El militante fue liberado en julio de 2019, a través de una Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.
La socióloga Cuadra sostiene que la Policía Nacional y todo el aparato de administración de justicia forman parte “de todo ese sistema de impunidad”, ya que muchas de las diligencias de investigación “son muy superficiales, cuando las hay”.
Añadió que “en la mayoría de los casos ni siquiera hay elementos iniciales de investigación; en ese sentido hay una cierta protección y complicidad hacia los que cometen este tipo de actos de violencia”.
La activista de derechos humanos indicó que el Ministerio Público tendrá que representar a la víctima, en este caso a la mamá de Jorge Luis; sin embargo, hasta el viernes 24 de julio, ningún funcionario de la Fiscalía se había presentado ante la familiar del asesinado, para que brinde el testimonio de manera oficial.
“Penalmente esto se encasilla dentro del tipo penal de asesinato con agravantes. Este señor debería ser condenado a entre 15 y 25 años de prisión”, explicó Cuevas, en una entrevista con el programa Esta Noche.
Para la mamá de Jorge Luis, al asesino de su hijo “no le harán nada”. “A mí me pueden llamar, me van a decir que lo van a condenar, pero eso es mentira, eso es un juego sucio”.
“Si hay justicia, que se vea, porque hay hechos y testigos, en la mano de ellos está. Si hay justicia que haya, sino que le den (a Pineda) un carné para que él siga matando más gente”, sentenció la madre.
